El martes pasado, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Fiscal en turno de la Unidad integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Boca del Río, fue presentada una denuncia en contra de Litzahaya Olivares Ariza, quien en el momento de los hechos fraudulentos era oficialmente la “Encargada de Despacho” de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz. Se abrió la carpeta FECCEV/571/2024.

La querella es por la presunta falsificación de documentos, ejercicio indebido o abandono del servicio público, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, cohecho, intimidación, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, prevaricación equiparada y/o los demás delitos que resulten.

El denunciante es José Manuel Fernández Cabrera, quien el 29 de agosto de 2016 adquirió un predio en la zona denominada “La Pichancha”, de la Antigua Hacienda Santamaría Buenavista, del municipio de Alvarado, con una superficie de 826 metros cuadrados. Dicha compra fue avalada por el instrumento público número 106,261 expedido por el entonces notario porteño Pablo Manuel Pérez Kuri, quien falleció en febrero de 2023. Quedó inscrito en forma definitiva bajo el número 2909 el 3 de abril de 2020 en el Registro Público de la Propiedad de la II Zona, de Boca del Río.

La denuncia causará revuelo por evidenciar una impresionante red de corrupción que se tejió al amparo del poder, en una inimaginable alianza de morenistas con panistas del municipio boqueño, coludidos con autoridades municipales del puerto de Alvarado que en su momento presidió Octavio Ruiz Barroso y que incluye también a Gustavo Pavón Alemán como registrador de la propiedad del Registro Público de Boca del Río; a Arturo Nolasco Márquez, Oficial del Registro Público de la Propiedad en esta misma demarcación, y a Joaquín Tiburcio Galicia, titular de la Notaría número 17 en el puerto de Veracruz y hermano de la Síndica única del Ayuntamiento de Boca del Río, Susana Tiburcio Galicia.

También han sido denunciados los hermanos Javier y Luis Eusebio Barquín Gómez, empresarios que han sido motejados como “Los Reyes de la Riviera de Alvarado”, quienes son señalados de adjudicarse fraudulentamente 26 mil metros cuadrados del Golfo de México a la carretera federal y han lotificado y escriturado, en una amplia red de complicidades, más de 150 mil metros cuadrados sobre lo que aparece en los documentos originales. Si esta cantidad de terrenos se está vendiendo en unos 5 mil pesos por metro cuadrado, el monto promedio ascendería a 750 millones de pesos.

De ese tamaño es el negocio que se ha cuajado gracias a las complicidades que en su momento tejió el alcalde de Alvarado, Tavo Ruiz Barroso, primo del ex munícipe Bogar Ruiz Rosas, también involucrado en hechos que fueron consentidos por la actual presidenta municipal Lizette Álvarez Vera, del PVEM. Pero la línea de operación de este descomunal fraude apunta al municipio de Boca del Río que preside el alcalde panista Juan Manuel Unanue Abascal –actualmente de viaje de asueto por Madrid, España–, cuyo suplente es José Antonio Gómez Ruiz, ex secretario del ayuntamiento en la administración municipal del actual senador Miguel Ángel Yunes Márquez y esposo de Susana Tiburcio, quien fue impuesta en la Sindicatura como pieza estratégica con el apoyo de su hermano el notario, con gran influencia en el panismo boqueño, y de los magnates inmobiliarios Javier y Luis Eusebio Barquín Gómez.

Gómez Ruiz, el influyente cónyuge de la síndica en funciones –que ha sido además director municipal de Desarrollo Económico y Turismo, director del World Trade Center, y Jefe de Gabinete, entre otros cargos– es incluido en esta red de corrupción que fue posible gracias a las complicidades que se han tejido entre los panistas que han tenido el control político en los últimos años en esta zona conurbada Veracruz-Boca del Río, algunos de los cuales podrían seguir los pasos de los Yunes de El Estero y enrolarse en las filas de Morena o de sus partidos aliados en busca de impunidad.

Y es que ha trascendido que los cercanos a Rocío Nahle atribuyen casualmente a este grupo de interés haber filtrado en la reciente campaña electoral la información de las presuntas propiedades de la entonces candidata morenista a la gubernatura en el exclusivo fraccionamiento “El Dorado”, en Boca del Río. Según la versión que corre, los datos catastrales habrían surgido de ese círculo y particularmente de Litzahaya Olivares, quien supo de primera mano de los negocios inmobiliarios de su entonces jefe político Eric Cisneros Burgos y de José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora electa y compañero de francachelas del ex secretario de Gobierno actualmente exiliado en el estado de Yucatán.

¿Sabrá algo de esto David Agustín Jiménez Rojas, quien de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz saltó como comisionado al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el cual preside desde junio de 2023?

Por cierto, Jiménez Rojas, quien presume de ser muy allegado al esposo de Nahle, asegura a sus amigos más íntimos que del IVAI pasaría a sustituir a Verónica Hernández Giadáns en la Fiscalía General del Estado. En caso de que se concretara su aspiración, ¿procederá contra Litzahaya Olivares, quien presuntamente guarda expedientes de otros fraudes atribuidos a su antecesor?