Cuentan que, a finales del año pasado, cuando estaba por iniciar su administración, la gobernadora Rocío Nahle les leyó la cartilla a sus futuros colaboradores y les advirtió que tuvieran mucho cuidado con el proceso de entrega-recepción porque si posteriormente se descubrían desvíos y otras irregularidades graves, no sólo se iba a proceder penalmente contra los ex funcionarios responsables sino también contra los que por omisión o comisión habían avalado esas cuentas públicas.

La tarde-noche de ayer, de manera sorpresiva, se anunció la salida de María Esther Reyes González de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), cargo que había asumido apenas el 1 de diciembre del año pasado. Pero, según trascendió, la sucesora de la cuitlahuista Ariadna Selene Aguilar Amaya no “renunció” voluntariamente, sino que de manera literal la tuvieron que sacar a empujones de su oficina.

Su salida se da en medio del escándalo sobre los millonarios contratos adjudicados a empresas de reciente creación en la administración del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien el pasado día 6 de este mes asumió la Dirección General del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de Energía (Sener).

El pasado miércoles 22, durante la comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, se informó que más de 200 contratos fueron adjudicados a empresas con inconsistencias, entre ellas “Soluciones y Milagros”, creada en 2019, meses después de que Cuitláhuac García asumió la gubernatura. La empresa, cuya actividad registrada era la venta de ropa al mayoreo, recibió contratos para proveer insumos como folders, equipo médico, lapiceros y persianas. El coordinador de los diputados federales de Morena y ex secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, negó cualquier responsabilidad en las contrataciones y aseguró que estas dependían de la Oficialía Mayor. “La única que contrata es la Oficialía Mayor. Veracruz es el único estado que tiene Oficialía Mayor. No le corresponde al Secretario, son cosas que ni pasan por la oficina”, declaró el ex titular de la SEV, uno de los más cercanos al ex gobernador García Jiménez.

Durante su gestión, la Oficialía Mayor estuvo a cargo de Aguilar Amaya –una antigua ex compañera de trabajo de Cuitláhuac que le impuso a Zenyazen–, la cual negó también cualquier relación con las empresas señaladas.

“En la Oficialía Mayor no existe ningún contrato ni existió en los seis años con esta empresa. Estoy muy tranquila. En la Secretaría de Educación, en la Oficialía Mayor, no había contratos con empresas ‘fantasma’ y menos con esta que yo no tengo el gusto de conocer”, afirmó Ariadna Selene, actual aspirante de Morena a la alcaldía de Xalapa.

Por su parte, la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, confirmó durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Vigilancia que se investigan ocho presuntas empresas fantasma que habrían recibido contratos por más de 205 millones de pesos durante la administración de Cuitláhuac García, incluyendo “Soluciones y Milagros”.

A su vez, el diputado priista Héctor Yunes denunció públicamente los contratos adjudicados a esta empresa, presuntamente vinculada al morenista Mauricio Gómez Castañeda. “La empresa tenía como objeto social venta de ropa al mayoreo, pero fue contratada para vender folders, equipo médico, lapiceros y persianas”, acusó Yunes Landa.

Anoche, el diario porteño IMAGEN de Veracruz publicó en su edición digital que, de acuerdo con reportes al interior de la dependencia, quien podría asumir interinamente la Oficialía Mayor de la SEV sería el actual director general de Vinculación y Coordinación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Ramón Cardona Mendoza.

No se encubrirá a nadie: Diputado esteban bautista

Ayer, mientras corrían versiones de todo tipo –una de ellas es que los beneficiarios implicados en este escandaloso caso de corrupción habrían ofrecido a la Oficial Mayor de la SEV un “cañonazo” de más de siete ceros para que le diera carpetazo a este candente tema–, el diputado local Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del Estado, adelantó que podrían hacer un exhorto para que las autoridades correspondientes investiguen el uso de presuntas empresas fantasmas en la Secretaría de Educación que denunció la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos.

En entrevista, el legislador sureño manifestó que en el Poder Legislativo no se encubrirá a nadie, toda vez que podría estar involucrado un diputado federal (Zenyazen Escobar, ex titular de la SEV) en las operaciones ilegales que suman más de 200 millones de pesos.

El presidente de la Jucopo dijo que quien esté involucrado en este tema y en esta ilegalidad debe responder ante las autoridades competentes.

“Nosotros no vinimos a encubrir a nadie, quien esté involucrado tendrá que llevarse el caso hasta sus últimas consecuencias legales”, manifestó.

“Sin importar quién esté involucrado, Orfis debe proceder”, enfatizó el diputado local por el distrito de Cosoleacaque, quien acotó que, sin importar cuál ex funcionario esté involucrado, “deberá responder”.

Reiteró que han sido claros que no han venido encubrir a nadie. “Quién esté involucrado en eso, que vaya a sus últimas consecuencias”, dijo.

Veracruz, estado feminicida

Vaya paquetazo que tiene Rocío Nahle como la primera mujer que gobierna Veracruz, una entidad estigmatizada como “feminicida” por el número de víctimas por violencia de género en los últimos años.

Lo paradójico es que los feminicidios siguen repitiéndose en la tierra adoptiva de la mandataria estatal.

El pasado miércoles se informó del hallazgo del cuerpo de la empresaria Suandy Erika Baeza Mayo, de 48 años de edad, dueña de bares y activista social de Coatzacoalcos, quien habría sido amenazada en varias ocasiones por no pagar extorsiones a grupos criminales. Su cadáver, con ataduras de pies y manos, fue hallado en una casa de seguridad de Minatitlán.

Baeza Mayo era comisionada de una agrupación de derechos humanos internacionales, se le identificaba por su labor altruista de entregar comida y ropa para los migrantes. También donaba alimentos y bebidas a las personas con enfermos en el hospital porteño “Valentín Gómez Farías” y a familiares de niños enfermos de cáncer.

La empresaria ya había sido víctima de la inseguridad. El primero de septiembre de 2023, tres sujetos incendiaron su negocio “La Palapa de Solín”, acto relacionado con el cobro de piso. También era dueña de los bares “La Quinta” y “Mezcalito”. Según reseñó la periodista Sayda Chiñas, corresponsal del diario La Jornada, en este último lugar habían sido atacados un mesero y un cliente dentro del inmueble, y luego dos jóvenes fueron secuestrados, apareciendo después sus cadáveres en fosas clandestinas. Este bar había cerrado en un par de ocasiones: primero en 2023, y el pasado 26 de enero anunció en sus redes sociales que concluía operaciones de nuevo. Al día siguiente, la dueña fue “levantada”.

Este último caso desató fuertes críticas contra las lideresas de los organismos empresariales de Coatzacoalcos, las cuales no han dicho nada sobre este vil asesinato. Ni Dalia Karina Ramos Puerto, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Coatzacoalcos, ni Lourdes Hidalgo Carrión, representante de los restaurantes y bares del antiguo Puerto México. Tampoco Claudio Velasco Martell, líder regional del Consejo Coordinador Empresarial.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de la Universidad Veracruzana (UV), la entidad acumulaba hasta septiembre del año pasado 43 feminicidios, cifras que colocaban a Veracruz en los primeros lugares a nivel nacional.

Sin embargo, las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública no concordaban con las de la UV. Con el asesinato de Roxana Ruiz Custodio, de 22 años de edad, ocurrido el lunes 16 de septiembre en Minatitlán, el SESNSP elevó sólo a 30 el número de feminicidios, pero en esa fecha tenía registradas más de 249 desapariciones en el primer semestre de 2024.

Por esas fechas, según el Observatorio de la UV, la entidad veracruzana se ubicada entre las primeras cinco con más carpetas de investigación por el delito de feminicidios en México y ocupaba el lugar 13 en incidencia de este delito con una tasa de 0.64 por cada 100 mil mujeres, esto de acuerdo con el reporte de información sobre violencia contra las mujeres del propio gobierno federal.

Esta semana, el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, resaltó que en nueve años el índice de feminicidios en México ha crecido 101.7 por ciento. ¡Terrible!