Orizaba, Ver.- El presidente municipal de Ciudad Mendoza, Melitón Reyes Larios, el tesorero Erick Armando González Mina, y el contralor, Emmanuel de Jesús Cruz Rivera, fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos de peculado y abuso de autoridad, así lo dieron a conocer integrantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza.

Incluso revelaron que de no haber una respuesta a estas irregularidades, se pedirá un juicio político en contra del alcalde ante el Congreso del Estado.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores, José Flores Hernández, dio a conocer que los funcionarios no cumplieron con la entrega de las cuotas sindicales y no han pagado las cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que es superior al millón de pesos.

Por lo que ya fueron denunciados el pasado 31 de octubre, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quedando asentada la querella bajo la Bajo la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/840/2019.

Los agraviados; José Flores Hernández, secretario general; Vianet Trujillo López, secretario del Interior; Beatriz Hernández Santiago, secretario de actas y acuerdos; José Darío López Hernández, secretario de organización y propaganda; Rosa Andrea Rosas Sosa, acompañados por la apoderada legal del Sindicato, Dulce María Romero Aquino, dijeron que a pesar de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje notificó al Ayuntamiento de la Toma de Nota, de manera arbitraria el alcalde no sólo no reconoció a los representantes del sindicato, sino que los despidió.

Así mismo acusaron que los 37 trabajadores sindicalizados, son acosados laboralmente y amenazados, además de que no se les ha cumplido con varias de sus prestaciones que por ley les corresponde.

Cabe señalar que dicha denuncia se encuentra fundamentada por la retención de cuotas sindicales que asciende a los 150 mil pesos, que no han sido entregados al sindicato, así como la retención de un millón y medio de pesos que debe al Instituto de Pensiones del Estado afectando directamente a los trabajadores y aún más a los que están a punto de jubilarse.

AVC