Para nadie es un secreto que la producción y distribución de gasolina es un tema de seguridad nacional. Desde siempre se supo que Petróleos Mexicanos había sido una fuente inagotable de corrupción y desvío de recursos a campañas electorales, sin embargo, lo que hoy sabemos es que una de las principales fuentes de ingreso del país padecía de un cáncer terminal: funcionarios, directivos, sindicato, concesionarios de gasolineras y hasta las principales empresas de México están involucradas en el robo del combustible.

El tema de huachicol podría ser la estafa más grande en la historia del país. Sus consecuencias tienen que ver lo mismo con la seguridad nacional y la del Presidente López Obrador –quien seguramente dejará atrás su improvisada seguridad personal para hacerlo de manera eficaz como Jefe de Estado-, que con la vida cotidiana de millones de mexicanos que padecen del desabasto. La gasolina es la sangre que mueve económicamente al país.

El asunto es mucho más grave de lo que parece. No se reduce al desabasto como lo han querido señalar actores políticos y algunos medios de comunicación –asunto por sí mismo delicado y motivo de conflicto social en varios estados-, sino saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Presidente para acabar con un tráfico en el que estaban involucrados absolutamente todos.

¿Los gobernadores también lo sabían? ¿Lo permitieron, lo protegieron, obtuvieron un beneficio? Es algo que se debe indagar a conciencia. No es casual que el huachicol sea una de las líneas de investigación en la muerte de Rafael Moreno Valle y su esposa, gobernantes del estado de Puebla, donde el robo de combustible creció exponencialmente al amparo y protección de las autoridades.

El tema del nuevo aeropuerto y los miles de millones de pesos desviados durante su construcción palidece ante la magnitud del tema del huachicol. Según cálculos del gobierno, Pemex se dejaba robar más de mil pipas al día, lo que en un año significada algo así como 60 mil millones de pesos –la mitad del presupuesto de Veracruz-.

Un negocio de ese tamaño no puede ser exclusivo de una horda de delincuentes equipados sólo con camionetas y bidones. Las imágenes de familias enteras recogiendo gasolina de los ductos en ordeña resultaron un distractor para poner a salvo a los delincuentes de cuello blanco, esas grandes empresas que compraban gasolina de manera sistemática a las grandes mafias del huachicol.

Desde hace algunos años, el gobierno federal sabía del volumen del robo y de las empresas involucradas en la compra de gasolina robada. La complicidad y el peso económico de los involucrados convirtieron al gobierno en un cómplice más.

Este martes, el periodista Carlos Loret de Mola hizo público que según un informe de inteligencia elaborado hace cuatro años por las dependencias de Seguridad e Inteligencia Financiera del gobierno de Enrique Peña Nieto, se detectó que dos empresas dedicadas a la comercialización de pan y golosinas –no se atreve a señalar la marca del osito-, y otra de útiles escolares compraban combustible robado que utilizaban en la distribución de sus productos.

Pero el asunto no se investigó a fondo y por el perfil de los involucrados –de quien omite sus nombres por respeto a la presunción de inocencia-, el expediente se cerró sin consecuencias para nadie.

El Presidente ha tomado una decisión valiente, osada, aún cuando no haya calculado las consecuencias. El abasto tendrá un gran costo político, pero el problema del huachicol exigía de cirugía mayor, de la amputación de la principal fuente de corrupción del gobierno.

López Obrador ha tocado intereses muy poderosos, lo mismo en el nuevo aeropuerto de Texcoco –donde por cierto también se operaba con empresas que compraban huachicol- en decenas de empresas que se presumían honorables, y hasta de gobernantes y funcionarios públicos de todos los niveles.

Por lo pronto, en las próximas horas podría darse a conocer la detención del ex poderoso líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y sus hombres más cercanos. Imposible pensar en el huachicol sin la intervención cómplice del sindicato; cosas del destino: la caída del ex senador sería en la misma fecha en que lo fue de La Quina, en los albores del gobierno de Carlos Salinas.

No es aventurado plantearse que la seguridad del Presidente podría estar en riesgo. Ya no puede confiar en que el pueblo bueno lo cuidará, porque también el pueblo bueno delinque.

Las del estribo…

  1. Otra vez se equivoca el fiscal Winckler: él también es responsable de la espiral de violencia que sólo en el mes de diciembre dejó 138 homicidios y 38 secuestros en el estado. Acaso su responsabilidad no es la policía preventiva, eso es cierto, pero su incapacidad para resolver los casos ha provocado un estado de absoluta impunidad que sólo alienta más violencia. Lástima que no haya quien se lo refute.
  2. El lenguaje agresivo y vulgar utilizado por el Fiscal Especializado en Migrantes de la Fiscalía del Estado, Luis González Basurto, en contra del Secretario de Gobierno escaló cualquier confrontación imaginable. Los muchachitos ya se envalentonaron frente a la debilidad política que muestra la actual administración. La reforma constitucional para removerlo no es retroactiva; sin la intervención del gobierno federal, podríamos tener Fiscal para rato.