El gobierno de Donald Trump evalúa la posibilidad de realizar ataques con drones contra los cárteles mexicanos en un esfuerzo por combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, hacia Estados Unidos. Esta iniciativa se encuentra en una etapa preliminar de discusión dentro de la Casa Blanca, el Pentágono y las agencias de inteligencia. La CIA también estaría revisando sus facultades para usar fuerza letal contra los cárteles mexicanos.

Según las fuentes, citadas por la cadena de noticias estadounidense NBC, las discusiones contemplan ataques contra figuras de los cárteles y sus redes logísticas en México, incluyendo la posibilidad de cooperación con el gobierno mexicano. Sin embargo, la acción unilateral encubierta por parte de Estados Unidos no se ha descartado y podría considerarse una opción de último recurso.

Funcionarios de la administración Trump, como el nominado para embajador en México, Ronald Johnson, no han descartado una acción militar unilateral, manteniendo una postura de que «todas las cartas están sobre la mesa».

NBC agregó que la administración Trump incrementó los vuelos de vigilancia sobre México para obtener inteligencia sobre los cárteles, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo ha declarado que estos vuelos se realizan con la aprobación de México.

Sheinbaum Pardo ha mostrado una disposición a cooperar en la vigilancia, lo que representa un cambio respecto a la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de esta cooperación, México sigue siendo sensible a cualquier amenaza de acción unilateral.

Expertos como el exembajador mexicano Arturo Sarukhán han expresado profunda preocupación, señalando que una acción militar unilateral representaría una violación del derecho internacional y un acto de guerra, lo que dañaría gravemente la relación bilateral.

Se argumenta que un ataque militar sin el consentimiento de México violaría el derecho internacional, aunque Estados Unidos podría invocar el derecho a la autodefensa.

Algunos expertos dudan de la efectividad de los ataques con drones como estrategia principal, sugiriendo que podrían ser meramente simbólicos o tener un impacto limitado en la compleja estructura de los cárteles. Además, podría generar reacciones políticas negativas en México y poner en riesgo la cooperación futura. Se señala que el fentanilo, por su naturaleza concentrada y portátil, dificulta la identificación de objetivos logísticos a gran escala.

Durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), existió una cooperación significativa entre Estados Unidos y México contra los cárteles, incluyendo el intercambio de inteligencia y entrenamiento.

Tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, las agencias de inteligencia y unidades militares de Estados Unidos obtuvieron amplias autoridades legales para realizar espionaje y operaciones encubiertas.

Funcionarios de la DEA han expresado optimismo sobre la posibilidad de desestabilizar a los cárteles debido a la mayor cooperación entre Estados Unidos y México y la creciente presión sobre sus operaciones, lo que parece tener a los cárteles desorientados.

La administración Trump ya ha estado destinando recursos militares, de inteligencia y de aplicación de la ley a la lucha contra los cárteles.

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