No sólo por ser estados vecinos, sino también por otros factores y actores políticos, Tamaulipas y Veracruz han venido compartiendo situaciones y problemáticas similares que en las dos últimas décadas han derivado en una descomposición social cuyo génesis común ha sido la de la tolerancia y encubrimiento a grupos de la delincuencia organizada por parte de gobernantes corruptos que los dejaron operar impunemente en ambas entidades.

Ahora, como previamente lo hizo en Michoacán aunque prescindiendo de un comisionado plenipotenciario federal, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha implementado en Tamaulipas una estrategia de seguridad, cuyas primeras acciones han sido las de depurar los cuerpos policiacos y la estructura de la Procuraduría General de Justicia del estado ante la evidente cooptación y complicidades de algunos de sus elementos y funcionarios con las bandas criminales.

Pero los estrategas del gobierno federal tienen claro que por más operativos especiales que se hagan, Tamaulipas no se va a pacificar mientras los tentáculos del crimen organizado sigan llegando hasta la puerta del propio gobernador.

Y es que aunque el gobierno tamaulipeco había querido negar el asunto, en el palacio de Ciudad Victoria todo mundo comenta en voz baja la detención de José Manuel López Guijón, jefe de seguridad del gobernador Egidio Torre Cantú, el cual fue aprehendido y entregado la semana anterior a la SEIDO como presunto autor intelectual del homicidio del jefe de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Salvador Haro Muñoz.

Pero este caso en realidad no debió sorprender a los tamaulipecos, pues a finales del sexenio anterior, en 2010, también se enteraron de que el entonces gobernador Eugenio Hernández Flores tenía como escolta a Ismael Marino Ortega Galicia, identificado por el gobierno de Estados Unidos como sicario del crimen organizado.

Casualmente, en la sucesión de Hernández Flores fue ejecutado el candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, faltando apenas una semana para la elección.

Sin embargo la podredumbre política en esa entidad se remonta todavía más atrás, como ha quedado evidenciado con el proceso penal que por lavado de dinero y sobornos del crimen organizado se le ha iniciado al ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004), actualmente prófugo.

En Tamaulipas, al igual que ahora en Michoacán con el caso del ex gobernador interino Jesús Reyna, declarado formalmente preso por sus presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios, han quedado al descubierto los nexos de los gobernantes locales con el crimen organizado.

Veracruz no ha sido la excepción. Hace un año, por ejemplo, en un juicio iniciado en una Corte federal de Austin, Texas, para develar las operaciones de los cárteles mexicanos mediante la cría de caballos de carreras dirigidos desde una hacienda en Oklahoma para lavar dinero, se evidenciaron también las presuntas complicidades entre los operadores del narcotráfico en Tamaulipas con políticos veracruzanos.

José Carlos Hinojosa, quien hasta el año 2001 se desempeñó como agente del Ministerio Público federal en Miguel Alemán, Tamaulipas, y luego fungió como contador del Cártel del Golfo, es un testigo clave que presentó la Fiscalía en el juicio instruido en Estados Unidos en contra de José Treviño Morales, hermano del ex líder del Cártel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño. Según su testimonio, Hinojosa declaró que el empresario veracruzano Francisco Colorado recibió al menos 18 millones de dólares de Los Zetas entre 2004 y 2005. “De ese dinero, él personalmente envió 12 millones a la campaña del candidato priista a la gubernatura de Veracruz”, dijo el operador financiero del Cártel del Golfo, quien se abstuvo de mencionar por su nombre al ex candidato priista y luego gobernador Fidel Herrera Beltrán.

“En ese entonces yo era el contador del Cártel del Golfo y Efraín Teodoro Torres, ‘Z14’, me instruyó para que enviara el dinero a través del señor Colorado para la campaña del PRI al gobierno de Veracruz”.

Sin embargo, el testigo dijo que “una vez que el candidato del PRI obtuvo la gubernatura de Veracruz, Los Zetas pudieron controlar toda la entidad, quedando al mando el capo Z-14 hasta que fue asesinado en 2007”, en el Rancho Villarín, del puerto de Veracruz.

Seis meses después de estas revelaciones, a finales de octubre de 2013, senadores de todos los partidos políticos, incluidos los del PRI, aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el legislador panista Fernando Yunes Márquez, mediante el cual se exhortaba a la Procuraduría General de la República a que a la brevedad les informara si ya se había iniciado alguna investigación derivada sobre estas declaraciones realizadas ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas por el ex contador del Cártel del Golfo.

Además, ante la eventualidad de que no hubiese podido analizar este caso, el punto de acuerdo de la Cámara de Senadores exhortaba respetuosamente a la PGR para que determinara si era legalmente viable iniciar las investigaciones correspondientes, contemplando, inclusive, solicitar al gobierno de los Estados Unidos, por las vías diplomáticas adecuadas, copia del expediente del juicio antes mencionado.

Pero ha pasado más de medio año del “respetuoso exhorto” de los senadores y hasta la fecha nadie ha informado si la PGR ya les informó cuál es la situación legal del ex gobernador Herrera. Ni Yunes Márquez, del PAN, ni los priistas Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla han vuelto a tocar este asunto. Lo lamentable y hasta preocupante es que todos ellos aspiran a gobernar Veracruz en 2016.