La rebelión había iniciado desde la noche del miércoles. Un grupo de al menos ocho diputados de Morena habrían expresado su desacuerdo con la iniciativa del Gobernador del Estado de reestructurar la deuda pública y decidieron no acudir a la sesión informativa que tendrían con los funcionarios de la Secretaría de Finanzas. La disidencia se había mantenido en secreto.

De hecho, al término del encuentro –al que también asistieron diputados de otros partidos políticos- todo parecía indicar que no habría problema en darle un voto de confianza a la propuesta del Gobernador de Veracruz para refinanciar o reestructurar la deuda –firmar nuevos contratos o modificar los ya existentes-, cuyo monto es superior a los 41 mil millones de pesos.

Pero, una vez más, algo se fracturó al interior de Morena. Lo que sería un mero trámite, con la posibilidad incluso de llevarlo a la sesión de ayer, se podría convertir en otra batalla política perdida para el gobernador y otra batalla ganada para sus adversarios que están dentro de su gobierno y su partido.

La cosa se puso crítica y frente a la intención de que el dictamen sea votado el próximo miércoles 31 de julio, durante la última sesión ordinaria de este periodo, ya se habla también de un periodo extraordinario para aprobarlo.

En la víspera, la reunión con los emisarios de Sefiplan fue breve, cordial y sin contratiempos. No hubo señalamientos siquiera al anterior gobierno por la reestructura realizada, acaso se informó de la desaparición del fideicomiso que sirvió para contratarla. Tampoco se cuestionó la propuesta actual, acaso dudas técnicas que fueron atendidas por los funcionarios de la Sefiplan.

Por separado, los Grupos Parlamentarios habrían dicho que estarían dispuestos a votar a favor si se cumplían con al menos tres condiciones: no aumentar el monto y el plazo de la deuda, que se realice un proceso abierto de competencia donde se garanticen mejores tasas de interés; y que el ahorro se destine a inversión y obra pública, no a gasto corriente.

Era tal el optimismo que, entre bromas, se pedía que el dictamen fuera votado ayer mismo, utilizando las herramientas que permite el reglamento del Congreso. Todo iba bien hasta que la oposición surgió… ¡desde el propio Grupo Parlamentario de Morena!

Mientras se preparaban para el inicio de la sesión, el diputado morenista José Magdaleno Rosales –quien ya antes se había quejado de la falta de comunicación y maltrato por parte de algunos miembros del gabinete– soltó la bomba: al menos ocho diputados que están en contra de votar la reestructuración de la deuda pública pues el partido ofreció en campaña no promover más créditos, aprobarlo sería un fraude para los veracruzanos que votaron por la izquierda.

De esta forma, Morena estaría imposibilitado de aprobar el dictamen ya que se necesitan al menos 34 votos –mayoría calificada– para hacerlo. Ni aún con los votos a favor de la otra disidencia interna, la panista, alcanzarían tal cantidad de sufragios. Sería Morena el impedimento para que el gobierno de Morena logre realizar el refinanciamiento o reestructura, algo que tampoco han definido.

La respuesta vino de inmediato por parte del propio Presidente de la Mesa Directiva, el también morenista José Manuel Pozos Castro, quien aceptó que hay inquietud entre los legisladores de su partido, y que si sus compañeros consideran necesario un mayor diálogo y análisis de la iniciativa “para enriquecerla”, se citaría a un periodo extraordinario de sesiones, toda vez que el próximo miércoles concluye el periodo ordinario.

“En lo personal, creo que las condiciones están para que se pudiera aprobar el próximo miércoles. Pero si no fuera posible, por alguna petición de los diputados que requieran más tiempo para analizar la iniciativa, no habrá ninguna imposición ni se aprovechará que somos mayoría. Eso ya no funciona”, dijo también Pozos Castro en entrevista.

En efecto, no podría haber imposición ni mayoriteo por la sencilla razón de que no tienen los votos necesarios dentro de su propia bancada. De convencer a los irredentos, el dictamen pasará el miércoles, sin importar la opinión del resto de las fracciones parlamentarias; pero si no hay acuerdo consigo mismo, Morena mandaría la reestructuración a un periodo extraordinario.

En varias ocasiones hemos comentado que antes de que la gente les dé la espalda en las urnas, serán los propios correligionarios de Morena los que dinamiten al gobierno y a su partido. Sobran los ejemplos del canibalismo que vive el gobierno estatal y la dispersión del poder político ante la falta de liderazgo por parte del Gobernador.

Las del estribo…

  1. La política de la aldea se ha vuelto kafkiana. En el caso de la reestructura de la deuda, una fracción de Morena votarían en contra y una fracción del PAN votaría a favor. Aquí se trata de proteger intereses, no la salud financiera del estado. Los disidentes de ambas fracciones desean lo mismo: sacudirse a sus líderes actuales y apoderarse del control del partido en el estado.
  2. Vaya entuerto el asunto de los Spinoso y la empresa Mota-Engil. Con dos personajes presos acusados de privación ilegal de la libertad y uno más prófugo, el gobierno dio su apoyo a la constructora responsable de la autopista Cardel-Poza Rica y envió a elementos policiacos a resguardar el ingreso nuevamente al predio, contraviniendo una restricción judicial. La justicia siempre ha estado al servicio del poder y del dinero, sólo que ahora han chocado ambos.