Desde anteayer, el presidente López Obrador lanzó los primeros anuncios promocionales con motivo de su sexto y último informe de gobierno, tal como lo permite el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que establece que “para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”.

Sobre el rubro de la educación, que “crea futuro”, el mandatario destaca que además de los nuevos libros de texto y de la basificación de un millón de maestros, en su administración se echaron a andar 203 universidades. Obviamente se refiere a la Universidad del Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ), creada como uno de los 30 programas prioritarios de su gobierno con el objetivo de ampliar la oferta de educación superior de manera gratuita, particularmente en comunidades marginadas que no tienen acceso a ella.

En 2019 la UBBJ fue dotada de mil millones de pesos para establecer 100 planteles alrededor del país y arrancar este nuevo sistema de universidades. En 2022 ya sumaban 145 las sedes con más de 60 mil estudiantes, y la directora del programa, Raquel Sosa, anunció que se establecerían 55 nuevos planteles para 2023. Ese año, el gobierno federal cumplió su promesa de campaña y logró las 200 sedes, pero a un alto costo que impactó en la calidad educativa.

Y es que las UBBJ han sido señaladas por falta de docentes, poca claridad en los programas, datos insuficientes sobre el total de alumnos beneficiados, así como mala ubicación y condiciones en las sedes. A pesar de tener un número considerable de alumnos inscritos, en comparación con otras universidades del país, la UBBJ tiene una plantilla de maestros reducida en proporción a los alumnos inscritos. Mientras que universidades como la UNAM o el IPN tienen 19 docentes por cada 100 alumnos, la Universidad del Bienestar cuenta con apenas dos docentes por cada 100 alumnos, lo que evidentemente resulta insuficiente para atender a todo su alumnado y cumplir con los programas de estudio.

El año pasado, alumnos del plantel de Tlalpan, en la Ciudad de México, protestaron en Palacio Nacional demandando mayores recursos para la Universidad y la contratación y capacitación de docentes suficientes para cumplir con los cursos.

Asimismo, desde abril de 2023, la UBBJ fue señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por incumplir con la entrega de títulos universitarios a jóvenes que habían cumplido con los requisitos necesarios para graduarse.

La semana pasada, en Minatitlán, egresados de la UBBJ se manifestaron pacíficamente en las afueras de las instalaciones ubicadas en la colonia 20 de Noviembre para demandar que les entregaran sus títulos y cédulas profesionales porque sin dichos documentos no pueden empezar a laborar.

Según declaró Hezael Martínez Villela, alumna de la primera generación, este es un problema a nivel estado y que, en el caso de Minatitlán, ya son cinco generaciones con un promedio de cien ex alumnos que culminaron sus carreras.

Batea ministro al PAN y a la presidenta de la corte

El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá –a quien el pasado viernes la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con base al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos, le turnó el recurso presentado por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, para el estudio del caso y para que elabore el proyecto sobre la polémica asignación que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) de diputaciones y senadurías plurinominales– afirmó este martes que se tomará “el tiempo debido” para estudiar el expediente iniciado por el partido blanquiazul para aclarar el criterio sobre el reparto de curules y escaños por el principio de Representación Proporcional.

Además, de manera categórica, el Ministro enfatizó que cualquier criterio de la Corte no será retroactivo, no podría afectar el proceso electoral en curso y no puede reemplazar las decisiones que tome la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre asignación de diputados y senadores que está por determinar en su sesión de este miércoles.

González Alcántara tuvo una breve intervención pública luego que sus colegas votaron por suspender ayer la sesión del Pleno, en solidaridad con empleados del máximo tribunal que se manifestaron contra la reforma judicial.

“Se han generado expectativas y confusiones en torno al alcance del medio de control invocado que pueden resultar más nocivas que enriquecedoras, en un contexto como el actual, a horas o días de que la Sala Superior del TEPJF resuelva en forma definitiva e inatacable las ultimas impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores”, argumentó.

“Me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto al Pleno, pero éste no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior del TEPJF en lo que a su competencia corresponda”, explicó.

La aclaración de que se tomará el tiempo necesario para estudiar la contradicción de criterios planteada por el PAN, indica que la Suprema Corte no resolverá el tema antes de mañana jueves 29, fecha límite para que el TEPJF defina si Morena y sus aliados podrán conservar los 364 diputados que les asignó el INE.

La jurisprudencia que la Corte llegue a emitir, derivada de la contradicción que denunció el PAN, no podría aplicar a sentencias ya dictadas por el TEPJF.

“Sin adelantar mi criterio, y repito, sin adelantar mi criterio sobre un tema que me encuentro todavía estudiando, habría que recordar que las contradicciones de criterios no son retroactivas por mandato Constitucional, y que, en específico, el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en el artículo 105 Constitucional, que regula puntualmente nuestro modo de actuar”, puntualizó el Ministro.

González Alcántara recordó que el TEPJF es la máxima autoridad para resolver sobre la asignación de diputaciones y senadurías, mientras que la atribución de la Corte se limita a la revisión en abstracto de la constitucionalidad de las leyes electorales.

“Sobre todo, la Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer en última instancia sobre la debida asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica”, sostuvo.

“Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda de que yo seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial especifica. Cada órgano del Estado Mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere”, concluyó el Ministro, en lo que él mismo describió como una intervención atípica.

En su impugnación, el PAN afirma que debe prevalecer jurisprudencia que la Corte fijó en 1998, según la cual el tope a la sobrerrepresentación aplica tanto a partidos como a coaliciones.

El TEPJF, sin embargo, ha sostenido desde 2018 que el tope sólo es para partidos, criterio que aplicó el INE el viernes pasado cuando asignó a Morena y sus aliados 364 de las 500 diputaciones federales.

El artículo 99 de la Constitución faculta a la Corte para fijar el criterio definitivo, pero sólo para casos posteriores a su sentencia.

González Alcántara fue postulado a finales de 2018 a la Corte propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha votado consistentemente en contra de reformas legales del actual gobierno morenista en los últimos años. También ha sido uno de los críticos más duros de la reforma judicial que está a punto de ser aprobada por las bancadas de Morena y sus aliados PT y PVEM.