Un total de 727 servidores públicos de varias dependencias del Gobierno Federal presentaron la primera demanda de amparo en contra de las reformas a las leyes de pensiones por las que se creó el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La demanda fue presentada por la firma Trusan & Roma, Abogados que informó que los servidores públicos están presentando esta demanda “porque afecta la forma en cómo ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras”.
“Por tanto, esta reforma es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica”, aseguró el abogado Rodolfo Martínez Ayala, titular de la firma de abogados.
El martes 30 de abril de 2024, tras su aprobación en el Congreso, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que permitió la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, por lo que la mañana del miércoles 1 de mayo de 2024, Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto.
“Un día más con un 1 de mayo que pasará a la historia y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida”, dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde en la conferencia matutina.
De esta forma, aseguró, comenzará el trabajo coordinado para dotar al fondo de reglas operativas y de viabilidad financiera, y se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, quien administrará los recursos.
Desde su aprobación en el Congreso, la reforma a las leyes de pensiones desató una acalorada discusión dentro del Poder Legislativo, pues mientras el oficialismo señalaba que las modificaciones beneficiarán a las y los trabajadores del país, miembros de la oposición consideraron lo contrario.
“En el caso de las Afores hay norma expresa en la Constitución, el artículo 14, que establece que tú no puedes quitarle bienes propiedades a las personas si no es producto de una resolución judicial. Lo que están haciendo es una especie de expropiación, es un robo […] no hacen un esfuerzo de regresarle a las y los trabajadores su dinero, se lo quiere quedar el gobierno, porque ya se gastó todos los cochinitos y necesitan liquidez”, señaló el senador Emilio Álvarez Icaza en entrevista con Animal Político.
Por esta razón, adelantó que presentarán una acción de inconstitucionalidadante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea el Máximo Tribunal del país quien determine si la creación de este Fondo fue o no constitucional.
En tanto, la firma Trusan & Roma, Abogados informó que en las próximas semanas trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras dependencias, presentarán también sus demandas de amparo “para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar”.
M°1
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