Empezaron los reclamos y las exigencias de renuncias contra los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, ¿pero solo deben irse ellos y quedarse como si nada los estatales?

Quién sabe cuánta variación haya tras las revisiones de las actas e incluso con el recuento de voto por voto en diversos casos, pero no se estima que sea mucha. Al menos en la elección presidencial ya no hay nada que hacer y así lo reconoció desde un principio la candidata Xóchitl Gálvez.

¿Fue la candidata de la oposición la única responsable de su infortunado destino? Más allá de sus fallas, los dirigentes de los partidos que la registraron tienen mucho que ver en la derrota.

Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, conocen sus pecados y sería hora de su retiro o terminarán hundiendo más a sus organizaciones.

Misma situación se da en muchos estados. Aquí en Veracruz, Adolfo Ramírez, dirigente del PRI, sabe que, encerrado en su círculo, aportó muy poco y que lo obtenido en buena medida se debe al PAN.

Sergio Cadena llevó al PRD a casi su desaparición. La aportación perredista fue prácticamente nula y entre los militantes del Sol Azteca se comenta que eso fue porque el dirigente se la pasó en cuestiones mucho menos complicadas.

¿Renunciarán por dignidad y por las cuentas entregadas a la militancia y a los ciudadanos que confiaron en esos partidos?

Así debería ser, pero seguramente no darán ese paso.

¿CUÁNTOS alcaldes, diputados, senadores y gobernadores electos en estos comicios, los más grandes en la historia de México, responderán a los intereses del crimen organizado?

Difícil dar una cifra para responder a esa pregunta, pero puede decirse que muchos.

La penetración de los cárteles en la política mexicana es innegable e inocultable cómo sus criminales manos se hacen sentir en las campañas electorales.

Porque de los candidatos asesinados en este proceso -el más sangriento de la historia moderna- ni modo que no sean acreditados al crimen organizado.

La consultora Integralia señala que de septiembre del año pasado al 24 de mayo de este año hubo 749 agresiones relacionadas con el proceso electoral. En el de hace seis años, cuando fue electo López Obrador, hubo 382.

Del total de agresiones, detalla, 261 fueron asesinatos y de esos asesinados 34 aspiraban a un cargo de elección popular. Señala también que hubo 18 secuestros.

En Puebla es donde hubo más agresiones (40), seguido por Chiapas y Guerrero, después Michoacán, aunque en Chiapas hubo más derramamiento de sangre al ser matadas ocho personas.

Por su parte, el Laboratorio Electoral apuntó que Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Veracruz y el Estado de México fueron las entidades con mayor violencia electoral.

Pero las amenazas también abundaron en Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y otros estados.

¿El crimen organizado no votó? Tanta sangre, tantas amenazas, tantos secuestrados hacen ver que sí.

Así que va de nuevo la pregunta: ¿cuántos alcaldes, diputados, senadores y gobernadores que en breve empezarán sus funciones responderán a los intereses de los cárteles?