El caso del empresario de la región de Córdoba, Joaquín Rodríguez Fernández, defraudado por su hermano Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel –quienes han buscado el encubrimiento de la justicia veracruzana a pesar de las pruebas con las que se cuentan del daño causado en un fraude genérico y fraude procesal por más de 40 millones de pesos–, está tomando un nuevo giro.

Según diversas fuentes consultadas, además del proceso penal 97/2023 por los delitos mencionados, se ha abierto una línea de investigación en contra de este empresario y sus hijas, por presuntos delitos de lavado de dinero por una empresa arrocera que vendieron y cuyo monto de operación financiero fue maquillado para evadir al fisco, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya se encuentran investigando el caso para hacer valer la ley que en Veracruz ha sido muy complaciente y dilatoria.

Apenas el 12 de septiembre pasado, en el Juzgado de Procesos Penales del puerto de Veracruz, se llevó a cabo una audiencia de imputación que duró más de 20 horas, en contra de Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel por los presuntos delitos de fraude genérico y fraude procesal, cometidos en agravio de Joaquín Rodríguez Fernández y en contra de la fe pública y administración de justicia.

Los montos defraudados rebasan los 40 millones de pesos en agravio de Joaquín Rodríguez Fernández, quien de buena fe confió en sus familiares, pero éstos perversamente lo traicionaron. Esta práctica al parecer es común de sus parientes, pues nos aseguran que ya han tenido otras denuncias parecidas, las cuales se pueden localizar en Plataforma México.

En la exhaustiva audiencia, la juez Ana Xitlalic García Espinoza determinó que los acusados tendrán que acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes a la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Supervisión Condicional de Proceso. Además, impuso una fianza de 300 mil pesos a cada uno de los acusados.

Con estas medidas, los defraudadores se encuentran ya vigilados, pero podría dictárseles “prisión justificada” si no se presentan a firmar en las fechas indicadas al inicio de cada mes. Sin embargo, por su nacionalidad española, los acusados podrían abandonar el país para evadir la justicia, lo que seguiría dejando mal paradas a las autoridades veracruzanas ministeriales y judiciales.

El agraviado espera que la Fiscalía actúe con más severidad, pues estos personajes de origen español han defraudado también a varias personas y han hecho su coto de poder en la región de Córdoba donde tienen una empresa de transportes y sorprenden a algunas personalidades de la zona donde poseían una arrocera que presuntamente Manuel Rodríguez utilizó para lavar dinero y evadir al fisco, tal y como se consigna en la investigación que está en curso y que pronto saldrá a la luz.

En el legajo judicial de 117 páginas ha quedado muy claro para los juzgadores la maraña que el empresario de origen español y sus hijas elaboraron para defraudar a su propio familiar, hecho que inició el 29 de mayo de 2015 en las instalaciones de la empresa denominada “Materiales de Aceros Tucanes S.A. de C.V.” ubicada en la avenida Miguel Alemán número 3800 del puerto de Veracruz. Hubo documentos firmados de por medio, los cuales han sido clave para desenmarañar este fraude.

Estos delitos están muy bien tipificados y sancionados en los artículos 216, 217, 333 y 337 del Código Penal para el Estado de Veracruz. En este último artículo, se precisa que quien simule actos jurídicos, cualquier elemento de pruebas para obtener una resolución judicial o administrativa de la que derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido se le impondrán de seis meses a 5 años de prisión y multa de hasta 40 días de salario mínimo. Sin embargo, la justicia veracruzana ha sido muy complaciente con este empresario defraudador y sus hijas.

¿Quién protege a Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel si el que mandaba en la Fiscalía General del Estado, a cargo aún de Verónica Hernández Giadáns, era don Eric Cisneros Burgos, el ex secretario de Gobierno que desde principios de este año tuvo que irse exiliado políticamente al estado de Yucatán? ¿Entonces qué influyente personaje morenista de la más alta esfera política veracruzana estará protegiendo a estos individuos al boicotear presuntamente la acción de la justicia?

De acuerdo con la versión fidedigna de un testigo que estuvo presente en la exhaustiva audiencia de imputación que duró más de 20 horas en el Juzgado de Procesos Penales del puerto de Veracruz, entre las 10 de la noche del jueves 12 de septiembre y las 5:00 horas de la mañana del viernes 13, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, le contestó las llamadas al desesperado Ricardo Aguilar, abogado defensor de Manuel Rodríguez Fernández, quien en pleno juicio, con el altavoz de su teléfono celular en el pasillo del Juzgado, ante todos los presentes, incluidos el agraviado y los acusados, le gritó al líder del grupo legislativo de Morena en cuanto se dio a conocer que se les vinculaba a proceso a los imputados: “¡Mis clientes están muy encabronados porque se te entregaron siete millones de pesos que, dijiste, uno era para la Fiscalía, otro para la juez y cinco para Rocío Nahle! Entonces, si tú no los entregaste y por eso los están vinculando (a proceso), mis clientes van a hacer público lo que te dieron!”

Nos comentan que el diputado oriundo de Hueyapan de Ocampo, que supuestamente está por asumir una súper delegación del gobierno federal, habría contestado palabras más, palabras menos: “No te preocupes, y cálmalos. Ese asunto yo lo resuelvo como nos comprometimos. Búscame mañana, porque por la hora ahorita ya no me contestan en el Tribunal (Superior de Justicia del Estado) ni en la Fiscalía…”

Vaya incongruencia la de Gómez Cazarín, quien no sólo el sábado 20 de mayo de 2023 participó en la manifestación de funcionarios y militantes morenistas veracruzanos ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, la cual fue muy criticada porque llevaron dos ataúdes con la leyenda “SCJN” grabada, uno de los cuales tenía la fotografía de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, sino porque ahora la Legislatura local que lidera fue de las primeras en aprobar la reforma constitucional del Poder Judicial avalada previamente por ambas cámaras del Congreso de la Unión, la cual fue impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador con el argumento de acabar con la corrupción de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, y la que fue posible destrabar con el voto 86 del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien tanto repudia el coordinador de la diputación de Morena en Veracruz.

Granjas carroll, en pro de la reforestación

Ahora una buena noticia.

Nos reportan que hace unos días, Granjas Carroll de México (GCM) llevó a cabo su jornada anual de reforestación en el ejido Tenextepec, del municipio de Perote.

En colaboración con el Ayuntamiento peroteño, ejidatarios de esa comunidad y diversas corporaciones del sector privado, la empresa porcícola logró plantar más de 15 mil árboles, reafirmando su compromiso con la participación en la protección y restauración de los ecosistemas locales.

Según nos puntualizan, el compromiso de GCM con la reforestación y el medio ambiente no es nuevo. A lo largo del año, la empresa ha reforestado más de 20 hectáreas en sus sitios de producción en los estados de Veracruz y Puebla. Además, cuenta con un vivero forestal con capacidad para producir 45 mil plantas anuales, lo que permite satisfacer la demanda local y donar excedentes a áreas protegidas como el Parque Nacional Cofre de Perote.

El mensaje es claro: el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente no son excluyentes, sino complementarios. A través de estas acciones, la empresa no solo mejora el entorno natural de las comunidades en las que opera, sino que también fortalece los lazos con las autoridades locales y el sector privado, demostrando que el trabajo conjunto es clave para alcanzar un futuro sostenible.

En un mundo cada vez más consciente de la crisis climática, el ejemplo de Granjas Carroll es un recordatorio de que las empresas pueden ser motores de cambio positivo. Este tipo de iniciativas no solo benefician al medio ambiente, sino que también generan un impacto social y económico duradero en las comunidades rurales, asegurando un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

El evento de reforestación de GCM en el ejido Tenextepec es una muestra palpable de cómo la colaboración entre empresas, autoridades y ciudadanos puede generar beneficios tangibles para el medio ambiente.

Sin duda, Granjas Carroll sigue siendo un referente empresarial en responsabilidad social y ambiental en México, y su compromiso con la reforestación y la biodiversidad es un ejemplo que muchas otras empresas deberían seguir.