Por más de dos horas, consejeros electorales debatieron sobre la viabilidad de aprobar el programa estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2024-2028, que obligaría a “etiquetar” recursos para las actividades que buscan promover la participación de los ciudadanos en la organización de las elecciones.

En la discusión de la sesión nocturna, los consejeros Roberto López Pérez, Quintín Dovarganes Escandón, así como Maribel Asereth Hernández Meneses observaron que era necesario etiquetar recursos, y defender su proyecto de presupuesto para así garantizar las actividades cívicas. Los partidos políticos se sumaron a la exigencia de pedir al Congreso de Veracruz se respete su proyecto de presupuesto.

El plan busca desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.

Orientar a la ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales y organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate.

En la propuesta del acuerdo se planteaba que dicho programa quedaba sujeto a la disponibilidad presupuestal del OPLE para organizar las actividades que buscan que se incremente la participación de la ciudadanía en la organización de las elecciones locales.

El hecho de condicionar las actividades a la disponibilidad generó un largo debate, en el que el consejero Quintín Dovarganes observó que, si la legislatura no daba el dinero suficiente, el propio OPLE debería solicitar una ampliación presupuestal para cumplir con sus metas.

“Hay algunos años, que abarca este programa, en el que no hay elecciones y la función sustantiva del OPLE se concibe desde la perspectiva del mismo programa (…) sujetar el fondo de este programa a un contentillo presupuestal o a un alcance presupuestal es tanto como sacrificar una de las dos funciones del OPLE”, planteó.

Dovarganes Escandón comentó que las funciones que debe desempeñar el OPLE son mandatadas por la constitución y un marco normativo, por lo que pidió garantizar, dentro de su marco de competencias, la disponibilidad presupuestal para ejecutar el programa.

“Porque si no se ejecuta este programa: habrá más muertos, habrá menos participación ciudadana, en cierta medida habrá menos cultura democrática y en cierta medida la violencia, en todas sus modalidades, escalará y esta es la respuesta de las instituciones para disminuir la violencia y fomentar la participación ciudadana”.

Después de que se decretó un receso, el secretario ejecutivo, planteó que el acuerdo se modificó el acuerdo y se estableció que la implementación del programa estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2024-2028 será acorde a la disponibilidad presupuestal, considerando un mínimo indispensable para cada ejercicio fiscal.

Lo anterior, atendiendo a la racionalidad del presupuesto que se asigne cada año, hasta el 2028, al organismo público local electoral.

La presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo explicó que el plan incluye actividades por cinco años, con la idea de fomentar la participación de los veracruzanos, no sólo al momento de ir a votar, sino en apoyar en la organización de los votos, al recibirlos y contarlos para dar legalidad a la elección de representantes populares.

Explicó que en este momento ya se realizan algunas actividades, sin embargo, es necesario reforzarlas y por eso se planteó un programa a cinco años que se tendrá que ejecutar y por eso se buscará generar la condiciones para que se puedan aplicar.

AVC

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