Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma asentada en Poza Rica fue intermediaria para transferir sobornos de la empresa Odebrecht por 6 millones de dólares, revelan nuevos documentos que fueron extraídos de una plataforma secreta “Drousys” de la constructora brasileña.

Según los nuevos documentos revisados por Mexicanos contra la corrupción y el Consorcio Internacional de Periodistas, hay indicios de que 13 millones de dólares de pagos encubiertos del Departamento de sobornos de Odebrecht transitaron por al menos tres intermediarias de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ligadas entre sí: PLC Servicios, TTG Asociados y Blunderbuss Company de México.
Un modus operandi frecuente del Departamento de Sobornos era simular contratos con empresas para ocultar pagos ilícitos a políticos o financiamiento electoral.

La información de la plataforma no detalla el destinatario final del dinero, pero aporta indicios para ser investigados por las autoridades mexicanas.

Los documentos revelan la transferencia encubierta de 13 millones de dólares del llamado Departamento de Sobornos a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper en México y en otros países, como Ecuador y Guatemala.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht ha confesado que la División de Operaciones Estructuradas «funcionó efectivamente como un departamento de sobornos». Y esa área fue la que desarrolló y manejó la plataforma Drousys, a la que se tuvo acceso por primera vez.

En la plataforma Drousys hay, registros de transferencias por más de 6 millones de dólares realizadas entre 2009 y 2011 a la empresa fantasma Blunderbuss Company de México, afincada en Poza Rica, Veracruz, a través del departamento de sobornos de Odebrecht.

El vinculado con Duarte y la hidroeléctrica

TTG Asociados es una firma de abogados fiscalistas asentada en Tampico la que, según su sitio en internet, fue creada a principios de 1975. Su fundador es el contador José Luis Terán Álvarez, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST), perteneciente a la red de universidades Anáhuac.

Tiene un despacho filial, de nombre García Terán & Torres Asociados, el cual realizaba trabajos de auditoría y administración para Odebrecht, en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, que en 2013 impulsó con el gobierno del entonces gobernador de, Javier Duarte.

Odebrecht y Duarte habían creado esa sociedad el 19 de abril de 2013 para construir una central hidroeléctrica que sería alimentada por el agua una presa. El proyecto incluía un acueducto que abastecería de agua a la capital veracruzana. El exgobernador (actualmente preso por corrupción) se había comprometido a aportar a esa empresa 355 millones de pesos de fondos públicos.

La obra está suspendida por protestas de pobladores que se niegan a que se explote la cuenca del río La Antigua, sin embargo a la fecha han dicho el contrato no están cancelado en su totalidad.

Profesionistas que colaboran en los despachos de Terán Álvarez han fungido como operadores de una red de 12 empresas fantasma de Veracruz; una de ellas es Blunderbuss Company de México, que fue utilizada por el departamento de sobornos de Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México, según reveló MCCI en anteriores reportajes.

Blunderbuss fue constituida el 3 de junio de 2008, y tiene como dueños a dos presuntos prestanombres: Plinio Roldán Lecona Argüelles, ex empleado de una gasolinera, quien reside en una humilde vivienda de la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica; y Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros con domicilio en Papantla.

El supuesto dueño de Blunderbuss tiene participación, además, en Geodesia y Asociados; Accelerator Company y Outsized Company, empresas que también han sido reportadas por el SAT como simuladoras de operaciones. Sus hermanas y vecinos de la misma colonia popular de Poza Rica son ‘accionistas’ en otras ocho empresas “fantasma”.

Al revisar las actas de esas empresas, brotan los nombres de personajes ligados a los despachos de Terán Álvarez como operadores.

 

Por ejemplo, el representante legal de 3 de esas empresas es el contador Enrique del Carmen Pacheco Orta, el mismo que aparece como dueño de PLC Servicios, una de las intermediarias del departamento de sobornos de Odebrecht que se revelan en esta investigación.

Reconoce trabajar para Odebrecht, pero niega sobornos

El contador José Luis Terán negó que el despacho TTG Asociados, propiedad de su familia, haya incurrido en actos de corrupción para Odebrecht, empresa para la que han trabajado desde hace 20 años.

Dijo que cualquier pago que aparezca en la plataforma de Odebrecht corresponde a servicios prestados por la empresa familiar.

“No hay forma de que nosotros permitamos una triangulación o que hagan algo indebido”.

Reconoció que TTG ha trabajado con Odebrecht desde hace más de 20 años, cuando la constructora brasileña estuvo asociada con la extinta empresa estadounidense Enron en obras para Pemex.

Asimismo, negó que TTG o su despacho García Terán & Torres Asociados hayan dado servicios al gobierno de Javier Duarte, y se deslindó de las empresas fantasma creadas por contadores que han trabajado para él.

La investigación

Los 13 millones de dólares transferidos por el Departamento de Sobornos por medio de estas intermediarias son distintos a los 10 millones de dólares que ex ejecutivos de Odebrecht han confesado que pagaron entre 2012 y 2014 a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien permanece prófugo y ha negado esas acusaciones.

El hallazgo de una trama de corrupción más amplia en México y que salpica a políticos hasta ahora no mencionados es parte de la investigación transfronteriza “División de Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que participa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En el centro de esta trama está un despacho de Tamaulipas que sirvió a Odebrecht, y que a la vez sus contadores auxiliaron a operar dos empresas fantasmas utilizadas por el departamento de sobornos de la constructora brasileña.

Durante tres meses, más de 50 periodistas en 10 países, integrantes de 19 medios y organizaciones aliadas (entre ellas MCCI) revisaron más de 13 mil documentos extraídos de la plataforma secreta de comunicaciones de Odebrecht, conocida como Drousys, en torno a transacciones del departamento de sobornos vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina.

AVC/Noticias