Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son herramientas que se utilizan para el procesamiento de la información, mismas que han evolucionado de manera sistemática y se adaptan a la evolución social.

La justicia digital y los juicios en línea no son términos similares. La justicia digital es el concepto general, mientras que los juicios en línea son una forma específica de aplicación de la misma. Por lo tanto, la E-Justica se refiere al uso de tecnología digital en todos los aspectos de los procedimientos judiciales, desde la preparación hasta la ejecución, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Es importante mencionar que el derecho al acceso a la justicia está garantizado desde 1917 en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde 2013, el artículo 6º garantizó el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet. La consecuencia natural de ambas garantías es el derecho a que exista un sistema de justicia digital.

La implementación de la E-Justicia en el sistema judicial mexicano representa un paso crucial hacia la modernización, accesibilidad, eficiencia en la administración de justicia, generando una serie de beneficios para los justiciables. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos significativos que deben abordarse para garantizar su éxito y maximizar sus beneficios.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la implementación de la E-Justicia es la seguridad y protección de datos personales, el cual es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La digitalización de los procesos judiciales genera preocupación por la integridad y confidencialidad de la información, para ello, es fundamental establecer mecanismos de acción para la protección cibernética y así, garantizar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad para proteger los datos personales de las personas que integran el sistema judicial.

Otro desafío importante es la accesibilidad a la E-Justicia, aunque la tecnología puede facilitar el acceso a la justicia, existe el riesgo de que aquellos que carecen de equipos o acceso a internet se vean marginados.

Según el INEGI, en 2022, se registraron 25.8 millones de hogares con acceso a internet (68.5 % del total nacional), ya sea mediante una conexión fija o móvil. Ante ello, es necesario implementar medidas para garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar plenamente en los procesos judiciales en línea.

A pesar de los desafíos, la implementación de la E-Justicia también representa oportunidades significativas para mejorar el sistema judicial. La digitalización de los procesos jurisdiccionales puede reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos y agilizar la resolución de casos, generando así, una impartición de justicia pronta y expedita consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En conclusión, la implementación de la E-Justicia en el sistema judicial plantea desafíos importantes, pero también ofrece oportunidades para mejorar. Es fundamental abordar los retos de manera proactiva, siempre buscando la mejora continua y la implementación de nuevas medidas para fortalecer ese gran paso a la era digital.