Luego de que mordió el polvo en Boca del Río, en donde se había vendido como el “gran operador político” con su jefa, la senadora electa Claudia Tello Espinosa, a Felipe Sosa Mora lo persiguen sus ambiciones, su pasado inmediato como “aviador” de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) –hecho que a la fecha sigue un proceso interno para que devuelva las percepciones recibidas como empleado de la Escuela de Bachilleres “Ilustre Instituto Veracruzano”, en donde nunca se presentó a laborar– y ahora nuevas denuncias que líderes del SETSE y de la Sección 56 del SNTE han presentado, acompañado de evidencias y documentación probatoria, directamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En franca contradicción con los principios que enarbola la 4T –“no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”–, Sosa Mora le ha mentido a las autoridades estatales y a la propia maestra Tello que perfilan para ser la próxima titular de la SEV a partir de diciembre próximo, ya que el ex priista y ahora neomorenista boqueño no se presentaba a trabajar, mantuvo una lista de aviadores en nóminas, lucró con una tarjeta de combustible del Gobierno Estatal e incluso dejó asentado en un acta que se llevó casi 180 mil pesos, ofreciendo “paguitos” para sanear esos adeudos de recursos que se embolsó antes de dejar la titularidad de la Subdirección de Administración del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), en abril de 2024.

En su afán de lucro de las instituciones públicas, Felipe Sosa acomodó a un séquito de servidores a su lado, pagados con recursos del “Seguro del Magisterio” a quienes, claro, les ordeñaba su sueldo “para gastos de operación”, según decía.

El caso más emblemático es quizá el de Benito Ravelo Virgen, quien nunca se presentó a trabajar y lo tuvo activo hasta el 15 de mayo de 2024, adscrito al Departamento de Servicios Generales. Ravelo era su chofer, su asistente personal, en la calle y en la casa, según se hace constar en el Expediente No. OIC/SSTEEV/003/12/2020 que integró la titular del Órgano Interno de Control (OIC), Iliana Patricia Sandoval López.

Otro cercano, José Carlos Castro Campillo, lo tuvo como Auxiliar Administrativo en el Departamento de Servicios Generales y también fue dado de baja el 15 de mayo de 2024. Castro Campillo, por cierto, es su cuñado, hermano de Jennifer Guadalupe, su esposa, a la cual acomodó en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y en donde, actualmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la investiga por presuntos actos de corrupción ya que incumpliría con el perfil académico requerido por el reglamento de la institución educativa federal, caso que ya se ventilará en otro momento.

Sosa Mora logró acomodar en la nómina del Seguro del Magisterio a otras cuatro personas que ya fueron dadas de baja: Liz Alana del Ángel Hernández, Adriana Vanessa Ruiz Hernández, Betzabeth Macías Manzano y Ana Laura Ortiz Reyes. Sólo siguen vigentes Jorge Arturo García Figueroa, Jesús Manuel Pérez Freyre, Abigail Pedraza Durán, Clara Abigail Barrera Artiaga, Lizeth Ávila Durán y Jaime Alberto Izquierdo del Álamo.

Una historia de corrupción

Pero las denuncias en contra de las prácticas corruptas de este personaje no vienen de ahora. En 2020, Alan Flores Sánchez, Secretario General del Sindicato en Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (SEDTE), denunció ante la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, que encabezaba Miguel Ángel Vega García –según consta en el expediente 2020/0202, del índice de la Subdirección de Integridad y Responsabilidades de los Servidores Públicos–, que Felipe Sosa Mora se encontraba cobrando un doble sueldo, tanto en la Secretaría de Educación de Veracruz como en el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación, pidiendo que se diera a conocer un documento oficial en donde se acreditara un “goce de licencia sin sueldo”, existiendo una “incompatibilidad de horario”.

Este documento fue recibido el 19 de febrero de 2021 en el S.S.T.E.E.V. y del mismo tuvo conocimiento el propio Sosa Mora.

En seguimiento a la denuncia, la titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, Iliana Patricia Sandoval López, abrió el Expediente No. OIC/SSTEEV/003/12/2020, para dar por recibida la queja e iniciar la etapa de investigación del caso expuesto por el líder magisterial Alan Flores Sánchez.

Ahí, queda constancia que la titular del OIC determina la competencia para “iniciar la etapa de investigación y realizar las diligencias que de ella emanen que sean suficientes así como necesarias sobre el particular para esclarecer los hechos imputados”.

En oficio de respuesta a la titular del OIC, con fecha 2 de febrero de 2021, Arturo Zilli Sandoval, Jefe del Departamento de Recursos Humanos del SSTEEV informa que el estado laboral de Felipe Sosa Mora en dicha institución es “activo” y sobre su trabajo en la Secretaría de Educación “este Departamento no cuenta con información al respecto”, señala.

Enredado en la telaraña burocrática, la solicitud del líder magisterial Alan Flores Sánchez no fue atendida a cabalidad y se perdió en el mar de oficios, solicitudes y respuestas. Desafortunadamente, víctima del COVID-19, la muerte lo alcanzó el 8 de agosto de 2021, lo que favoreció para que la investigación contra Felipe Sosa se extraviara.

Aunque no todo quedó perdido, porque tal y como se ha ventilado recientemente, a raíz del protagonismo de Sosa Mora como neomorenista, al lado de la entonces candidata al Senado, Claudia Tello Espinosa, se sabe que la Secretaría de Educación de Veracruz reabrió el expediente y a través del director de Recursos Humanos, Jonathan Andrade Hernández, ha pedido que Felipillo devuelva los sueldos devengados como “aviador” y que enfrente las consecuencias legales por la “licencia falsa” que se adjudicó e intentó valer, ya que existe fundamento legal para iniciar procedimiento administrativo legal por el cobro de sueldos simultáneos, tanto en el SSTEEV como en la SEV.

En los próximos días ya veremos qué ocurre con este caso. Si en verdad el gobernador Cuitláhuac García decide aplicar la ley o si determina dejárselo como “herencia de impunidad” a la siguiente administración de su correligionaria y virtual sucesora Rocío Nahle.