En muy pocos países del mundo pasa tanto tiempo entre el día de las elecciones y la toma de posesión del Ejecutivo como en México. En nuestro país tienen que pasar 152 días para que el Presidente asuma el poder. Este periodo de tiempo es larguísimo, y por muchas razones se vuelve problemático. Nuestro sistema político, a pesar de tantas y tan buenas reformas que se han aprobado en los últimos 30 años, no ha sido capaz de arreglar este absurdo.

De los países europeos solamente Bélgica supera este término donde puede pasar más de un año sin que se conforme un nuevo gobierno después de las elecciones. Sin embargo, en la mayoría de las democracias europeas se tratan de periodos breves: España 32 días, Italia 24, Alemania 21, Dinamarca 18, Francia 9, Reino Unido 5 y Grecia tan sólo 1 día. Desde luego se trata de gobiernos parlamentarios con sistemas político-electorales con otro ritmo y dinámica en la conformación de gobiernos.

Pero si analizamos sistemas presidenciales como los que se tienen en la gran mayoría de los países del continente americano resulta que también son periodos mucho menores que en México: Guatemala 124 días, Paraguay 117, Uruguay 91, Estados Unidos 77, Brasil 61, Colombia 47, Bolivia 35 días.

En México este período de espera, como una especie de “interregno”, también se repite en la mayoría de los gobiernos estatales. En el caso de la Presidencia la incertidumbre del interregno afecta desde luego a las instituciones nacionales dado que se trata de la jefatura de gobierno y de la jefatura del Estado mexicano en una sola persona.

Por lo menos resulta absurdo esperar tanto tiempo principalmente porque los equipos de los nuevos gobiernos no pueden iniciar, decidir o implementar nada hasta que ya toman los cargos de la administración pública. Resulta absurdo también por ser un periodo donde los ciudadanos percibimos que los equipos salientes pueden hacer muchas cosas para protegerse o para “limpiar la casa”.

Desde mi punto de vista el argumento más fuerte para que este lapso de tiempo se revise es simplemente porque los ciudadanos ya dieron su veredicto, ya evaluaron a los gobiernos anteriores y ya eligieron a los nuevos. No se trata de criterios económico o procedimentales, ni siquiera tiene que ver con que haya transiciones tersas o tranquilas, se trata de hacer válido simplemente el derecho de los ciudadanos a contar con el gobierno que quieren en el momento que lo eligen y el derecho de quien ganó y fue votado por mayoría a empezar a hacer lo que le propuso a la sociedad.

En Veracruz pasa exactamente igual, o peor si tomamos en cuenta que de parte del gobierno saliente no hay ninguna voluntad de dialogar, explicar, transparentar, ofrecer al nuevo gobierno legítimo un mínimo de cooperación y de coordinación para el traspaso de poderes.

Precisamente si pensamos que otro de los problemas que conlleva este diseño constitucional es el de la propuesta y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos en el año en que hay el cambio de gobierno. A nivel federal no hay aquí tanto problema porque el Congreso de la Unión se instala desde el 1° de septiembre y puede modificar el proyecto de presupuesto federal incluso hasta el 31 de diciembre del año en que tome posesión el Presidente.

Sin embargo en Veracruz tenemos que el gobierno saliente presenta el proyecto de presupuesto y el Congreso del Estado, cuya nueva legislatura se instala el 5 de noviembre, tendría que aprobarlo también para el 31 de diciembre. Es decir, y tomando en cuenta que no hay coordinación entre ambos equipos, el entrante y el saliente, el Gobierno de Cuitláhuac García que asume el 1° de diciembre conocerá el proyecto de presupuesto para Veracruz por ahí del 10 de noviembre, por lo que tanto el nuevo Congreso con mayoría de Morena como el equipo financiero del gabinete entrante, tendrán solamente más o menos un mes y medio para conocer, trabajar y en su caso hacer observaciones al presupuesto.

Por donde se le vea, estos periodos tan largos de esperar a que asuman las riendas del poder y de la administración pública los gobernantes y también diputados electos, y luego periodos tan cortos para analizar y aprobar el principal instrumento de política pública y de planeación de gobierno, resultan ilógicos.

Me parece que cuando los ciudadanos han elegido se debería tener los más pronto posible la instalación de los nuevos gobernantes para que echen a andar las ideas, propuestas y proyectos de gobierno que los hicieron ganar y ser elegidos. Y por lo tanto, también me parece necesario que sea ese nuevo gobierno el que proponga la nueva política hacendaria y la redistribución del gasto público.

Es algo muy sencillo y de lógica elemental. La política de ingresos y egresos plantean el proyecto de futuro que se presentó a la sociedad. Esa visión de futuro se debe traducir en proyectos y programas de gobierno a los que hay que ponerles recursos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. Así, ese proyecto debe ser diseñado, presentado y aprobado por los que llegan, tanto por el ejecutivo como por el legislativo en sus respectivas competencias.

Si se adelantaran las fechas de toma de posesión de los ejecutivos y de los diputados federales y locales, entonces habría tiempos suficientes para poner y blanco y negro las ideas, propuestas y visiones de los nuevos gobernantes