En una nueva crítica en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, fecha por fecha, cómo es que se han ido retrasando las indagatorias en el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio así como la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien se presume sería el segundo tirador.

En la conferencia matutina de este miércoles 17 de julio, el mandatario leyó una informe de seguimiento que preparó sobre el estatus de la orden de aprehensión girada en contra de Sánchez Ortega, quien entonces se desempeñaba como agente del hoy extinto CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional).

“El 4 de enero de 2024, nuevamente se ejerció acción penal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, radicándose la causa penal 01/2024 y 5 de enero de 2024 negó nuevamente la orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega (….)

El 8 de enero de 2024 se interpuso recurso de apelación contra de la resolución emitida, donde se negó la orden de aprehensión solicitada (…)

El 15 de julio de 2024, se revisó la lista de asuntos a sesionar a cargo del Magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, pero no se encuentra contemplado para la sesión del 18 de julio de 2024 (…) Así está la justicia rápida y expedita”, dijo AMLO.

Es importante recordar que el presidente López Obrador ha reiterado que no dará carpetazo al caso porque se trata de un asunto de Estado. Esto, pese a que el senador electo e hijo del excandidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, le ha pedido perdonar e indultar a Mario Aburto. Incluso, en pleno proceso de transición con Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario ha mencionado que le dejará el caso para que su administración continúe con las indagatorias.

Lo que se sabe sobre el supuesto segundo tirador

En marzo pasado se cumplieron 30 años del magnicidio que cimbró no sólo a México sino a todo el mundo. Es importante recordar que luego del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, las autoridades detuvieron a Mario Aburto Martínez, señalado como el tirador del político priista.

El michoacano fue sentenciado a 45 años de prisión pero luego ganó un amparo que redujo su condena a 30, los cuales ya cumplió aunque todavía no es liberado porque la reducción de su pena no ha sido discutida aún en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras el asesinato de Colosio, la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) tuvo hasta 24 líneas de investigación por el crimen, entre ellas, la existencia de un segundo tirador en el caso, a pesar de que Mario Aburto había actuado en solitario. De hecho, en 1995 fue detenido Othón Cortéz Vázquez, chofer y encargado de la seguridad del político, por presuntamente ser cómplice del asesino confeso, pero fue absuelto dos años después tras no encontrarle responsabilidad en el caso.

Hace meses, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que reabriría la línea de investigación del segundo tirador, y que contaba con información suficiente para señalar como el presunto responsable a Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del extinto CISEN, pues según los reportes estuvo activo el día que mataron al candidato e incluso se le vio cerca de su cuerpo de seguridad, encubierto como reportero.

Entonces, la FGR indicó que se habían hallado restos de sangre de la víctima en la ropa del uniformado, además de que había dado positivo a la prueba de radizonato de sodio, la cual se hace para confirmar si alguien accionó un arma de fuego. Aunque el sujeto fue detenido, se sabe que posteriormente fue liberado “en un evidente encubrimiento delictivo” por Genaro García Luna, quien en 1994 era subdirector Operativo en el CISEN, “el fue quien lo rescató en Tijuana”, se lee en un comunicado de la Fiscalía.

Desde el 30 de octubre de 2023 se solicitó la orden de aprehensión en contra de Sánchez Ortega por su posible participación como coautor del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero un día después un juzgado rechazó la competencia y lo declinó a otro juez, pero el 7 de noviembre, éste hizo lo mismo y se lo regresó a su símil. El 23 de ese mismo mes se volvió a pedir la orden de captura pero se le negó a la FGR.

En enero de este año nuevamente se ejercitó la acción penal pero nuevamente negaron la orden de aprehensión en contra del exigente, y ante este panorama, el Gobierno de México ha acusado que el juez violó los principios de valoración de pruebas y su función jurisdiccional.

Infobae

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