Luego de los resultados del proceso local electoral 2023-2024 de Veracruz, que significó una aplastante victoria de Morena sobre la coalición PAN-PRD-PRI, se ha comenzado a extender la percepción de que se intensificarán tanto las auditorías contra algunos ayuntamientos emanados de la oposición, como las acciones de seguimiento a las observaciones a la cuenta pública de 2022.

Sin embargo, entre los entes fiscalizables con problemas derivados de irregularidades en el manejo de los recursos y de la ejecución de la obra pública no sólo hay panistas, priistas y perredistas, sino también ayuntamientos identificados con la 4T.

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, por ejemplo, notificó a 309 entes fiscalizables las observaciones derivadas de las revisiones a la cuenta pública de 2022.

No hubo ayuntamientos exentos de irregularidades administrativas, aunque por la naturaleza de las observaciones, sólo en 165 se iniciaron procedimientos de investigación por parte del ORFIS.

El propio ente auditor reportó: de esos 165 entes municipales, 147 se encuentran en etapa de apertura del expediente; 7 ya fueron concluidos; 9 están en proceso; y en un caso ya se determinaron sanciones.

Entre los ayuntamientos con expedientes de investigación se encuentran feudos panistas como Veracruz y Boca del Río, pero también hay priistas, como Perote, Atzalan y Orizaba; y morenistas, como Minatitlán, Poza Rica y Martínez de la Torre.

En el caso del ayuntamiento de Paso de Ovejas, donde se dictaminaron casi 700 mil pesos de presunto daño patrimonial por irregularidades de carácter financiero-presupuestal, además de 437 mil derivados en la revisión a la obra pública, el ORFIS consignó una presunta responsabilidad administrativa.

El problema para los ayuntamientos en proceso de investigación apenas comienza y a ello se debe en nerviosismo de algunos alcaldes, síndicos, tesoreros y directores de obras públicas; sobre todo tomando en cuenta que en breve se presentarán los resultados de la auditoría al ejercicio de 2023 –el segundo año de las actuales administraciones municipales–; y todavía faltan las revisiones al ejercicio de 2024 y por supuesto 2025.

Si en las auditorías financiera y técnica a la obra pública, el ORFIS determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por más de mil 305 millones de pesos en 195 ayuntamientos; el resultado de las revisiones a los ejercicios 2023 y sobre todo 2024 podría ser mucho más comprometedor para las autoridades municipales en funciones.

La auditoría al ejercicio 2023 está en proceso; inició en marzo y concluirá en julio del presente año; a partir de ahí comenzará la etapa de solventación, para que en septiembre próximo se presente el informe del ORFIS al Congreso; iniciará así un nuevo calvario para las actuales autoridades municipales responsables del manejo de los recursos.

El nerviosismo de los alcaldes –sobre todo de los opositores a la 4T– no es gratuito; y a ello se suma la incertidumbre que generan los muy probables relevos en el órgano auditor, como consecuencia de los cambios en el Gobierno del Estado, y en la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local.

@luisromero85