Desde la detención de MarioVillanueva Madrid, en 2001, han pasado por los palacios de gobierno de las 32 entidades federativas del país no menos de cien mandatarios estatales, entre constitucionales e interinos, de los cuales dos terceras partes ya han entregado el cargo.

Y, pese a que sobre muchos de ellos han pesado acusaciones de malos manejos durante su gestión, apenas un puñado ha pisado la cárcel o ha sido sujeto a un proceso penal.

Tres de ellos, por cierto, en el último año: el tabasqueño Andrés Granier Melo, el michoacano Jesús Reyna García y el aguascalentense Luis Armando Reynoso Femat.

Contra Granier y Reynoso hay acusaciones de malos manejos de recursos públicos, mientras que Reyna se encuentra bajo arraigo mientras se investiga si protegió al grupo criminal de Los Caballeros Templarios.

El tabasqueño está siendo procesado por lavado de dinero y defraudación fiscal, delitos en el fuero federal, aunque se le sigue investigando por su presunta participación en un desvío de 2 mil 608 millones de pesos en 2012.

El caso más reciente de un exgobernador detenido es el de Reynoso, quien fue aprehendido el viernes pasado cuando salía de una corrida de toros. La Procuraduría estatal lo acusa de peculado, por la venta ilegal de terrenos del Instituto de Vivienda de Aguascalientes, cuyo valor se calcula en 26 millones de pesos.

Antes había sido indiciado por la compra, aparentemente simulada, de un tomógrafo con valor de 13.5 millones de pesos.

El hombre que gobernó Aguascalientes de 2004 a 2010 —y se peleó abiertamente con el PAN, partido que lo llevó al poder—, había evitado ir a prisión gracias a un amparo.

En los 12 años que Acción Nacional tuvo la Presidencia de la República, sólo fueron procesados dos gobernadores, si no contamos el caso de Villanueva. Éstos fueron el chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, quien estuvo encarcelado durante 17 meses, entre junio de 2011 y noviembre de 2012, acusado por un presunto desvío de recursos para la reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán Stan y otros cargos.

Asimismo, el 24 de mayo de 2012 fue detenido en Monterrey el exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, acusado de peculado. Ya había sido inhabilitado, unos meses antes, por la venta de unos terrenos en Los Cabos, que causó un presunto quebranto de 27 millones de pesos.

El mes pasado, Agúndez fue absuelto del delito de peculado, por lo cual estuvo preso durante 203 días. En su cuenta de Facebook, el gobernador escribió que estuvo preso por “injusticias legales” y se dijo listo para buscar la alcaldía de Los Cabos.

Contra otros dos gobernadores, el tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba y el coahuilense Jorge Juan Torres López —mandatario interino que sustituyó a Humberto Moreira—, hay acusaciones pendientes e, incluso, se les considera prófugos en Estados Unidos.

Contra el resto de los exgobernadores, como el veracruano Fidel Herrera Beltrán, no hay absolutamente nada. Por eso llama tanto la atención cuando a alguno de ellos lo alcanza la justicia, como si pasara un cometa.