Lo comentamos aquí hace apenas algunos días, y este lunes, Javier Duarte de Ochoa nos dio la razón en su conferencia de prensa matinal.
Se culpa a Veracruz, y a sus autoridades principalmente, de lo que ocurre con los migrantes; de los delitos que se cometen con ellos, de las lesiones o muertes que llegan a sufrir, pero ¿quién culpa a los dueños de La Bestia? ¿Quién se acuerda que es arriba del tren donde se cometen los delitos? Nadie.
Pues para recordárselos, el procurador de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras denunció penalmente a los propietarios de La Bestia. Y eso fue ayer mismo.
La razón es muy sencilla, se trata de llegar al fondo de la situación; que paguen los verdaderos culpables o, en su caso, que tomen las medidas necesarias.
Algo que no comentó Duarte de Ochoa durante su conferencia de prensa es que la denuncia beneficiará a los migrantes; a todos los que han dejado sus países de origen para buscar el sueño americano, a aquellos que se arriesgan a subirse a La Bestia, que en cada viaje cobra la vida de muchos viajantes, aunque de algunos ni siquiera se tenga registro.
Y es que el Gobernador ya no se conforma con que las autoridades hondureñas, salvadoreñas o guatemaltecas reconozcan que no es en Veracruz donde se cometen los delitos o que en aquellos países le llamen campeón por el trato que reciben acá los migrantes, sino que es preciso que ya se actúe en el lugar donde se genera el problema y no nada más se hagan cosas donde estalla la bomba.
Ahora, los estados de Chiapas y Oaxaca, así como los gobiernos de las naciones centroamericanas involucradas, son quienes tendrán que hacerse cargo de un problema que viene de allá, que sale de los campos y las ciudades de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, principalmente, y que revienta en nuestro país; peor aún, en territorio estatal.
ALGO ESTÁ PASANDO en las Agencias del Ministerio Público de la entidad. De entrada, Agentes del MP visitadores están acudiendo a las oficinas y revisando con lupa determinados asuntos, principalmente de todos los Ministerios Públicos que estén relacionados con Bertoldo Reyes Campuzano, pues necesitan espacios y les están buscando por dónde. Como se recordará, Bertoldo fue el hombre fuerte del ex procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. Pero hay más. Resulta, amable lector, que se le ha pedido a todo el personal que no ingiera ningún alimento en las oficinas y si lo hacen, serán sancionados, pues se les iniciará un procedimiento administrativo. Muchos se preguntan qué pasará con el personal de guardia que trabaja 24 horas, ¿se quedarán sin comer? Pero no sólo es eso, sino que también en las investigaciones que se inician y que se pueden concluir de tres maneras, a saber: 1.- se consigna al Juzgado cuando hay elementos suficientes para iniciar una causa penal; 2.- se dicta un no ejercicio de la acción penal (archivo) cuando de lo que hay no encuadra en ningún tipo de delito, es decir, no hay delito y, 3.- se reserva el expediente, cuando se está en presencia de un delito pero se depende de otros factores o de datos o información que pudiese llegar posteriormente: informes de la Policía Ministerial, Periciales, CNBV, informes de otras dependencias y se está supeditado a que esa información se tenga para o bien ejercitar o bien archivar o en el peor de los casos seguir reservando. Bueno, pues resulta que se ha dado otra instrucción verbal -que el mismo Procurador habría ordenado- de que ya no se podrá realizar reservas de las investigaciones ministeriales, si bien es cierto es una válvula de escape, también es cierto que ese estado es muy necesario en el proceso. Ahora, todo lo que se inicie sólo se podrá archivar o consignar, pero nada de reservas y lo anteriormente reservado o se consigna o se archiva. Muchos se preguntan, entonces, si se archiva todo lo que hay por falta de elementos o porque no se encontró, digamos, al raptor o al que robó, ¿qué le dirán al que le robaron su carro?, acaso que como no sabían nada se archivó el expediente y consecuentemente al no haber delito se tuvo que dar de baja del sistema de vehículos robados su carro? En otro ejemplo, qué se le dirá a las mamás que tienen hijos desaparecidos: que no hay delincuente y que se archiva el expediente, el mismo caso se aplica para un violador o para un extorsionador. Por ello, se les ha dado a las agencias un plazo de 90 días para que todas las determinaciones de reserva de 1998 a la fecha (son alrededor de 15 mil investigaciones por Fiscalía, más o menos) sean modificadas a No ejercicio de la acción penal o bien ejecutar acción penal. Y para cerrar con broche de oro: se les dijo que en la segunda quincena de abril les van a aumentar el sueldo, ya que unos “árabes” donaron al Gobierno del estado 5 millones de dólares. Con ese recurso, incluso, comprarán hojas, plumas, cartuchos de tinta, composturas, etcétera. Así las cosas en la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
LA COORDINACIÓN de Profesiones de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz realizó ayer el evento denominado “Entrega de Constancias de Actualización a Colegios de Profesionistas y Primer Mesa de Trabajo Colegiado: Por un Veracruz Profesional”, al cual acudió en calidad de invitado de honor el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Por cierto, ayer mismo el senador Yunes Zorrilla acudió al cuartel de San José, en donde recibieron reconocimientos 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que arriesgaron su vida al enfrentar a diez delincuentes en Perote, en días pasados, malosos que –como se sabe—fueron abatidos.