La reciente aprobación de las leyes de la Guardia Nacional y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en la Cámara de Diputados marca un cambio importante en el rumbo de la política de seguridad pública en México. Estas reformas, aprobadas durante el actual periodo extraordinario de sesiones del Congreso, responden a una realidad innegable: el país necesita instituciones más eficaces para hacer frente a los retos que plantea la delincuencia organizada.

Ambas leyes han generado un amplio debate público. Por un lado, se reconoce que dotan al Estado mexicano de herramientas más robustas y modernas para la prevención y el combate del delito; por otro, diversos sectores —académicos, organizaciones civiles y algunas voces de la oposición— advierten sobre posibles riesgos para las libertades civiles y la transparencia institucional.

La Ley de la Guardia Nacional, en su versión reformada, fortalece esta institución al integrarla plenamente bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta decisión, aunque polémica, parte de un diagnóstico realista: muchas corporaciones de seguridad civil, particularmente a nivel local, han sido rebasadas por el crimen y enfrentan problemas estructurales de corrupción, precariedad y falta de coordinación.

La disciplina y la capacidad logística del Ejército pueden ofrecer un marco de mayor control y profesionalización para la actuación de la Guardia Nacional, siempre que se mantenga su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la legalidad.

En paralelo, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia plantea un modelo integral para recabar, centralizar y analizar información sensible —biométrica, financiera, vehicular, médica y de telecomunicaciones— que permita prevenir riesgos y actuar de forma más precisa. Esta reforma busca fortalecer la inteligencia del Estado, una tarea indispensable frente a redes criminales cada vez más sofisticadas. No obstante, será fundamental establecer controles claros, mecanismos de rendición de cuentas y una supervisión judicial que impida cualquier uso indebido de estos datos.

Más allá de los puntos específicos de las reformas, es importante subrayar el papel que han jugado los legisladores veracruzanos con un enfoque responsable en materia de seguridad.

El grupo de diputados federales veracruzanos de Morena, coordinados por Zenyazen Escobar, ha respaldado estas iniciativas con plena conciencia de los retos que enfrenta el país. Su participación activa refleja un interés por fortalecer el Estado de derecho y construir un entorno de mayor certidumbre y paz para la ciudadanía.

Ciertamente, los riesgos existen. Toda reforma de seguridad debe analizarse no solo en términos de eficacia, sino también a la luz de su impacto en las libertades democráticas. Pero ante un escenario en el que el crimen organizado ha demostrado su capacidad de infiltración, violencia y control territorial, la inacción o el inmovilismo pueden resultar aún más costosos.

El verdadero reto será implementar estas leyes con responsabilidad, asegurando que la búsqueda de seguridad no sacrifique los derechos fundamentales ni debilite las instituciones civiles. México necesita un modelo de seguridad que combine firmeza con legalidad, estrategia con transparencia, y fuerza institucional con legitimidad democrática. Solo así será posible construir un país donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos

@luisromero85