Prefacio.

Sin aparecer en un acordeón, sin acarreo de servidores públicos, sin la “mano amiga” del gobierno, el doctor Ángel Rosas Solano obtuvo la más alta votación entre los aspirantes de su género a la magistratura de un Tribunal Colegiado de Distrito en materia Mixta. *** El informe de resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) confirma que 83,198 ciudadanos decidieron que fuera designado en ese cargo. El reflejo de una trayectoria impecable, tanto en lo académico como en lo profesional. *** Sin embargo, apenas la semana pasada surgió una noticia que sembró la duda sobre los resultados de la elección judicial. La consejera del INE, Carla Humphrey expuso dos casos: Joel Isaac Rangel Agüeros y Eduardo Torres Carrillo, quienes resultaron electos como magistrados de las especialidades mixta y trabajo, pero no cuentan con la calificación mínima de 8 en la licenciatura de Derecho. *** No sólo eso. La misma consejera informó que otros 31 aspirantes ganadores tampoco cumplen con el requisito de tener 9 en las materias relacionadas con la especialidad a la que se postularon, por lo que propuso no validar el triunfo de los candidatos cuestionados y su propuesta fue avalada por mayoría. *** El periódico El Financiero dio a conocer una lista de los 33 aspirantes que supuestamente se encuadraban en estos casos y entre ellos incluyó al doctor Ángel Rosas Solano. *** Este lunes el jurista se reunió -en un escenario cautivante, el hotel boutique San Antonio, de Xalapa- con representantes de los medios de comunicación para despejar cualquier duda. *** Informó que ya entregó en el INE la documentación debidamente certificada de sus calificaciones, tanto en la licenciatura como en sus tres maestrías y en su doctorado. La menor fue de 8.58 y el resto fueron por encima del 9. *** Aclara Ángel Rosas que no ha recibido notificación alguna de que pretendan desconocer sus resultados en la elección judicial, pero advierte que no se quedará cruzado de brazos en espera de la infausta noticia. *** Tiene todos los merecimientos para ocupar el cargo para el que concursó y así lo hará valer ante las instancias que se requieran. Bien.

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Es un tema que no se puede soslayar. El pueblo de Veracruz exige cuentas, una explicación coherente del colapso que se registró en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) con la evidente complicidad de la consejera presidente, Marisol Delgadillo Morales.
El silencio ya no es opción.
Lo ocurrido en el órgano electoral de Veracruz tras la jornada concurrente del domingo primero de junio no es sólo “un accidente técnico” ni “una falla menor”; se trata, a todas luces, del resultado de una gestión ineficiente, opaca y severamente cuestionable, en la que aparece, como principal responsable, su presidente.
La caída del sistema de cómputo local durante una de las etapas más sensibles del proceso electoral (justo cuando iniciaba el conteo) no fue un simple “error humano”, sino el reflejo de un liderazgo rebasado, de decisiones tomadas con criterios políticos y de una estructura sostenida a partir de lealtades, no de capacidades.
El sistema informático colapsó, pero con él se desmoronó la credibilidad del OPLE. Lo más grave es que, en lugar de asumir con responsabilidad las consecuencias de esta falla, la presidente Marisol Delgadillo se empeña en proteger a los responsables directos del desastre, con lo que -por supuesto- se protege ella misma.
No ha sido por las vías oficiales que nos hemos enterado de que en este lío tuvo un papel preponderante Rafael González Ortiz, el improvisado director de Servicios Informáticos, un funcionario sin experiencia, que pasó de fungir como edecán de la consejera Mabel Aseret Hernández a ocupar un cargo de enorme responsabilidad para la institución. Luego de “la caída del sistema”, con el respaldo de la consejera, maniobró para impedir su destitución.
Apenas hace unas horas, cuando trascendió la probable salida de Marisol Delgadillo, fue llamado a cuentas Rafael González para que presentara su renuncia, como si eso fuera suficiente para frenar la inevitable salida de la consejera presidente.
El problema, sin embargo, no termina ahí. La telaraña de complicidades en el OPLE se extiende hasta el área de adquisiciones, donde su directora, Amara Anaya García, ha impuesto una práctica sistemática de adjudicaciones directas, el camino más corto a la corrupción.
Basta revisar los contratos asignados a sus tres proveedores favoritos para comprobar cómo, bajo el manto de la discrecionalidad, se han asignado servicios tan diversos como la compra de guantes, remodelación de oficinas, organización de eventos sociales, “taquizas” para el personal, renta de vehículos y hasta la elaboración de prototipos de urnas electrónicas… todo a través del mismo beneficiario: un proveedor de oscuro historial, vinculado a escándalos en la era del exgobernador Javier Duarte.
Es momento de que se tomen medidas ejemplares en defensa de la vida democrática de la entidad; el OPLE Veracruz no puede seguir secuestrado por los intereses personales de Marisol Delgadillo.
Por dignidad institucional, por respeto a la ciudadanía veracruzana y por el mínimo sentido de ética pública, la consejera presidente del OPLE debe renunciar de inmediato. Es momento de cerrar este vergonzoso capítulo y devolverle al organismo electoral la altura que exige la democracia.

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Epílogo.

“Allá ellos”. Si al rector Martín Aguilar aún le queda alguna neurona funcionando, debería medir en su justa dimensión las palabras de la gobernadora Rocío Nahle, cuando fue cuestionada sobre el anuncio de la Junta de Gobierno de la UV de que le concederá la prórroga al frente de esa casa de estudios. *** Este lunes la junta de gobierno de la UV anunció que “con base en la consulta y el análisis integral de sus informes y plan de trabajo”, resolvió “aprobar la prórroga del doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez como Rector de la Universidad Veracruzana, para el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029”. *** Por supuesto, las expresiones de rechazo a esta decisión a todas luces ilegal han sido muchísimas. No todo está dicho. Hay mecanismos jurídicos para defender la legalidad en esa institución educativa. *** No olvide los siguientes nombres: Juan Manuel Pinos Rodríguez, Diana Folger Pérez Staples, Ernesto Isunza Vera, María Adela Monreal Gómez, Héctor Vázquez Leal, José de Jesús Franco López y Alan Jesús Morgado Bustos. Ellos son los responsables de este fraude y muy pronto habrán de rendir cuentas.