Parece al menos paradójico que, mientras los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Erick Lagos Hernández y Arturo Bermúdez Zurita, negaron en los meses recientes, incluso con enjundia, la existencia de grupos ciudadanos de autodefensa en territorio veracruzano, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envíe una iniciativa para regular dichos grupos. El mismo ejército negó que hubiera este tipo de grupos en Veracruz.
¿Existen o no existen grupos de autodefensa en Veracruz? Si no los hay, me parece una anticipación juiciosa establecer normas que deberán cumplir dichos grupos cuando surjan. Acostumbrados a que las leyes llegan décadas después de aparecer el problema, este documento que está en estudio en la Legislatura local rompe récord y paradigma.
Lo cierto es que, en muchas poblaciones, los veracruzanos a quienes les ha colmado la paciencia la relativa impunidad con que actúan los grupos delictivos en sus respectivos entornos, y sin necesidad de copiar modelos importados de Michoacán o Guerrero, han decidido organizarse para defenderse. Nada tan legítimo como ello.
Si las corporaciones policíacas se centran en los grandes centros urbanos del estado, si los operativos conjuntos de fuerzas estatales y federales tienen suficiente chamba en Veracruz-Boca, Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos; si, para colmo, la atomización de las organizaciones delictivas les permite una movilidad extraordinaria y un día secuestran a un comerciante en Perote y al otro día asaltan un negocio en Martínez de la Torre, entonces no hay razón de que los ciudadanos vean negado su derecho a defenderse con sus propias uñas.
Criminal sería obligarles a que no se defiendan, a que permanezcan mudos mientras secuestran a familiares, violan a sus hijas, roban sus cosechas, les cobran piso o asaltan sus negocios.
Esos ciudadanos estarían, al mismo tiempo, asolados por la delincuencia y amenazados por sus autoridades, por lo que nadie les sacaría la idea de que entre delincuentes y funcionarios hay una alianza o un acuerdo.
Tendrán un nombre menos desafiante
La iniciativa enviada este martes por Javier Duarte contempla la creación de la figura de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, eufemística denominación para evitar que se les identifique como grupos de autodefensa.
Cada uno de estos consejos estará integrado por pobladores y en su seno habrá un representante del Estado que determine la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Habrá que ver la iniciativa y, en particular, la exposición de motivos, porque el comunicado oficial es parco.
Sin embargo, me da la impresión de que la iniciativa es recurrente y no va más allá de la definición que ya señalan normas anteriores respecto a los famosos consejos ciudadanos, sea para seguridad, para vigilancia o para transparencia.
Su propia denominación nos señala cuáles serán sus papeles, que ya estaban establecidos desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde un representante del Ejecutivo realiza el trabajo y los representantes ciudadanos solo sirven para sancionar lo propuesto o aplaudir los discursos.
Vea usted si no:
Según la exposición de motivos, en el desempeño de la función de seguridad pública, la sociedad juega un papel importante, “a la que le corresponde participar en el seguimiento, evaluación y supervisión de las políticas públicas diseñadas para el cumplimiento de aquella”.
¡Ah, caray! Solo funciones fiscalizadoras.
¿Y cómo piensan convencer a grupos de paisanos armados de que dejen esa actitud hostil y mejor acudan cada mes o cada tres meses a reuniones en que podrán decirle al representante del Estado lo que ha pasado en la región?
Según el comunicado oficial, la reforma tiene la finalidad de establecer las bases legales para la sociedad veracruzana “participe mediante la formulación de opiniones y propuestas, de manera que las instancias competentes cumplan de mejor manera con la función encomendada”.
Crece nuestro club de multimillonarios
México da para todo, para disminuir las perspectivas de crecimiento, para que ocho de cada 100 mexicanos crea que la selección de futbol llegará a la final del Mundial de Brasil 2014, para que los congresistas agenden los debates más peliagudos en los días en que ésta juega sus únicos tres partidos, hasta para producir más multimillonarios al mismo tiempo que millones de paisanos son arrojados a la pobreza, a la ‘normal’ y a la extrema.
No por nada nuestro país, junto con Chile, es el que presenta los mayores desequilibrios en el reparto de la riqueza dentro de la OCDE, y ello ha visto disparar las cifras tanto en el ejército de los menesterosos, como en la exclusiva oficialía que manda y dispone en este país, la conformada por los exitosos empresarios que se han beneficiado con el crecimiento económico desigual.
A nivel mundial, México atrae porque cuenta con materias primas, petróleo, está cerca de uno de los más grandes mercados internacionales y, para mayor alegría de inversionistas, sus costos laborales se han igualada en muchos sectores a los de China, lo que ya es mucho decir. Pero no hablemos de pobreza; de ella se habla demasiado. Hablemos de nuestros multimillonarios.
En el más reciente informe de riqueza mundial del banco suizo Credit Suisse, sus hacedores calculan en 186,000 el número de millonarios mexicanos en 2013 y, aunque usted no lo crea, estiman que para 2018 dicho club crecerá en un 47% para alcanzar los 273,000 socios. Muchos de esos multimillonarios saldrán seguramente de las filas gubernamentales y sindicales, quienes siempre tratan de evitar sobre ellos los reflectores de la celebridad.
Esa tendencia no solo la señala el banco suizo; también se refleja en los cotidianos rankings de la revista Forbes, cuya última edición incluye a 12 mexicanos entre las mil primeras fortunas del planeta, marcadamente el denominado Rey Midas, Carlos Slim Helú, quien pese a no estar a la cabeza posee una fortuna calculada en 50 mil millones de dólares (algo así como 675 mil millones de pesos).
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