A escasos diez días de concluir la actual administración, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no quiere dejar ningún pendiente… al menos en lo que se refiere al cobro de revanchas personales.

Luego de una serie de denuncias del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción sobre irregularidades en la cuenta pública 2017, del cabildeo de diputados panistas para “limpiar” las cuentas de varios Ayuntamientos –lo que explica la necesidad que tenían de mantener la Comisión de Vigilancia en el Congreso-, de malos manejos en diversas dependencias estatales como Sedesol y SIOP, y más recientemente, sobre la extorsión que realizaban funcionarios de la Contraloría para no iniciar o detener procesos administrativos en contra de otros servidores públicos, el gobernador inició una nueva andanada en contra de su titular, Sergio Vásquez Jiménez, utilizando los medios a su alcance.

Sin citar la fuente, medios afines al mandatario estatal publicaron este martes que el despacho de Contadores y Abogados Corporativos S.A. de C.V., propiedad de Vásquez Jiménez, habría participado en la revisión y fiscalización de al menos 3 dependencias clave en la administración del ex gobernador Javier Duarte. Es decir, la acusación tiene el mismo argumento utilizado por el actual gobierno: tenía vínculos con el villano favorito.

La publicación señala que de acuerdo a documentos oficiales del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el despacho contable referido participó en la revisión de la Cuenta Pública 2015, con una auditoría financiera a la obra pública de la SIOP bajo un contrato por 280 mil pesos.

Señalándolo de “auditor de Duarte”, el periódico acusa a Vásquez Jiménez de maquillar cifras en tres dependencias claves del duartismo y de que su nombramiento ha sido severamente cuestionado por investigadores de la UV, lo que es un dato irrelevante respecto de los señalamientos que se hacen.

El golpe mediático tiene la marca de la casa: la descalificación como distractor a las denuncias hechas sobre el manejo de los recursos públicos del actual gobierno. Es difícil imaginar que  un despacho, por un contrato de 280 mil pesos, haya aceptado “maquillar” miles de millones pesos de “tres dependencias clave” del gobierno duartista.

En cambio, encuadra en la lógica de una revancha en contra de un organismo que ha sido incómodo al mandatario estatal y que se ungió –a diferencia del Fiscal Anticorrupción- mediante un proceso que no mereció señalamiento. Tal vez por ello, el gobernador decidió enfrentar al Comité desde los medios y no personalmente como acostumbra.

La nueva reyerta política del Gobernador Miguel Ángel Yunes en contra de los integrantes del Comité, y en particular de su Presidente, tiene al menos dos motivos: el intento por anular la cuenta pública 2017 y la denuncia presentada en contra de algunos ex diputados que habrían “limpiado” el daño patrimonial que el ORFIS observó en dependencias estatales.

El 7 de noviembre pasado, mediante el decreto 784 fueron aprobados los informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables correspondientes al ejercicio fiscal 2017, en el que se detectó un daño patrimonial por más de mil 400 millones de pesos

Además, dentro de la solventación del dictamen de la Cuenta Pública, la comisión de Vigilancia del Congreso local disolvió el manejo de recursos públicos de más de 40 ayuntamientos –ya sabemos a cambio de qué-, otro de los asuntos denunciados por Sergio Vásquez.

Ese mismo día, el ORFIS se deslindó de la “limpieza” al monto observado como posible daño patrimonial de la cuenta pública 2017 y dijo desconocer el sustento documental y jurídico por el cual se dieron por solventadas las observaciones de probable daño patrimonial.

Por esta razón, el Comité presentó una denuncia ante la Contraloría interna de la Cámara local, acusando que los integrantes de la Comisión de Vigilancia se excedieron en sus atribuciones, al solventar algunas observaciones y reducir el monto del presunto daño patrimonial. El procedimiento de análisis y dictaminación de la Comisión de Vigilancia no fue claro, ya que en dos semanas cambió todo el trabajo que el ORFIS hizo durante meses, con la información aportada por las dependencias que fueron observadas.

La denuncia está viva, aunque los integrantes de la nueva Legislatura no se han pronunciado sobre ella. A los responsables les espera la hoguera de un Congreso local morenista, que al igual que el Gobernador, ya demostró su interés por tomar revancha.

Las del estribo…

  1. Aprovechando la ceremonia del desfile cívico del 20 de noviembre, el Gobernador y su gabinete se reunieron para tomarse la última fotografía oficial de este gobierno. Una foto muy distinta a la de hace dos años: los de mejor suerte, ya están en las Cámaras; otros saben que no ocuparán cargo público en mucho tiempo; también hay quienes respiran aliviados que esto se termina. Si fuera canción, la fotografía se titularía: “tristes recuerdos”.
  2. La noche del lunes en Tercer Grado de Televisa, Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá perdón a los funcionarios corruptos. Que no se va a empantanar en perseguirlos cuando hay cosas más urgentes para el país; que no le alcanzaría las cárceles para meter a tantos; que eso provocaría una confrontación muy fuerte. El presidente electo empieza a dejar sin argumentos a sus seguidores que clamaban por la justicia.