La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sáinz, adelantó que analizan la posibilidad de debatir en el pleno las observaciones que remitió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a la más reciente reforma a la ley del Instituto de Pensiones.

En entrevista en la Cámara, reconoció que desde su punto de vista la ley es buena, pero el problema es de dónde saldrán los recursos, por lo que invitarán al Gobernador o algún representante del poder Ejecutivo a debatir lo observado.

La legisladora mencionó que lo que se planteó en el dictamen que se votó en el mes de julio, es justamente lo que se necesita para dar viabilidad financiera al Instituto, pero ahora se tendrá que buscar de dónde saldrá el dinero, “es una buena ley”.

“El tema ya se analizó en la Junta de Coordinación, yo espero que se pueda debatir. El gobernador está en su derecho (de vetarla) y nosotros de aprobarla, entonces a ver si da tiempo. No hay fecha para la extraordinaria, pero el 16 que es la permanente, espero que se cite, son varios temas pendientes”, comentó la representante legal de la Cámara.

La panista mencionó que, si la mayoría de los legisladores considera que la propuesta es viable, se tendrá que presupuestar para el ejercicio 2019 el pago del subsidio para el Instituto de Pensiones, aunque el gobernador Yunes Linares, lo haya retrasado al observar la carga económica de la modificación a la norma.

“Yo creo que vale la pena volverla a discutir” dijo y mencionó que los cinco vetos que impuso el gobernador a leyes locales no es que les corrigió la plana, se trata de su visión sobre el trabajo que se realizó en la Cámara.

Hay que hacer mención que a lo largo de dos años Yunes Linares vetó cinco leyes: la reforma a la ley de Tránsito y Transporte, que regulaba el uso de moto taxis; rechazó los cambios a la Ley de Protección Animal que permitían las vaquilladas y las corridas de toro; regresó la ley del IPE y las reformas a la ley de entrega-recepción; y finalmente no respaldó la modificación al código penal que castigaba la publicación de memes.

Isabel Ortega/Avc