Va de nuevo lo de la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, en el país que tiene más niños obesos y que ocupa el segundo lugar en adultos con ese problema de salud.

¿Esta vez sí desaparecerá de las tiendas escolares o solo será algo temporal, pues se impondrían los intereses económicos?

Las tiendas en las escuelas, en un gran número de casos, han sido negocio para unos cuantos, principalmente las refresqueras y altos funcionarios del sector educativo.

Si bien algunas, por sus bajas ventas, apuradamente se sostienen, otras tienen altos ingresos y deben aportar sus cuotas a funcionarios.

Unas, como es parte del espíritu de su operación, dan una aportación al plantel y las operan directamente gente de la comunidad donde está asentado el plantel, otras son parte de “cadenas” concesionadas a empresarios que salpican sus ganancias a quienes tienen el poder de otorgar los permisos.

También, muchas, venden la chatarra por órdenes de muy arriba de las autoridades educativas en turno y deben entregar las cuotas a la SEV y no al plantel, para que sea la Secretaría la que reparta (ajá) los recursos. Al menos así operó Educación en el gobierno pasado.

Hay refresqueras, por decir algo, que se arreglan con un funcionario y las escuelas tienen que vender exclusivamente determinada marca y desaparecer a la competencia.

No es tanto que el de la tienda quiera vender refrescos, frituras, galletas con exceso de azúcares, etcétera, etcétera, simplemente ha recibido indicaciones de lo que debe comprar y por lo tanto vender a los alumnos. Esta es la empresa que te va a surtir y punto, es la orden.

El exsecretario de Educación, Zenyazen García, cuando le llovieron críticas e intentó justificarse porque quiso imponer a una marca refresquera, dijo lo siguiente:

Aún no se firma el convenio con la empresa refresquera para que sea la única que venda sus productos y ya me están crucificando.

La empresa ofrece cuatro millones de pesos y dos millones más en imagen, precisó el ahora coordinador de los diputados veracruzanos de Morena.

Y lo dijo a sabiendas del mal que provocan esos productos en la salud de los niños, adolescentes y jóvenes.

¿De qué tamaño es ese problema?

El ISSSTE, en 2016, en comunicado oficial advertía que el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre obesidad, la cual está asociada a diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos óseos y musculares y a algunos tipos de cáncer.

Y exponía esta alerta:

Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de las de hombres en el país.

Ocho años después, es decir el año pasado, el Instituto Nacional de Salud Pública alertó:

La obesidad es el principal problema de salud en México. El 36.9% de los adultos vive en esa condición y en 2030 podría llegar al 45%, el doble que en la década de los ochenta.

Lógicamente no toda esta problemática es asunto de las escuelas y sus tiendas escolares, también la responsabilidad recae en los padres y madres que se desentienden de lo que comen sus hijos -lamentablemente en muchos hogares quisieran tener ingresos para medio comer; ese es otro problema-, pero las autoridades educativas no pueden estar llenándose los bolsillos a costa de contribuir a tener a más de un tercio de la población sufriendo por su salud.

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