La semana pasada, directivos de las cúpulas empresariales y representantes de la sociedad civil de Coatzacoalcos se reunieron con el capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, secretario de Seguridad Pública del estado, para manifestarle, una vez más, el hartazgo de comerciantes, industriales y población en general que siguen siendo víctimas de extorsión por parte de los grupos criminales asentados en esa región.

A esta mesa de trabajo con el titular de la SSP asistieron Sergio Plata Azpilcueta, del Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos; Rafael Mendoza Ceballos, de la delegación regional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); Jorge López Santana, de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), y Renato Riverol Rivera, del Observatorio Ciudadano.

¿Alguien cree de verdad que Zúñiga Bonilla va a resolver en los próximos tres meses que le restan a la administración del gobernador Cuitláhuac García este arraigado cáncer social? Francamente se duda, ya que lo que el jefe policiaco no hizo en los años anteriores, cuando se desempeñó como subsecretario de Operaciones, difícilmente lo hará ahora como titular de la SSP, ascenso que recibió desde octubre de 2022 tras la renuncia de Hugo Gutiérrez, un abogado oriundo de Nuevo León.

Y, para desaliento de los representantes empresariales del sur del estado, la semana pasada corrió la versión de que Gutiérrez Maldonado podría regresar nuevamente a Veracruz para hacerse cargo de la SSP en el siguiente sexenio. Allegados a la gobernadora electa Rocío Nahle no descartan esta posibilidad dado el parentesco del ex jefe policiaco con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, la cual mantiene una relación cordial con la ex secretaria de Energía.

Además, algo que une también al ex titular de la SSP con Nahle es la enemistad común que mantienen ambos con el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, al cual se atribuye la abrupta renuncia de Hugo Gutiérrez en octubre de 2022.

El único “problemita” que podría complicar el supuesto retorno a Veracruz del abogado regiomontano sería un informe desfavorable que tendría en contra de él la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la que el sexenio entrante asumirá el control total de la Guardia Nacional, por lo que, aunque Nahle ya se reunió con Omar García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aún falta que la presidenta electa Claudia Sheinbaum designe al nuevo jefe militar.

Hace dos años, el grupo de hackers Guacamaya Leaks extrajo información confidencial de la Sedena, entre ellos un informe sobre una investigación realizada a funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz que, presuntamente, estaban coludidos con miembros del crimen organizado y cárteles del narcotráfico a los que dejaron entrar y operar impunemente en la entidad.

De acuerdo con el documento filtrado que reprodujeron varios medios de comunicación, el Cártel del Noreste habría ingresado a Veracruz tras la asunción del morenista Cuitláhuac García Jiménez a la gubernatura en diciembre de 2018, ya que, presuntamente, este grupo criminal con presencia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, estaba coludido con miembros y mandos de la SSP y había infiltrado a la Fuerza Civil y la Policía Estatal.

Obviamente el mandatario estatal de Morena lo negó y salió en defensa del regiomontano, quien sorpresivamente días después renunció tras un fuerte diferendo con el entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros, precisamente por supuestos desacuerdos con los grupos delincuenciales que operan en la entidad.

¿Revertirá la corte sobrerepresentación?

Anoche, trascendió que la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), había admitido a trámite un recurso del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por lo que el Alto Tribunal se pronunciará sobre los criterios para la asignación de diputaciones y senadurías por la vía plurinominal.

La noticia debió caer como bomba en Palacio Nacional, en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el bunker de Morena, cuyos dirigentes, diputados federales y senadores quieren darle como regalo de despedida al presidente López Obrador la aprobación fast-track de su paquete de reformas que se apresta a aprobar la siguiente legislatura que entra en funciones el 1º de septiembre próximo, entre ellas la reforma al Poder Judicial de la Federación y la extinción de media docena de órganos autónomos que podrían ofrendarle al Ejecutivo federal si es que la bancada obradorista y sus aliados del PT y PVEM conservan la mayoría calificada que el Instituto Nacional Electoral (INE) les concedió con la polémica asignación de las diputaciones plurinominales, mientras que en el Senado solamente les faltaron tres escaños, aunque ayer el chiapaneco Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en la Cámara alta, presumió que ya tenían los tres votos que les faltaban.

Según la nota del reportero Rubén Mosso, del diario Milenio, la ministra Piña publicó en listas judiciales un acuerdo, en el que determinó dar entrada a la denuncia de contradicción de tesis sobre el tema.

“Se actualiza la competencia de este Alto Tribunal para conocer de la denuncia de posible contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se admite a trámite”.

El diario capitalino informó que la presidenta de la SCJN ordenó que el asunto sea turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, con base al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos, para el estudio del caso y para que elabore el proyecto.

Asimismo, solicitó que las sentencias dictadas en la acción de inconstitucionalidad 6/1998 del Alto Tribunal y en el recurso de reconsideración SUP-REC-943/2018 y sus acumulados y en el recurso de apelación SUP-RAP-385/2023 y su acumulado, del índice de la Sala Superior del TEPJF, sean turnados al ministro.

Milenio reseñó que la mencionada acción de inconstitucionalidad fue presentada en su momento por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra un artículo del Código Electoral del estado de Quintana Roo, donde la ministra ponente fue Olga Sánchez Cordero.

En aquella ocasión, con 11 votos, la Corte declaró la invalidez de la fracción III del artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la mencionada entidad.

“En estas condiciones y considerando que el principio de proporcionalidad tiende a procurar que todos los partidos con un porcentaje significativo de votos puedan tener representatividad en la Legislatura, acorde con la votación que cada uno haya logrado y en función del número de diputaciones a repartir por dicho principio, se llega a la conclusión de que los criterios fijados por el artículo 229, fracción I, del Código Electoral estatal, contravienen el principio de representación proporcional”.

“Ya que se alejan de los lineamientos generales dados por la fracción III del artículo 54 de la Constitución Federal; por cuanto fija un número mínimo de constancias de mayoría como condición y factor para la asignación de diputados de representación proporcional, y establece un porcentaje determinado del 40% de la votación total de la elección de diputados, que no atiende a la votación total obtenida por cada partido, lo cual no es acorde con la representatividad que cada uno tiene y que puede producir la sobrerepresentación del partido mayoritario”, detalla el engrose de la sentencia.