“En la guerra como en la política no hay sorpresas, hay sorprendidos”
Donald Trump

Durante una comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos, en Capitol Hill, Washington D.C., la fiscal general Pam Bondi incluyó a México en una lista de “adversarios” del país, junto con naciones como Irán, al señalar que ninguno de ellos logrará intimidar a Estados Unidos.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, cuestionó a Bondi sobre el papel de México en la lucha contra el narcotráfico. La fiscal evitó dar una respuesta directa y sugirió que ese tema debía tratarse en una sesión privada.

“¡No! No ayuda. En la mitad de su país mandan los cárteles. Aquí nunca estaremos seguros hasta lograr que México cambie lo que hace. Con gusto hablaré con usted en sesión privada”.

Ante esa evasiva, Graham respondió con dureza, asegurando que México no está colaborando y que “la mitad del país está en manos del crimen organizado”, por lo que, dijo, EE.UU. no podrá estar seguro hasta que el gobierno mexicano cambie su estrategia.

Más adelante, el senador preguntó si el gobierno estadounidense sería capaz de enviar un mensaje firme a Irán para defender su seguridad nacional y su apoyo a Israel.

En respuesta, Bondi afirmó que el presidente Donald Trump ya había dejado claro que Estados Unidos no se dejará intimidar por ninguna nación, y que bajo su liderazgo se tomarán todas las medidas necesarias para proteger al país, ya sea de amenazas militares o del tráfico de drogas, señalando también a Rusia, China y México como actores que podrían representar un riesgo.

¿Saben lo que esto significa?, que cualquier día de estos, ojalá sea pronto, nos vamos a despertar con la noticia de que se llevaron una veintena de “colaboradores” de AMLO y hoy de Claudia Sheinbaum, acusados de complicidad con grupos de la delincuencia organizada o terroristas como los llama el gobierno de Donald Trump.

Destitución de la Junta de Gobierno

El doctor Jorge Manzo Denes, aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana, pide la destitución de la Junta de Gobierno ante la absurda e ilegal imposición que pretende hacer del señor Martín Aguilar para que siga al frente de la rectoría pese a que no cumple con los requisitos, es decir, viola la legislación. Su petición la argumentas con los siguientes puntos:

“La figura de la Junta de Gobierno es, en su diseño institucional, una estructura valiosa para garantizar procesos estratégicos de alta responsabilidad en la vida de la Universidad Veracruzana. Sin embargo, su actual integración es la que ha fallado gravemente a la confianza de la comunidad universitaria.

“Hoy, solo siete -de nueve- personas integran la Junta, tras la renuncia digna de dos mujeres que, con integridad, se negaron a participar en el atropello a la legalidad. Lo que hicieron los siete que permanecen no fue una decisión ética ni jurídica: fue una traición a nuestra querida UV.

“Aprobar una prórroga ilegal, al margen de lo que establece la legislación universitaria, ignorando los principios de legalidad, pluralidad y rendición de cuentas, y desoyendo a la comunidad universitaria, desacredita profundamente a quienes hoy ostentan ese encargo.

“Por ello, hago el siguiente exhorto a la comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana, a la que como institución pública nos debemos:

1. Convocar con carácter de urgente a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario General (CUG), sin la presencia de las actuales autoridades universitarias, dado que ellos provocaron la crisis institucional que estamos atravesando.

2. Proceder a la destitución inmediata de los siete integrantes actuales de la Junta de Gobierno, por no ser dignos de representar a nuestra universidad.

3. Designación inmediata de nueve notables, todos de la UV, con trayectoria probada, integridad y vocación, para reconstituir de inmediato a la Junta de Gobierno.

4.Que la nueva Junta de Gobierno revoque la prórroga ilegal y emita a la brevedad la convocatoria formal para la designación de Rectora o Rector, conforme lo establece la
legislación universitaria.

“La Universidad Veracruzana no es propiedad de unos cuantos. Es de todas y todos. Hoy más que nunca, la comunidad universitaria debe ejercer su soberanía colectiva y su responsabilidad histórica. Es momento de reorganizar, sanar y reconstruir desde los principios de legalidad y dignidad universitaria.”

De a masacre por fin de semana

Prácticamente, desde el inicio de la presente administración, no hay semana que no se cometa una masacre en el estado. El macabro recuento hoy alcanzó nuevamente a los municipios de Tuxpan y Omealca.

El jueves de la semana anterior, tres personas fueron asesinadas por arma de fuego en un domicilio del fraccionamiento Jardines. Lamentablemente una de ellas resultó ser Tania Namorado Ávila, nieta de Pericles Namorado Urrutia, exalcalde de Tuxpan y Procurador General de Justicia. Estos homicidios se sumaron al crimen del director del penal del municipio, ocurrido durante esta misma semana en la cabecera municipal.

De acuerdo con la información oficial, la movilización policiaca se originó en las inmediaciones de una vivienda de la calle Río Pánuco, ubicada en el fraccionamiento Jardines de Tuxpan. En el lugar se encontraron los cuerpos de Tania, su esposa y un familiar más.

El fin de semana, a orillas del rio en Río Blanco fueron localizados los cuerpos de cuatro personas originarias de Zongolica, y que laboraban en el anexo AA Nimitztlazohtla, y quienes estaban desaparecidas desde el pasado 16 de junio.

Una versión indica que, a petición de la familia de una persona, aparentemente adicta, el encargado del anexo Nimitztlazohtla, su auxiliar y dos jóvenes se dirigían a Comalapa para recoger a dicha persona y trasladarla al anexo, pero no llegaron por ésta ni volvieron a saber de ellos.

En ambos casos, a pesar de las líneas de investigación, no hay móvil, no hay detenidos, sólo impunidad.

¿Cuánto más se mantendrá la actual Fiscal del Estado en el cargo?

Reflexión

¿Qué habría pasado si en los tiempos del PRI se hubiera hecho una elección judicial con acordeones? ¿Si un gobernador hubiera denunciado a un periodista y un juez le hubiera ordenado dejar de ejercer su profesión, incluso en sus redes sociales? ¿Si una diputada federal hubiera acusado a una ciudadana porque en sus redes sociales publicó que el cargo lo debía a la influencia política de su esposo y un juez hubiera ordenado sancionarla?
Y así dicen que son tiempos de transparencia y de libertad. Que nadie se diga engañado después…