Lograr una posición política demanda mucho dinero. Nunca como ahora cobra vigencia la famosa frase “político pobre, pobre político”.
Quien ha de dedicarse a la actividad pública y busca la candidatura a un cargo de elección popular, más que carisma e inteligencia, lo que necesita es dinero, mucho dinero. Por desgracia, mucho de ese flujo monetario sale de las arcas públicas.
Aunque la reciente reforma electoral contempla la figura del candidato ciudadano, aquel que no requiere el respaldo de unas siglas partidistas, el mayor problema en términos de transparencia va a radicar en las reales fuentes de financiamiento, un aspecto al que se le ha prestado muy poca atención pese a que los flujos de recursos utilizados en la promoción antes y durante las campañas políticas, generalmente implican actividades ilícitas.
En efecto, lo que las autoridades electorales fiscalizan tiene que ver más con los montos utilizados durante las campañas, vigilar que no se excedan los topes impuestos para cada elección y sancionar a los partidos que incurran en ello, generalmente con multas pecuniarias, que en descubrir qué personas físicas o morales proporcionan los recursos gastados en las actividades proselitistas.
Ya sabemos que puede haber conflicto de intereses dependiendo de las personas, empresas u organizaciones que financian a un político; si este triunfa se verá obligado a responder con comportamientos favorables a sus mecenas, sea otorgando contratos de obra, compra de bienes o ajustando la legislación a sus intereses. El problema puede ser mayor si quienes financian son miembros de la delincuencia organizada.
Todos ellos son asuntos que deben estar reflejados en la legislación electoral y ser objeto de fiscalización e, incluso, sanción.
Pero, ¿y qué sucede cuando los recursos empleados son desviados del erario y aplicados en actividades proselitistas de un funcionario público? ¿Cómo puede detectarse no solo que alguien se está anticipando a los tiempos electorales sino que, pese a esconder sus actividades públicas bajo el halo de sus funciones, en realidad ya realiza acciones de proselitismo? Y lo más importante: ¿cómo descubrir y sancionar que está empleando recursos públicos que le han sido confiados en función de una tarea gubernamental específica?
Y estos recursos, señores, no solo son en numerario; también implican el uso de automóviles oficiales, personal asignado a la dependencia con funciones diferentes, tiempo pagado vía salarios y prestaciones destinado a labores distintas de las contratadas, uso de aparatos de comunicación, de oficinas públicas, de espacios en los medios de comunicación, y un largo etcétera.
¿Cómo levantar a un muñeco de trapo?
Y es que, aunque no es nada nuevo, en los últimos tiempos se ha requerido de mucho más dinero para levantar a jóvenes desconocidos a los que les pica de pronto la comezón de la política, una actividad a la que nunca le dedicaron siquiera un segundo de ensoñación, pero que de súbito la consideran una meta al alcance de la mano.
Levantarlos en el imaginario popular como los personajes que ya requieren esas comunidades para lograr el progreso, obliga a una inversión al doble o al triple de la que normalmente se lleva un personaje popular al que la gente conoce y reconoce.
Lo que ahora sucede en Veracruz tiene que ver con esos sueños multiplicados de funcionarios que se creen con la suficiente capacidad para representar a un distrito o gobernar un municipio o el estado mismo, aunque nunca hayan pisado los cenagosos terrenos de la política, del contacto con sus hipotéticos electores.
Por eso, la política se ha encarecido tanto; por eso, los presupuestos estatales no alcanzan a veces ni para cubrir las necesidades que impone el gasto corriente, las obras que requieren varios años son sustituidas por obras raudas y visibles, los programas son recortados o cancelados, y todo ello porque el dinero hay que destinarlo a la adquisición multimillonaria de objetos desechables con los cuales comprar la simpatía de los electores.
Tarek Abdalá, alguien le engaña
Pero si se requiere mucho dinero, aunque falte fama, también es importante contar con buenos operadores políticos, y no con personajes que venden habilidades que en el terreno nunca van a reflejarse.
Lo anterior lo señalo a propósito de lo que está ocurriendo con la precampaña que para lograr la candidatura a la diputación federal por el distrito de Cosamaloapan, realiza el actual tesorero de la Sefiplan, Tarek Abdalá, quien por cierto tiene enfrente la maquinaria del exgobernador Fidel Herrera Beltrán , quien quiere imponer a su hijo en la misma candidatura.
Vea usted si no. Una amiga de Tierra Blanca no solo ve con preocupación que el funcionario duartista se vaya con la bolsa llena a gastarlo en su distrito para convencer que es la mejor opción para la candidatura priista al Congreso de la Unión, sino que lo esté dilapidando de manera poco provechosa, pues ha elegido mal a la persona que ha de ayudarle a cumplir su propósito.
En efecto, si bien le reconoce amplias posibilidades para que sea no solo candidato sino diputado federal, señala que Tarek ha puesto como su personero a Guillermo Capetillo Guinger, quien no sólo es el delegado del PRI en el distrito XVII sino también delegado de Tránsito del Estado, y de quien tienen muy malas referencias el secretario de Operación Política, Jaime Cisneros, y el exdiputado Tomás Montoya Pereyra.
Guillermo Capetillo no conoce a la militancia priista en el distrito y su imposición, gracias a la recomendación de Juan Carlos Molina; Capetillo, comenta mi amiga terrablanquense, actúa a espaldas de la miliotancia, a la que no toma en cuenta para nada, no la convoca a reuniones, no la incorpora a favor de Tarek.
Y anticipa: “Qué sorpresa se llevará Tarek cuando se dé cuenta que malgastó muchos recursos del Estado en un delegado que su única cualidad es la simulación, no lo acepta la militancia, no le entiende al proceso, se queda con los recursos que son muchos y no convoca a nadie, y medir y demostrar eso no es difícil”.
Nuestra amiga razona: “Quizá Tarek no sea mala persona, pero con Capetillo la bonanza y su gasto desmedido en recursos para proyección podrá servir de nada ante la incompetencia de su delegado de distrito, que solo disfruta de los múltiples recursos que le hacen llegar sus mordelones de Tránsito, el CDE del PRI y el propio Tarek”.
Añade que el único que le está apoyando es Juan René Chiunti, porque de los 12 municipios del distrito, ocho son aliados del proyecto, y proyecta a Tarek con ellos.
Hasta aquí el aviso que le han enviado a Tarek Abdalá.
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