Sin querer entrar en polémica con un Fiscal que anunció abiertamente que investigaría a las personas y comercios que resultaran sospechosos al haber auxiliado a una víctima, lo cual por lo menos nos confirma a los ciudadanos veracruzanos que estamos ante un Fiscal que está criminalizando iniciativas de la sociedad, que amenaza a la sociedad y que no está a favor de las víctimas (hechos demostrado muchas veces por las propias víctimas), quiero aprovechar este debate sobre la iniciativa ciudadana #NoEstásSola para reflexionar sobre la relación entre víctimas y policías de proximidad en el marco de la estrategia nacional de paz y seguridad.

Desde luego se necesitan protocolos para atender emergencias y situaciones donde mujeres y niñas se encuentran en riesgo (incluyendo lineamientos para las personas o comercios que se prestan al auxilio) y resulta absurdo que no existan después de dos años de Alertas de Violencia de Género. Y esa tarea, la de crear e implementar política pública y protocolos, es precisamente de las autoridades del gobierno, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de las secretarías de seguridad pública, trabajo, salud, turismo y economía, por lo menos, así como de las autoridades municipales y los institutos municipales.

Sin embargo, estamos ante un tema que vuelve a darnos la oportunidad para pensar en que es necesario ir hacia la creación de un modelo de policía de proximidad y de justicia cívica a nivel municipal, con el fin de disminuir la criminalidad, la percepción de inseguridad y la cifra negra, así como incrementar la confianza en las policías tanto estatales como municipales y la percepción positiva de su desempeño.

Este modelo ya ha sido probado en otros países y en México lo desarrolló exitosamente el ayuntamiento de Morelia bajo la guía de Bernardo León Oléa cuando él mismo se puso al frente como comisionado de la policía municipal.

Así como lo señala la estrategia nacional para la construcción de la paz y la seguridad, las policías estatales y municipales deben de estar orientadas principalmente a la protección de la sociedad y las personas, pero yo añadiría que para ello se necesita una concepción amplia de lo que es la atención a víctimas y la proximidad de la policía con su comunidad.

Es indispensable que la seguridad pública estatal, pero principalmente los municipios modifiquen su política criminal con base en diagnósticos de problemas de seguridad locales e implanten un modelo policial de proximidad orientándose a la solución de problemas específicos de seguridad y protección ciudadana. El modelo debe ser uno que ofrezca a la comunidad servicios de ayuda y protección a través de centros comunitarios o municipales de atención de víctimas.

La policía de proximidad debe estar orientada a la solución de problemas y la atención de las víctimas, y ser un facilitador de la vida social que mejore la cobertura y la calidad del servicio policial en la ciudad o comunidad. Esto implica trabajo con la comunidad y la atención a víctimas, vigilancia y patrullaje focalizado, mediación in situ y un sistema de estaciones de policía transformados en centros de atención.

Para ello es imprescindible que estas policías estatales o municipales puedan recibir denuncias y que acerquen los servicios psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social a través de centros de atención fijos y móviles.

Ante el debate actual sobre la participación ciudadana o social en el auxilio y ayuda a posibles víctimas lo que se tendríamos que estar preguntándonos es cómo aumentamos sustancialmente la relación positiva entre la policía y la comunidad, cómo incrementamos la cantidad y calidad de información que tiene la policía sobre los problemas de seguridad locales y comunitarios, y cómo hacer posible implementar intervenciones policiales más efectivas en los focos de criminalidad.

La misma Ley General de Víctimas permite la participación de los particulares y de la iniciativa privada en la ayuda y auxilio de las víctimas. El Fiscal Winckler, al amenazar a quienes auxilian a las víctimas, está haciendo una doble criminalización y una doble victimización porque se lo ha olvidado que en el artículo 4 de la Ley de Víctimas se señala también que “son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito”.

Winckler, en sus irresponsables palabras, está violando, por lo menos, varios principios establecidos en las leyes general y estatal de víctimas: buena fe, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, igualdad y no discriminación, máxima protección, no criminalización y victimización secundaria.

También las palabras del Fiscal incurren en una práctica común de los abogados penalistas y de los ministerios públicos que es la de penalizar todo. Con ello los ciudadanos vivimos en una amenaza permanente o en una persecución permanente por parte de los fiscales.

Por ello, este debate también abre la puerta a la reflexión sobre la Justicia Cívica con la que se busca la solución institucional del conflicto a través de intervenciones oportunas dirigidas a que los problemas sociales no terminen en delitos. Por lo menos una parte de los problemas de conflictividad y seguridad en una ciudad pueden tramitarse por medio de la Justicia Cívica.

La Justicia Cívica permite sancionar a los infractores por medio de multa y arresto, pero fundamentalmente con “Trabajo en Favor de la Comunidad”, en cambio el Fiscal lo quiere criminalizar todo, quiere penalizar todo, quiere investigar a todos.

Es una visión muy equivocada. Para prevenir y ayudar en muchos problemas como el de la violencia de género, se necesitan estrategias y políticas de mucho trabajo con la comunidad y de mucha participación de toda la sociedad. Desde luego que se necesitan protocolos y que la autoridad debe actuar, pero no puede ser una autoridad persecutoria o criminalizaste, sino una autoridad que trabaje junto con la comunidad. Se necesitan policías de proximidad, en contacto con la comunidad, y centros de atención a víctimas en cada colonia o sector.

Aquí juega un papel muy importante la Comisión Estatal de Víctimas; ésta instancia debería contestarle al Fiscal, debería responderle que se equivoca, debería ayudar, representar y asesorar a las víctimas, y jugar el papel protagónico que le toca en la propuesta de protocolos y de política pública hacia la protección de víctimas.

Necesitamos centros municipales, regionales y comunitarios de víctimas, donde las policías, los asesores jurídicos y los acompañantes psicosociales estén del lado de todas las víctimas, y, por otro lado, los fiscales deberían solamente hacer su papel de llevar ante los jueces los casos que más afectan a la sociedad y ser efectivos en su trabajo. La impunidad no se debe a la criminalidad ni a las policías o la seguridad pública, la impunidad se debe sola y únicamente al trabajo deficiente de los fiscales.

Las policías y los fiscales deben de representar y dar confianza a la sociedad, no amenazarla ni criminalizarla.

*Gran parte de las ideas manejadas en este artículo sobre la policía de proximidad y la justicia cívica son prestadas del Mtro. Bernardo León Oléa, experto en temas de acceso a la justicia y seguridad pública, y creador del Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica a Nivel Municipal.