En ejidos y comunidades del medio rural mexicano se anticipa el inminente desembarco de inversionistas chinos en actividades agropecuarias.

La anunciada reforma al campo les prepararía el terreno legal para emprender proyectos similares a los que tienen en varios países africanos.

El banderazo de salida para acordar el nuevo marco jurídico lo dio el presidente Enrique Peña Nieto en Veracruz, el pasado 6 de enero. Durante la celebración del 99 aniversario de la primera Ley Agraria, promulgada por el entonces presidente Venustiano Carranza, el mandatario señaló que este año su gobierno va a promover una profunda reforma al campo, para ponerlo al día y hacerlo más competitivo.

Añadió que la iniciativa sería presentada al Congreso en el siguiente periodo legislativo. Dos meses después de la ceremonia en Veracruz, el jefe del Ejecutivo metió freno al asunto.

El 5 de marzo, en un encuentro en Colima con tres agrupamientos campesinos nacionales, no hizo alusión alguna a plazos fatales para aprobar la nueva legislación.

Adicionalmente, ante la inquietud e incertidumbre propiciadas por el anuncio de enero, Peña Nieto dijo que no se va a modificar el régimen de tenencia de la tierra.

“Para no caer en especulaciones de ningún tipo ni alimentar las que eventualmente hubiera, el gobierno de la República no ha propuesto ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”.

Curiosamente, la reforma no forma parte del Pacto por México, firmado por el gobierno federal y los tres partidos políticos con mayor representación parlamentaria.

De hecho, fue esta ausencia lo que, entre otras razones, motivó a diversos líderes campesinos a solicitar a lo largo de 2013 la firma de un acuerdo para el campo. La pretensión de hacer una nueva reforma es la constatación, más de 20 años después de aprobadas, del fracaso de las modificaciones al 27 constitucional de 1992 y del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Con ellos, los problemas del campo mexicano no se resolvieron, la dependencia alimentaria creció a niveles alarmantes y la pretensión de avanzar en la expulsión de los campesinos de sus tierras y la compactación de los predios se topó con una indoblegable resistencia de ejidatarios y comuneros.

Sean o no ciertos los cuentos chinos que corren en el campo mexicano, la reforma es una necesidad de los grandes capitales trasnacionales, tanto para sus proyectos petroleros, gaseros y mineros, como para sus negocios agropecuarios.

También para el capital financiero, que exige que la tierra pueda ser usada como garantía.

El que poco más de la mitad del territorio nacional esté en manos de ejidatarios y comuneros es inadmisible para ellos.

Por eso, decidieron declarar una nueva guerra a los campesinos mexicanos. Justo lo que la nueva legislación hará.