El jueves pasado presenté, junto a mi compañera diputada Ana Rosa Valdés, una iniciativa de reforma a la Constitución para darle a los municipios veracruzanos un trato de ‘mayor de edad’, garantizando una verdadera autonomía sin tutelas políticas o administrativas del poder ejecutivo o el propio Congreso.

La propuesta no está a discusión. Se trata de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver una omisión legislativa, por lo que deberá ser aprobada para convertirse en parte sustantiva de la Constitución veracruzana.

Sólo un municipio verdaderamente autónomo podrá garantizar servicios de calidad, brindar seguridad jurídica y económica, sin estar sujeto al autoritarismo del resto de los poderes y órganos de gobierno.

Una vez aprobada la reforma que hemos propuesto -actualizar los artículos 33 y 41 de la Constitución Política del estado-, se podrá dotar a los municipios y a sus gobiernos de mayor autonomía en sus determinaciones y decisiones relativas a la administración de sus bienes.

De esta forma, con plena libertad, los Ayuntamientos podrán aprobar la enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que forme la hacienda municipal.

Así también, la transmisión en forma gratuita o donación de la propiedad, así como el uso o disfrute de los bienes del municipio y las concesiones de prestación de servicios públicos que les corresponda, sus prórrogas y cancelaciones.

En consecuencia, ya no sería atribución del Congreso del Estado autorizar a los ayuntamientos la contratación de obras y servicios públicos, cuando adquieran obligaciones que excedan al período constitucional de gobierno. Atrás quedarán la tutela administrativa y la coerción política.

No se trata una libertad absoluta sino una autonomía plena. Se trata de un derecho, no de una concesión.

No habrá una patente de corso ni una “licencia para robar” a quienes encabezan y dirigen el gobierno municipal, en la falsa percepción de que se eliminan mecanismos de control para transparentar el uso de los recursos públicos y la administración del patrimonio municipal.

Para eso están los órganos fiscalizadores. Serán ellos los encargados de vigilar la transparencia y legalidad de los procesos. Estamos cerrando el paso a la tentación del moche y el capricho personal de quienes gozaban de esa prerrogativa.

Somos congruentes con la historia de nuestro estado y honrar nuestra tradición federalista.

Basta recordar que el primer municipio de México fue fundado en 1519 y se le dio el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz. La fundación del municipio de Veracruz marcó el inicio del sistema de organización política y administrativa en México, estableciendo el primer Ayuntamiento y sentado las bases para la creación de otros municipios en el país.

Hemos cumplido con la Corte y con Veracruz.

El municipio será verdaderamente libre cuando alcance su autogobierno y una mayor autonomía, para así consolidarse como un verdadero orden de gobierno, tal y como lo establece la Constitución.

La puntita

¿De qué nos hablará el titular de Segob, Carlos Juárez Gil, en su comparecencia ante el Congreso? ¿De sus ranchos y caballos pura sangre? ¿de los muertos de Totalco? ¿De la cueva de ladrones que han convertido al Registro Público y al Registro Civil? Poco les importa. Ya se van.