Ahora que a las cero horas del 31 de marzo, primer minuto del 1 de abril, arrancan las campañas por las gubernaturas de los nueve estados que se estarán peleando en el país, además de la presidencia y los nuevos integrantes de las cámaras del poder legislativo (Senadores y Diputados), lo que más vamos a escuchar como consigna de campaña de los candidatos de la oposición es la explicación a los votantes de que los apoyos sociales, los que se les dan periódicamente a los jóvenes, a los desempleados, a las madres solteras y a los mexicanos de la tercera edad, no están en juego, que ese dinero no lo paga el presidente Andrés Manuel López Obrador de su bolsa, como lo ha hecho creer, que el derecho a los recursos lo tienen todos los mexicanos y está plasmado en nuestra Constitución, por lo que no los perderán si votan en favor de un candidato que no sea de Morena como les han venido diciendo a manera de amenaza para que entreguen su voto por miedo. Usar ese argumento de que si votan contra Morena perderán sus apoyos es un delito, pero las autoridades del INE, que fueron impuestos por el gobierno de AMLO, no hacen nada por detener esa campaña negra de coptación del voto. Las denuncias por la comisión del delito ya fueron interpuestas y al ganar la oposición, en este caso la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, automáticamente se exigirá la aplicación de la ley en contra de todos los que la hayan violado durante los procesos electorales. Lo importante es que quede claro: los apoyos que el gobierno (no AMLO) entrega a los mexicanos son Constitucionales, no un regalo presidencial, por lo tanto gane quien gane están asegurados para que continúe su repartición.