En el 2022 en la entidad veracruzana se abrieron 398 carpetas de investigación por casos de tortura, pero ninguna fue judicializada y por tanto tampoco hubo personas sentenciadas por este delito.
Los datos del Observatorio contra la Tortura advierten que ese año se documentaron 613 víctimas de tortura en la entidad veracruzana, pero que ninguna tuvo acceso a un dictamen para verificar las secuelas por este tipo de actos.
A esto se suma que en el 2022 se presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 83 quejas por casos de tortura y 146 por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero del total solo se emitieron 13 recomendaciones por parte de organismos defensores de derechos humanos.
¿Quiénes son las autoridades más señaladas por casos de tortura?
El informe destaca que durante el 2022 en la entidad veracruzana fue la Fiscalía General del estado
(FGE) la autoridad con más quejas por presuntos actos de tortura con 30 de las 83 quejas presentadas ese año
Le sigue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz con 24 quejas y luego el sistema estatal penitenciario con seis.
Además, en cuanto a las quejas presentadas por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también es la Fiscalía del Estado la que acumuló el mayor número con 41 de las 146 presentadas.
Sobre estos tratos crueles la Secretaría de Seguridad Pública acumuló 27 quejas y cuatro el sistema estatal penitenciario.
La tortura en México
El Observatorio contra la Tortura señala que durante el 2022 se abrieron 6 mil 226 carpetas de investigación por tortura en el país, pero únicamente 82 se judicializaron, lo que representa el 1.31 del total de capetas abiertas.
La mayoría de las investigaciones se inician porque lo ordena un juez cuando recibe alegaciones de tortura en las investigaciones de otros delitos. Esto sugiere que la tortura sigue empleándose como método de investigación.
El informe señala que existe un estancamiento generalizado de las investigaciones de tortura en las fiscalías, puesto que el número de casos judicializados sigue siendo extremadamente bajo.
En el país se realizaron mil 063 peritajes médico-psicológico para documentar secuelas de posibles actos de tortura, esto significa que el 81 por ciento de las víctimas no tuvieron acceso a este tipo de peritajes.
Durante el 2022 fueron dictadas 10 sentencias en todo el país por actos de tortura en el país, y se realizaron únicamente 20 solicitudes para excluir pruebas debido a que fueron obtenidas a través de violaciones a derechos humanos.
A nivel nacional los organismos públicos de derechos humanos recibieron mil 243 quejas por tortura y 2 mil 492 quejas por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La mayoría fueron quejas contra Fiscalías y cuerpos de seguridad estatales.
El informe revela que en el 2022 se emitieron 40 recomendaciones por parte de la CNDH por casos de tortura y 40 por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En el caso de los organismos defensores estatales se emitieron 41 recomendaciones por casos de tortura y 30 por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
AVC
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