Mal haría cualquier persona en pedir a las autoridades estatales y federales actuar con rudeza contra quienes, afectados por la falta de un servicio o defendiendo banderas gremiales o políticas, buscan respuestas satisfactorias a sus demandas poniendo en grave predicamento a miles de ciudadanos que no tienen posibilidad de resolverlas.

En los últimos meses hemos sido testigos (y víctimas) de grupos y organizaciones, algunas identificadas abiertamente con el partido gobernante, que han recrudecido las formas de presión y ya no solo obstaculizan el libre tránsito en avenidas y carreteras (lo que genera historias personales que van del riesgo de despido o descuento en sus actividades laborales hasta la imposibilidad de llegar a donde recibirán atención médica de urgencia), sino el bloqueo criminal del servicio de agua potable para decenas de miles de habitantes del sur de la entidad, como sucedió con el cierre de válvulas en la presa Yuribia, en Tatahuicapan, por parte de profesores de la CNTE.

Rehenes de los movimientos sociales, miles de veracruzanos se encomiendan con cuanto santo se les ocurre para que el camino al trabajo o a casa no esté sembrado de desvíos o de cierres temporales por parte de manifestantes.

Dos fenómenos saltan a la vista:

Por un lado, la débil intervención de los gobiernos estatal y federal para resolver los conflictos antes de que afecten a la población y, por otro, la torpe visión de los líderes de estos movimientos que, tratando de atraer la simpatía de los ciudadanos, en cambio generan en ellos una animadversión que, en no pocas ocasiones, ha terminado en enfrentamientos campales entre afectados y manifestantes.

Quién, en uso de sus facultades mentales, puede pensar que lograrán la adhesión de los pobladores cuando sin decir agua va impiden a miles de ellos realizar sus actividades cotidianas y, en muchos casos, hasta los agreden, para después expresar públicamente que no hay conciencia social para apoyarlos. Durante el movimiento magisterial de finales de 2013 y principios de este año contra la reforma educativa, muchos transportistas debieron padecer días completos con sus vehículos varados, y en algunos casos vieron perder sus cargas cuando transportaban productos perecederos.

El colmo es lo que ha sucedido con el recurrente cierre de las válvulas que abastecen el agua potable a decenas de miles de habitantes de Coatzacoalcos y demás poblaciones. No es la primera vez que se realiza esta forma artera de afectar el bien común por el de un grupo social.

 

Qué tanto funcionan los negociadores

 

Hace tiempo que he señalado la carencia de operadores políticos que sean capaces de desactivar movilizaciones mediante la negociación, la resolución de pequeños y grandes peticiones, el acuerdo sobre las instancias que deben ser las adecuadas para atender las demandas.

En la negociación reciente del paquete presupuestal federal, el Congreso de la Unión aprobó incluir un concepto denominado algo así como fondo de capitalidad que permitió dotar al gobierno del Distrito Federal de una suma superior a 5 mil millones de pesos para resarcir las afectaciones por las manifestaciones y marchas que se dan en la capital federal por ser asiento de los tres poderes del Estado.

Xalapa, en cambio, no solo sufre este tipo de contingencias sociales sino, para colmo, no recibe inversiones suficientes como para crear vías de comunicación adecuadas que permitan desatar los nudos gordianos creados por bloqueos de las principales avenidas.

Y, mire, en muchas ocasiones estos bloqueos son protagonizados por grupos que no rebasan la veintena de personas, con peticiones tan mínimas que se pueden resolver de inmediato.

En la Secretaría de Gobierno hay áreas dedicadas a atender los conflictos regionales para que no estallen frente a Palacio de Gobierno, desquiciando el tráfico de toda la ciudad.

Pero parece que los responsables no están haciendo bien su trabajo porque continuamente se cierra la circulación de vehículos en el centro de la ciudad, frente al Congreso del Estado, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), como ocurrió este jueves, o en las inmediaciones de la Secretaría de Educación (SEV)  donde continuamente se afecta la circulación en la carretera federal.

El secretario de Gobierno Érick Lagos Hernández y sus directores, continuamente envían comunicados sobre la atención a grupos y sobre la labor que realizan para negociar directamente en las comunidades de origen a quienes manifiestan su inconformidad por la falta de obras o de apoyo ante diversos problemas, pero está claro que no lo están haciendo bien porque de todos los rumbos de la entidad arriban grupos sociales exigiendo ser escuchados y atendidos.

Algo se deberá hacer para que esa dependencia rinda frutos al gobernador Javier Duarte de Ochoa y ayude a mejorar la convivencia entre el gobierno estatal y los ciudadanos.

Por desgracia, no es la única responsable. Hace ya tiempo que el incumplimiento en proyectos de mejora en caminos vecinales y carreteras estatales ha obligado a grupos de campesinos a movilizarse hasta la capital porque la dependencia encargada ni hace las obras con presupuestos etiquetados ni acude a las comunidades a explicar qué tiempo le llevará para iniciar los trabajos.

Ya va siendo hora de que la comunicación entre gobierno y comunidades se vuelva un imperativo de las políticas públicas.

Y, claro, debemos reconocer que hay grupos cuyas demandas rebasan el ámbito de gestión del gobierno estatal, como es el caso de las protestas magisteriales, que debieran movilizarse al Distrito Federal y no afectar en la entidad.

 

Comentarios: belin.alvaro@nullgmail.com 7 www.formato7.com/columnistas