Cualquier gobierno debe tener una agenda legislativa. Así como el gobierno tiene un plan y programas de gobierno que traduce y plasma sus propuestas de política pública que desarrollarán las dependencias de la administración pública, igualmente tendría que tener una propuesta de cambios legales que acompañen su propuesta de gobierno.

Lo anterior es muy evidente en los sistemas parlamentarios, pero a veces no es tan claro en los sistemas presidenciales como el nuestro. En estos últimos sistemas en ocasiones el Ejecutivo se mueve solo como si no existiera el Legislativo, salvo en los casos o momentos que requiere la Constitución como la publicación de las leyes o decretos de ley.

En Veracruz ya contamos con un Plan estatal de desarrollo, pero no queda claro todavía cuál es la agenda legislativa. Aquí puede haber varias opciones, sea que derivado de ese plan surja la agenda legislativa por parte del Ejecutivo o bien que la agenda legislativa vaya surgiendo conforme se vayan presentando las circunstancias o las necesidades de cambios legales.

De cualquier forma, la comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo es necesaria. ¿Quiénes son los actores en esta coordinación?

En primer lugar la Oficina del Gobernador es la principal encargada de cuidar las prioridades legislativas del Ejecutivo. Esta oficina tiene que coordinarse con la Secretaría de Gobierno para asegurarse que estas prioridades estén en la agenda legislativa del gobierno, y para comunicarse con el Congreso y con la bancada del partido del Ejecutivo.

En segundo lugar, desde luego la Secretaría de Gobierno quien es la responsable de la relación y coordinación con los otros poderes, en este caso con el Legislativo. Dentro de la Secretaría de Gobierno debe haber un área específica que lleve esta coordinación que incluye desde luego una comunicación permanente con la bancada del gobierno, así como con la Mesa Directiva del Congreso y con la Junta de Coordinación Política donde están los líderes de los grupos parlamentarios.

La Constitución política es muy específica en cuanto a lo que el proceso legislativo se trata, pero en los hechos es la operación política entre el Ejecutivo y el Legislativo la que cuenta a la hora de ponerse de acuerdo o de desarmar desacuerdos o de obtener mayorías o de bloquear alianzas e iniciativas que no convengan a unos y otros.

Esto último es un trabajo de los coordinadores de bancadas, de los operadores políticos de uno y otro lado en ambos poderes. Las bancadas, los partidos, los diputados, también tienen sus prioridades, sus agendas, sus intereses. El proceso parlamentario incluye ir acordando esas agendas que desde luego van de la mano de negociaciones políticas.

Es en el Congreso, en la arena legislativa, en la aprobación de leyes y del presupuesto, donde realmente se hace política, se establecen acuerdos, se negocia con cartas políticas. El Ejecutivo no sólo debe tener una agenda política, debe tener una estrategia legislativa, debe saber quién quiere qué y dejar saber lo que él quiere en el momento preciso, incluso con su propio partido.

La política parlamentaria también es un coqueteo, un baile, un cortejo, una seducción. Nunca puede ser una pelea o un conflicto, un desgarre de vestiduras ni un laberinto sin salidas.

Es cierto que las mayorías pueden ser la solución fácil, las mayorías evaden la política, se brincan el cortejo y la seducción. Y aun así el gobierno debe explicar sus iniciativas, debe argumentar, debe convencer.

Pero antes que todo eso, el gobierno debe tener que saber qué quiere cambiar, qué quiere hacer nuevo, qué instituciones crear, que nuevas normas establecer, qué nuevos marcos jurídicos y normativos para hacer realidad una visión, una idea, una política pública, una visión de futuro para la sociedad y para el estado.

Otro factor a considerar son los tiempos. No todo el año se aprueban leyes y reformas legales, o le presupuesto de egresos. Esto sólo se da durante los dos periodos ordinarios o los extraordinarios. Esto es importante porque los tiempos en política son una pieza clave, quizá el Ejecutivo necesite la aprobación de una ley para un determinado tiempo, quizá su implementación debe hacerse en tiempos específicos, y en todo esto otra vez se involucra la política, las correlaciones de fuerzas e intereses, incluso los intereses personales de los propios diputados en su proyectos y carreras políticas.

No es lo mismo presentar iniciativas y aprobar proyectos de decretos en el primer año de gobierno que en el tercer año, incluso a manera de mensaje hacia la sociedad, ésta puede darse una idea del estilo, la visión, la voluntad del gobernante en el manejo de sus iniciativas. La política pública y la agenda legislativa son un reflejo de la visión de futuro, de la visión de sociedad, del programa y los cambios por hacer.

Aparte de estas consideraciones, la actualización legislativa también se da por muy diversas razones, sea porque ciertas normas han quedado obsoletas, sea porque hay que armonizarlas con convenciones internacionales o legislación nacional, sea porque hay aspectos en la legislación que se deben corregir, superar, actualizar o mejorar. Y aún en esos casos el gobierno y sus dependencias son las instancias que deben promover estas reformas, o incluso nueva legislación, simplemente porque son los operadores de la ley en la mayoría de los casos, son los expertos y los que tienen la experiencia de su aplicación, o necesidades específicas para su implementación.

Precisamente por esto también debe haber una interlocución permanente entre el gobierno y el Congreso, las dependencias pueden y deben explicar y asesorar sobre las razones, los motivos, los antecedentes, las justificaciones, las consecuencias, etc., de una reforma legislativa o nueva legislación.

Independientemente de este proceso legislativo, que desde luego es permanente e incesante, este diálogo y coordinación son el producto más visible de la división de poderes, del diseño de pesos y contrapesos que creó nuestra ingeniería institucional que representa la Constitución, y también conforman el sistema de rendición de cuentas que significa esta relación y esta interlocución.

La democracia no es sólo el proceso electoral y el momento de las elecciones, es un sistema permanente de conversaciones donde se dirimen visiones, proyectos, intereses, y para todo ello se necesita un diálogo permanente entre estos dos poderes, donde, desde mi punto de vista, el Ejecutivo tiene otro de sus compromisos, además del de conducir el gobierno y las políticas públicas, el de plasmar su visión y programa en legislación.