Colectivos de familiares de personas desaparecidas expresaron su rechazo al nombramiento de Lutgarda Madrigal como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, al considerar que el proceso para su designación estuvo marcado por la opacidad, la improvisación y la exclusión de las voces de las víctimas.

En un pronunciamiento dirigido a la gobernadora Rocío Nahle, 15 colectivos de búsqueda, así como familias independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, acusaron que el proceso no cumplió con los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana.

“El nombramiento no puede considerarse legítimo mientras no se transparente cada paso del procedimiento”, señalaron.

Criticaron que no se hicieron públicos los resultados de las evaluaciones ni se presentaron actas que respaldaran la idoneidad de las personas propuestas, lo que –advirtieron– agravia la confianza de las familias y vulnera los principios mínimos de gobernanza democrática.

Las y los firmantes recordaron que la emisión de la convocatoria para elegir a la persona titular de la Comisión fue un compromiso que la propia gobernadora asumió el 9 de diciembre de 2024 durante un encuentro con representantes de 39 colectivos. Sin embargo, denunciaron que el procedimiento iniciado en marzo de este año estuvo plagado de omisiones graves.

Entre las principales irregularidades mencionaron la convocatoria tardía e incompleta del Órgano Técnico de Consulta, la falta de criterios claros para la evaluación de perfiles, la omisión en la publicación de información clave, la exclusión de propuestas formales realizadas por familias y organizaciones acompañantes y la falta de diálogo y apertura por parte de la Secretaría de Gobierno.

Además, aseguraron que el desdén institucional ha sido evidente ante las exigencias de una participación efectiva y que el nombramiento de una persona sin experiencia en materia de búsqueda representa un retroceso inaceptable.

“La Comisión no es espacio para aprender: necesita a alguien con experiencia, conocimiento y sensibilidad desde el primer día”, afirmaron.

En su posicionamiento, los colectivos exigieron que se publique la información faltante, se revise a fondo el procedimiento y se permita una evaluación conjunta del perfil idóneo.

“No aceptaremos una imposición. La crisis de desaparición en Veracruz requiere decisiones responsables, no simulaciones”, enfatizaron.

Asimismo, reiteraron el cumplimiento de compromisos pendientes adquiridos por la mandataria estatal en diciembre pasado, entre ellos: El ajuste a las medidas de ayuda previstas en la Ley Estatal de Víctimas, la reunión con familias en el plazo de seis meses y la calendarización de encuentros trimestrales y el cese de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública vinculados a desaparición forzada.

Finalmente, hicieron un llamado a la gobernadora a no ignorar la voz de quienes han sostenido con lucha y dolor los procesos de búsqueda. “Por amor a nuestras y nuestros desaparecidos, no permitiremos retrocesos”, concluyeron.

AVC

Conéctate con Formato7:

Otorga Junta de Gobierno de la UV prórroga a rector Martín Aguilar