Como parte del paquete de reformas enviado al Congreso por el presidente López Obrador, la Cámara de Diputados examina un dictamen que propone la eliminación de siete organismos autónomos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El viernes 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja aprobó en lo general dicho dictamen, con 22 votos a favor de los 39 legisladores presentes, y 17 en contra. Durante la sesión se presentaron 57 reservas.

El tema pasará al pleno para su discusión, y se prevé que, durante el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre, las modificaciones sean aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados.

Entre los argumentos de los legisladores oficialistas se destaca el significativo ahorro que representaría la eliminación de estos organismos para las finanzas públicas. Además, señalan el exceso de burocracia y trámites, argumentando que esta reforma facilitará una administración más eficiente.

Por otro lado, los opositores advierten que la eliminación de estos órganos reguladores podría poner en riesgo el equilibrio de poder en el país. Argumentan que esta medida representa un retorno al centralismo y al control absoluto de la Presidencia, además de aumentar la opacidad gubernamental.

Por ejemplo, la Cofece y el IFT fueron creados con el fin de regular sectores estratégicos con criterios técnicos en lugar de políticos. El INAI, por su parte, se encarga de promover la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, garantizando el acceso ciudadano a la información pública. El Coneval no solo mide, sino que también evalúa la eficacia de las políticas contra la pobreza.

El centro del debate radica en la eficiencia con la que estos organismos han sido gestionados, lo cual parece influir en su posible desaparición.

Tras conocerse el resultado de la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales, tanto el IFT como el INAI se manifestaron en contra de su eliminación; sin embargo, es poco probable que el Gobierno Federal revierta su decisión.

Este cambio de rumbo tendrá un impacto inevitable en Veracruz, donde el nuevo gobierno estatal y el próximo Congreso local deberán alinearse con la iniciativa presidencial. Esto podría incluir la eliminación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), que es el equivalente estatal del INAI.

El IVAI ya tendría las horas contadas, al igual que los 32 organismos similares que funcionan en los estados del país.

Además, con la llegada del próximo gobierno estatal, se prevé una reestructuración en la administración veracruzana, con la posible desaparición o fusión de algunas dependencias para reducir la nómina gubernamental y liberar recursos.

@luisromero85