El estado de Veracruz vive una espiral de violencia que ha puesto a prueba un gobierno que no termina de zarpar. Incluso, la presidenta Sheinbaum ya acusó recibo después del cobarde asesinato de la candidata de Morena en Texistepec.

El problema para el gobierno de Rocío Nahle es que la violencia no se reduce al entorno político por el proceso electoral. Al homicidio artero de los candidatos de Morena a las presidencias municipales de Coxquihui y de Texistepec, se suma el de Esteban Alfonseca, ex alcalde priista de Actopan, quien esta madrugada fue emboscado cuando regresaba de un mitin precisamente del candidato de Morena a la presidencia de ese municipio.

Pero también, la emboscada y ejecución en contra de agentes federales antisecuestros en Boca del Río, el homicidio de una mujer en Omealca, la muerte a balazos de un taxista en pleno centro de Cuichapa, la ejecución –con todo y narco mensaje- de una persona en Maltrata y el asesinato de un taxista en Xalapa, todos ocurridos en menos de una semana, exhiben que el origen de la violencia criminal no es sólo político.

La violencia en realidad puede tener su origen en tres factores: que no hay una estrategia de seguridad –y si la hay, está claro que no funciona-, la impunidad que alcanza niveles de 98 por ciento en homicidios y, por supuesto, alguien que le mece la cuna a la gobernadora.

Primero. Es evidente que no hay una estrategia. Las mesas de seguridad se han convertido en ejercicios inútiles, en los que sólo se reúnen funcionarios de medio pelo que no tienen la capacidad de tomar decisiones. En ellas se tocan asuntos por encimita, sin entrar a la verdadera información de inteligencia. Entonces, se trata de una simulación sin resultados.

La ausencia de una estrategia de seguridad es tan evidente que cuando la presidenta Sheinbaum ofreció a la gobernadora Nahle movilizar a la Guardia Nacional a dónde ella indicara, no hubo una respuesta clara. Y si hubo una aceptación privada del apoyo, tampoco se ha visto la llegada de más elementos a las regiones en conflicto.

Hay una gran descoordinación porque el propio gobierno federal no termina de afinar su propia estrategia, la que debió entregar al Senado de la República y no lo ha hecho.

La llegada del contralmirante de Infantería Marina Fuerzas Especiales, Diplomado de Estado Mayor, Alfonso Reyes Garcés, como secretario de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz generó grandes expectativas.

Con una hoja de servicios impecable, Reyes Garcés se desempeñó como Director de Operaciones Especiales de la extinta Policía Federal Preventiva, lo que hacía suponer que tendría no sólo la experiencia sino acceso a información de inteligencia que permitiera pacificar al estado.

Pero algo sucedió, que el estado está envuelto en llamas y nadie sabe del Secretario de Seguridad.

Segundo. La impunidad es el motor que impulsa a los delincuentes. Saben que sólo en caso de extrema mala suerte irán a ir a parar a un juzgado o a la cárcel. La impunidad en homicidios dolosos en el estado en casi del 98 por ciento, tan sólo de los delitos que se denuncian.

Hay dos factores que muestran la impunidad. Uno es la forma en cómo el crimen organizado puede agredir públicamente sin que las fuerzas de seguridad puedan intervenir. Los dos homicidios de candidatos se dieron enfrente de una gran cantidad de personas, lo mismo en la casa de campaña de Coxquihui como en una caravana en Texistepec.

Hasta ahora en ninguno de los casos, a pesar de haber decenas de testigos, hay un solo detenido o indicios claros de quienes pudieron ser los responsables.

Lo mismo pasa con el delincuente común. Comete el crimen –homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a mano armada, asalto con violencia, entre tantos otros- con la certeza de que no habrá castigo. Que sería un caso excepcional que puedan detenerlo y llevarlo ante un juez; y aun en ese supuesto, seguramente saldrá libre ante la corrupción que prevalece en la Fiscalía y los juzgados.

Incluso, para quien nunca ha cometido un delito de alto impacto, la impunidad fomenta la intención de cometerlo. Después del primer delito, los demás son sólo la consecuencia.

Tercero. A estas alturas seguramente ya tienen indicios de quien está meciendo la cuna de la gobernadora. Y hay varios candidatos, desde los elementos que siguen incrustados en áreas de seguridad e inteligencia, mandos que fueron removidos con la llegada del nuevo gobierno, hasta los enemigos que se esconden de casa.

No faltará quien ponga atención a que mucha de la violencia coincidió –tal vez para su mala suerte- con la reaparición del ex secretario de Gobierno Eric Cisneros.

A diferencia de su antecesor que cada acto de violencia hacia víctima a su gobierno de una campaña sucia o justificaba su incapacidad culpando a los gobiernos anteriores, Rocío Nahle ha salido a dar la cara y afrontar el clima de incertidumbre que se vive en el estado.

Pero el arrojo de la gobernadora no basta. Veracruz sigue derramando sangre.

Marina del Pilar Ávila, la primera de la lista del patíbulo de Morena

El gobierno federal y los más altos personajes se Morena han entrado en pánico a raíz de que el Gobierno de Estados Unidos ha cancelado la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres.

A la Presidenta Sheinbaum y a muchos malandrines poco les importa la suerte de la gobernadora. Lo que realmente les asusta es que María del Pilar podría ser la punta del iceberg, la primera en la lista del patíbulo de Morena que han dado a conocer diversos y bien informados medios de comunicación.

Ávila llegó al palacio de Gobierno en octubre de 2021, tomando el relevo a Jaime Bonilla, ambos de Morena, pero enemigos encarnizados.

La cosa es mucho más compleja que una simple visa. Resulta que Marina del Pilar si siquiera vive en el estado donde gobierna. Su verdadero lugar de residencia está en San Diego, California en EE.UU., a donde decidió mudar a su familia para protegerla de la inseguridad que prevalece en la entidad que gobierna. ¡Hágame el favor!

Según el columnista Mario Maldonado, detrás de las investigaciones contra la gobernadora y de su esposo, que llevaron a la cancelación de su visa, estaría el ex fiscal General del estado, Guillermo Ruiz Hernández, quien fue amenazado y obligado a renunciar en diciembre de 2021, por la mandataria morenista.

El exfiscal habría dado información relevante al Departamento de Estado sobre las actividades de Carlos Torres y habría entregado pruebas de sus presuntos vínculos con el crimen organizado. No se trata de un tema administrativo sin explicación como lo han querido presentar la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Ávila.

A sus denuncias se sumó también el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien también, en su calidad de ciudadano estadounidense, ha colaborado y entregado información sobre los vínculos delincuenciales que llegan hasta la gobernadora Marina del Pilar. Es decir, Morena empinando a Morena.

Pero María del Pilar es apenas la primera de una larga lista de nombres que ya tiene listo el gobierno de Estados Unidos para ir cerrando el cerco del vínculo entre secretarios de estado, gobernadores, ex gobernadores, senadores y diputados, funcionarios federales y hasta alcaldes, la gran mayoría de Morena, y los cárteles del crimen organizado.

Por ejemplo, el columnista Salvador García Soto, asegura que el gobierno de Trump, a través de su poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, ha comenzado la “cacería” de políticos mexicanos que, según sus investigaciones, tienen vínculos con el narco.

En la lista en poder del departamento de Estado figuran al menos 44 nombres de prominentes funcionarios y políticos del gobierno de México. Y aunque los señalados en la que mencionan en Estados Unidos como “la lista de Marco” hay políticos de todos los partidos existentes en México, la mayor parte de los mencionados son militantes activos de Morena.

La existencia de esa lista se confirmó en la práctica con lo que le ocurrió el pasado jueves 17 de abril al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, el también morenista Alberto Granados Favila. Junto con siete colaboradores suyos fue retenido por más de 14 horas en la garita de entrada a Estados Unidos en Brownsville, para informarle que su visa estadounidense había sido cancelada.

Fue sometido a un largo interrogatorio en el que fue necesario que el presidente municipal pidiera el apoyo de la Cancillería mexicana para que lo liberaran en la madrugada del viernes santo. Si a eso se añade lo ocurrido ayer a la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo, está más que claro que la citada “Lista de Marco” existe.

¿Y quiénes son los ángeles morenos que estén en el patíbulo? Bueno, pues cuente usted a los gobernadores mexicanos como la de Baja California, Marina del Pilar; de Sonora, Alfonso Durazo; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Campeche, Layda Sansores; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Nuevo León, Samuel García, quienes aparecerían en dicha lista del Departamento de Estado, junto con exgobernadores como Enrique Alfaro, de Jalisco. Al menos hasta ahora, parece que Cuitláhuac García la ha ido librando.

También, según las fuentes del país vecino citadas por el columnista, figura en la lista el secretario de Educación del gobierno federal, Mario Delgado; la Directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores, y su esposo, el priista de Nuevo León, Abel Guerra; los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y en el Senado de la República, Adán Augusto López. ¿Quién entonces se quedará a cerrar la puerta?

Se cuentan además al menos cuatro generales y militares de alto rango del Ejército mexicano que estuvieron en labores de inteligencia y seguridad en el gobierno. Otro de los nombres que, aseguran las fuentes, más llaman la atención en esa lista del gobierno estadounidense es el del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, actualmente en el retiro, y a quien se sigue vinculando al caso Camarena.

También hay alcaldes enlistados por el Departamento de Estado de Washington entre los que figuran varios de municipios de Tamaulipas, como el ya mencionado Alberto Granados, de Matamoros; de Río Bravo, Miguel Ángel Alvárez; de Ciudad Victoria, Eduardo Gatas; de Ciudad Madero, Erasmo González; de Altamira, Armando Martínez; el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar; el de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval; así como el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas.

Hoy, tras la inédita cancelación de visa a una gobernadora y a un alcalde del partido mayoritario en México, no hay duda de que la “Lista de Marco” existe y que las autoridades de los Estados Unidos han comenzado a aplicarla.

Ya sólo falta saber si en todo ese enjuague también aparece nuestra cabecita de algodón y su familia. No se pierda el próximo capítulo de la novela policiaca “La lista de Marco”.

¿Crisis e inflación en puerta?

 Este lunes, casi a hurtadillas, la presidenta de Claudia Sheinbaum y empresarios firmaron la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). La nota parece no tener la menor importancia si no fuera por los barruntos de tormenta por una eventual crisis económica e inflación.

Sheinbaum detalló que, en el acuerdo con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios, se busca que no aumenten los precios de los 24 productos que conforman a la canasta básica. Por supuesto, esto parece una muy buena noticia.

La cosa es que estos pactos surgidos en los tiempos de Salinas, eran el preludio de la crisis económica. La medida siempre resultaba provisional e insuficiente ante la escalada de precios. Uno de los críticos más feroces de estos pactos de estabilidad económica fue precisamente López Obrador.

Resulta que la primera versión del Pacic fue firmado el 4 de mayo de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como medida para contener el alza de precios impactados por los efectos de la pandemia de Covid-19. Es decir, fue una medida de emergencia para enfrentar la crisis que derivó de la pandemia.

Posteriormente, ya con la administración de Sheinbaum, el acuerdo fue ampliado el pasado 12 de noviembre de 2024 para mantener en 910 pesos o menos el precio de la canasta básica por seis meses más.

La escalada de precios no da tregua en el país. Nomás hay que hacer fila en el súper para darnos cuenta de la escalada de precios de diciembre a la fecha. El índice de inflación ha continuado su escalada por tercer mes consecutivo y se ubica al borde del límite fijado por el Banco de México.

¿Hay que preocuparnos? Tal vez.

La ratonera

¿A qué juega Silvio Lagos? Va a una campaña que nace muerta. Invita a Pepe Yunes a un recorrido por colonias, donde acaso asoman una decena de personas; y el día de ayer tuvo la ocurrencia de levantarle la mano al candidato de MC, el taquero Román Moreno. ¿Hasta dónde es capaz de humillar a los priistas y a los pocos cuadros con prestigio que le quedan?