{Hora libre}

El Congreso de Veracruz es una panacea: se trabaja poco, se gana mucho, se cincelan relaciones políticas y se hacen pingües negocios a la sombra de la gestoría. A lo que menos se dedican sus diputados es a legislar.

Pese a los múltiples aspectos que requieren ser tratados con una nueva legislación o con la adecuación de las leyes vigentes, los diputados del Congreso de Veracruz se enfrentan a una falsa disyuntiva: comportarse como legisladores o considerar su paso como un ominoso financiamiento para hacer política partidista, apuntalar sus carreras electorales o acercarse al poder estatal, todo ello enfocado en sus intereses personales.

En Hora Libre comentamos anteriormente que el de Veracruz es de los congresos más caros para los contribuyentes.

Un estudio nacional arrojó que es de las Legislaturas que más dinero destinan por diputado (11.5 millones de pesos anuales, arriba de la media nacional).

Ahora resulta que es de las que menos trabajan en el año, apenas superada por la cámara de diputados de Campeche y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El grave rezago en análisis y aprobación o rechazo de iniciativas legislativas que acusa desde hace muchos años nuestro Congreso, además de razones políticas, es producto de un calendario de sesiones que privilegia ‘labores de gestoría’ sobre los trabajos de cabildeo, análisis y dictaminación de nuevas leyes o de reforma de aquellas que ya son obsoletas para la realidad del estado y el país.

Un estudio publicado por el portal de noticias sinembargo.mx apunta a nuestro congreso entre los menos productivos.

Si bien la Asamblea Legislativa del DF se lleva las palmas como el más caro y el menos trabajador, con apenas 152 días naturales (cinco meses) de sesiones ordinarias, con lo que los asambleístas prácticamente cobran sus dietas durante siete meses al año sin trabajar (solo 15 conforman la Comisión Permanente), los congresos de Campeche (172 días: cinco meses 20 días) y de Veracruz (177 días: cinco meses 25 días) se ubican en la cúspide de los más perezosos e improductivos.

¿Los veracruzanos, que en promedio gastamos 75.53 pesos diarios por cada uno de los 50 diputados locales, nos merecemos un congreso que dedica más tiempo a vacaciones políticas que a trabajar en modernizar nuestras leyes y normas?

Si, para colmo, consideramos que buena parte de esos 177 días se dedican a la realización de sesiones de trámite, como la instalación del Congreso, la recepción del informe de labores del Gobernador del Estado y a su glosa, a la asistencia a actividades extralegislativas y a las supuestas reuniones de las comisiones, ya podremos imaginar por qué nuestros diputados presentan resultados vergonzosos al final de cada legislatura.

Solo como dato, habrá que señalar (citando la misma fuente) que los congresos locales que más trabajan son los de los estados de Tlaxcala (9 meses) y Yucatán (8 meses y medio); seguidos por los congresos de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, con 8 meses al año. Entre los menos afanosos se encuentran los de Chiapas, Quintana Roo y Sonora, con 6 meses y, en la lona, los ya citados de Veracruz, Campeche y Distrito Federal.   ¿Habrá que legislar para ampliar periodos ordinarios de sesiones?

A propuesta del PRD y con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará y votará en los siguientes días una reforma al artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para ampliar los periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa y, con ello, sesione 6 meses y medio, en lugar de cinco, como hasta ahora.

En caso de aprobarse, los estados a la zaga serán los de Veracruz y Campeche.  Este lunes 3 de marzo se desarrolla, a partir de las 12:00 horas, la cuarta sesión ordinaria del primer receso del Congreso local y habrá que incluir en la agenda informativa de los medios de comunicación locales qué opinión merece entre los diputados locales la necesidad de ampliar los periodos ordinarios de sesiones para atender el grave rezago legislativo y la modernización de nuestra leyes vigentes.

Aunque hay diputados para los que esa posibilidad significaría un gran sacrificio de sus propios negocios y actividades político-electorales, habrá que preguntarle a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Juan Nicolás Callejas Arroyo; del PAN, Julen Rementería del Puerto; del PVEM, Juan Eduardo Robles Castellanos; del Panal, Eduardo Sánchez Macías; del PRD-MC, Cuauhtémoc Pola Estrada; del PT, Fidel Robles Guadarrama, y de AVE, Francisco Garrido Sánchez, qué opinión les merece la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para ampliar su tiempo de trabajo.  Para ello, habría que presentar una iniciativa de reforma al artículo 5, que establece dos periodos al año: del 5 de noviembre al 31 de enero el primero, y del 2 de mayo al 31 de julio el segundo.

Con ello se limitaría la necesidad de convocar a periodos extraordinarios y a que buena parte de la carga de trabajo se centre en la Comisión Permanente.

Por supuesto, la principal preocupación del Legislativo este lunes será el tema de la armonización de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, las que deben estar listas lo más pronto posible, pero bien valdría la pena que los diputados buscaran desprenderse del grupo de los congresos perezosos.

Impuesto predial, ¿manzana de la discordia?

Este fin de semana de carnestolendas estuvo impregnado por la polémica en torno a una hipotética iniciativa de ley por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el poder ejecutivo estatal fuera la vía para la recaudación y administración de la principal fuente de ingresos fiscales de los 212 ayuntamientos de la entidad, el impuesto predial.

En este mismo espacio, el viernes pasado, alertamos sobre el riesgo que esa medida causaría en las de por sí afectadas haciendas municipales, a raíz de la declaración –según hizo constar una nota de la revista Proceso– del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, a la que respondieron de inmediato los alcaldes de Veracruz, el priista Ramón Poo (de extrañamiento y necesidad de mayor información), y de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de abierto rechazo y confrontación.

El 28 de febrero, el mismo Congreso envió a medios (y las mantiene en su página en internet) las declaraciones del diputado de AVE, en que señala que “los ayuntamientos que convengan con el Estado la administración del impuesto predial continuarán recibiendo el monto correspondiente y además podrán aumentar hasta 30 por ciento sus participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal”.

Con el señuelo de incrementar sus participaciones federales, según se desprende de las declaraciones oficiales del diputado, los ayuntamientos estarían en posibilidad de acordar en sus cabildos transferir, mediante un convenio voluntario, la recaudación de este impuesto, con lo que se verían beneficiados con una cantidad adicional, equivalente al 30 por ciento de lo recaudado. Caso contrario, no tendrán ese beneficio.

Tras el alud de declaraciones en torno al tema, la reacción del Gobierno del Estado, a través de Alberto Silva Ramos, nuevo coordinador general de Comunicación Social, a través de su cuenta en Twitter, para desmentir categóricamente la interpretación de esa información, fue inmediata: “No hay ni habrá ninguna iniciativa del Ejecutivo para que el Gobierno del Estado administre el impuesto predial”.

Nos fuimos con la finta   En efecto, lo que el presidente de la comisión de Vigilancia señaló se refiere a modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de coordinación fiscal y, por tanto, es vigente para todo el país. De ninguna manera, como lo asevera el reportero de Proceso, dicha medida se implantaría en la entidad a partir de una iniciativa del Ejecutivo estatal.

Estos convenios serían actos voluntarios y autónomos, con la ventaja de incrementar sus recursos en un tercio.

A partir del 1 de enero de 2015, quienes así lo acuerden mediante convenio, verán cómo sus recaudaciones del impuesto predial las realizará la Sefiplan.

Si hiciéramos un esfuerzo para explicarnos la razón de fondo de las modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados en el ámbito federal, podríamos señalar que miles de ayuntamientos en el país tienen serias dificultades para recaudar ese impuesto, lo que debilita sus finanzas, y los hace enteramente dependientes de las participaciones estatales y federales.

En esos casos, podría ser útil el auxilio del Gobierno del Estado, siempre y cuando este sea totalmente responsable para acreditárselos conforme a los programas municipales de obra, con los alicientes de recibir una mayor recaudación y sumar un 30 por ciento sobre el monto recaudado. Tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como su secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston, salieron al paso de inmediato a esas interpretaciones.

Si bien lo declarado por el titular de la Sefiplan debe matizarse, porque con la reforma hecha por el Congreso de la Unión esta facultad ya no es exclusiva de los ayuntamientos sino que puede compartirse, Javier Duarte confirmó su respeto a la autonomía municipal y, zas, asunto zanjado.

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