Hace un par de semanas, en su gira de agradecimiento al municipio de Poza Rica –región del norte de Veracruz asolada por criminales que masacran y últimamente han secuestrado a cuatro funcionarios municipales–, la gobernadora electa Rocío Nahle informó que está en proceso la reestructuración del programa de seguridad en la entidad y que tomarán como ejemplo estrategias aplicadas en Yucatán que es la entidad más segura del país.

En efecto, el estado peninsular que del 1 de octubre de 2018 hasta el 29 de agosto de este año gobernó el panista Mauricio Vila Dosal –actual senador plurinominal–, se refrendó como el estado más seguro del país al registrar la menor incidencia delictiva. Los crímenes en la entidad incluso han reportado un récord. Además de demostrar que el buen manejo de las instituciones de seguridad es un factor que mantiene la calidad de vida y la tranquilidad de la población.

En su informe del pasado mes de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que el dato de incidencia delictiva en la entidad era nueve veces menor al obtenido a nivel nacional, confirmando que las acciones realizadas para mantener la paz y tranquilidad en Yucatán dan resultados.

De igual manera, el estado obtuvo el primer lugar con menor tasa de homicidios dolosos con 1.05 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual es más de 10 veces menor a la nacional de 11.37 casos, así como en tasa de robo de vehículo: 1.13 casos, mientras en el país es de 39.29 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto al delito de extorsión reportó 0.04 casos por cada 100 mil habitantes, cuando a nivel nacional es de 4.51 casos por cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, Yucatán se colocó en el segundo sitio con menor tasa de robo a casa habitación con 1.73 casos por cada 100 mil habitantes, logrando un mínimo histórico, mismo que es mucho menor a la nacional de 20.67 casos por cada 100 mil habitantes. Y, en robo a transeúnte, el estado se colocó entre los tres con menor incidencia, al registrar 0.81 casos por cada 100 mil habitantes, siendo el menor dato en su historia y quedando muy alejado del índice nacional de 27.72 situaciones. En feminicidios solamente registró 0.32 casos por cada 100 mil mujeres, mientras que el número nacional es de 0.69 casos.

Para lograr estos índices de seguridad, el gobierno del panista Vila Dosal creó la estrategia “Yucatán Seguro”, que dotó de equipamiento, tecnología y sólida capacitación a la policía. Además, de dos mil 248 cámaras de videovigilancia pasaron a seis mil 775 y, de 100 arcos carreteros, a 219. También se creó el C5i y la Academia de Policía pasó a ser Universidad Policiaca. Se adquirió un moderno helicóptero Bell 429, considerado el mejor equipado en su tipo en toda Latinoamérica, y se les entregó lanchas rápidas.

Pero otro factor relevante es que los agentes tienen salarios competitivos, pueden acceder a atención médica privada en caso de accidentes de trabajo y disponen de créditos del Infonavit para vivienda propia. También se les otorgan becas para la universidad a sus hijos del 10% de inscripción y colegiatura, con un apoyo bimestral de dos mil 600 pesos si demuestran su admisión a cualquier institución privada o pública. Al personal de Seguridad Pública se les otorga de manera gratuita el servicio de transporte público y la tarjeta “Héroes Ciudadanos” para que reciban, junto con los del sector Salud, descuentos en más de mil establecimientos.

Pero lo más importante: en Yucatán, a diferencia de Veracruz, el gobernador y su jefe policiaco no han dejado que se arraiguen ni proliferen células de grupos criminales.

Hasta ahora, por ejemplo, se ignora la verdadera causa por la que hace dos años, el 20 de octubre de 2022, renunció sorpresivamente el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, un ex funcionario procedente de Monterrey al que se le vinculó con el crimen organizado.

El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo Guacamaya puso al descubierto una investigación hecha por el área de inteligencia del Ejército, en la que señalan que funcionarios del gobierno actual de Veracruz estarían coludidos con grupos criminales y cárteles del narcotráfico, cuya entrada o permanencia habrían permitido en la entidad.

De acuerdo con el documento filtrado por los hackers de Guacamaya, el Cártel del Noreste, que opera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas y que estaría integrado presuntamente por antiguos Zetas, habría ingresado a la entidad veracruzana tras la llegada del morenista Cuitláhuac García a la gubernatura en 2018. Presumiblemente este grupo criminal estaría coludido con miembros y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, y se habría infiltrado a la Fuerza Civil y la Policía Estatal.

Ante estas revelaciones, el mandatario García Jiménez replicó que su gobierno, así como la SSP al mando de Gutiérrez Maldonado –a quien vinculaban familiarmente con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador–, habían combatido a todos los grupos delincuenciales por igual, y que la entrada de las bandas criminales a la entidad se dio durante los gobiernos del PRI y del PAN, una excusa que luego de cuatro años en el poder no tenía fundamento.

Ahora, con Nahle, se espera mejor coordinación y más apoyo del gobierno federal en esta materia. La virtual gobernadora de Veracruz se ha reunido con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y se prevé que sea él quien le recomiende al próximo titular de la SSP de Veracruz, que podría salir de las filas de la Sedena o de la Marina Armada de México, lo que tampoco es una garantía, pues ya se han tenido como jefes policiacos a generales y marinos, como el actual, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, un oaxaqueño que ni siquiera ha podido acabar con los excesos policiales ni con la abusiva mafia de los concesionarios del servicio de grúas y corralones.

Que Ulises Rodríguez Landa por mero se ‘pela’

Por cierto, nos comentan que quien acaba de pasar por un serio problema de salud es el jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ulises Rodríguez Landa, quien recientemente estuvo internado en un hospital fifí de la ciudad de Puebla por una severa afección cardíaca.

¿Qué le preocupará al ex priista Rodríguez Landa, si, como ya se sabe, está “blindado” políticamente como suplente del diputado federal plurinominal de Morena, Eleazar Guerrero Pérez, ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan?