La contienda por la gubernatura de Veracruz no será un día de campo para la virtual candidata de Morena, Rocío Nahle, aunque por el momento vaya arriba en las encuestas.
Máxime ahora que sabe que se medirá con el diputado federal Pepe Yunes Zorrilla, uno de los pocos priistas veracruzanos con una trayectoria política intachable.
Y eso lo tiene muy claro la exsecretaria de Energía, quien este domingo, en el magno evento de celebración del 7º aniversario de la agrupación política “Unidos Todos” –que lidera el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, operador cercanísimo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez–, les pidió a los miles de simpatizantes reunidos en Banderilla que no bajaran la guardia de cara al proceso electoral de 2024, pues les advirtió que los opositores “no están dormidos”.
Todavía falta saber a quién postulará Movimiento Ciudadano para la gubernatura, pero con la virtual nominación de Yunes Zorrilla, quien se ha ganado a pulso el título de “caballero de la política”, desde ahora se prevé una campaña de altura, con ideas y propuestas claras y viables sobre lo que deberá de hacerse en la entidad el próximo sexenio en materia de seguridad pública, salud, educación, generación de empleo, infraestructura urbana y carretera, promoción turística, apoyo al campo y la industria, etcétera, etcétera, etcétera…
Pero a diferencia de cuando militaba en la oposición, ahora a Nahle le tocará cargar con los negativos del natural desgaste del ejercicio del poder de los gobiernos emanados de Morena, tanto del federal, en el que como secretaria de Energía le fue asignado un megaproyecto, como del estatal encabezado por su compañero de partido Cuitláhuac García.
Por lo que a ella le corresponde directamente, sus resultados como titular de la Sener durante estos cinco años de la actual administración presidencial le han acarreado más críticas que reconocimientos, principalmente por la polémica refinería de Dos Bocas, una de las tres obras icónicas del obradorato que dio por concluida pese a no producir todavía un solo galón de combustible y con un sobrecosto de 117 mil 635 millones de pesos.
Nahle tampoco les pudo cumplir como senadora y luego como miembro del gabinete federal a los pobladores de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán con el proyecto de relleno sanitario regional, abortado dos veces, que sustituiría al tiradero a cielo abierto de Las Matas, convertido desde mucho antes de 2018 en un grave problema de salud pública en esa populosa región del sur de Veracruz.
Le fallaron sus operadores políticos en la entidad, entre ellos el desaparecido exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien personalmente estuvo a cargo del primer proyecto que pretendía beneficiar al empresario Arturo Quintanilla Hayek, compadre de Nahle y dueño del terreno ubicado en el municipio de Chinameca donde se había planeado construir el relleno sanitario regional. Pero los pobladores se rebelaron, obligando al gobernador Cuitláhuac García a cancelarlo. La misma historia se repitió recientemente en Nanchital, donde gobierna la morenista Esmeralda Mora Zamudio, supuesta aliada de la exsecretaria de Energía.
Otro pesado lastre es su voraz esposo José Luis Peña Peña, con negros antecedentes en Pemex. Y es que, según ha trascendido, algunos secretarios de despacho han tenido que preguntarle al mandatario estatal si deben darle toooodo lo que pide el aspirante a “Primer Damo de Veracruz”.
¿Todavía manda Cisneros?; según Javier Duarte… ¡sí!
Físicamente, Eric Cisneros está en calidad de desaparecido, pues hasta ahora nadie ha querido revelar su paradero. La última vez que se le vio públicamente fue hace diez días en el aeropuerto “Heriberto Jara Corona”, de la ciudad de Veracruz, donde fue fotografiado entregando su pase de abordar. Algunas versiones aseguran que habría viajado a Cuba. Otras lo ubican en su entidad adoptiva: Baja California Sur.
Sin embargo, ayer, a través de su cuenta de Threads , el exgobernador Javier Duarte de Ochoa arremetió en contra del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, acusando a sus titulares de seguir actuando bajo las órdenes de Cisneros Burgos, no obstante que decidió separarse de la Secretaría de Gobierno para emprender su fallido lance por la gubernatura.
Duarte de Ochoa, preso desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, acusó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, de continuar acatando las órdenes del exfuncionario estatal.
“En Veracruz todo sigue igual, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y Verónica Hernández Giadáns actúan de la misma manera y con el mismo modus operandi que sus antecesores Edel Álvarez Peña y Jorge Winckler Ortiz, lo único que cambió es que antes estos dos personajes hacían todo lo que el pederasta les ordenaba hacer y ahora estas dos funcionarias públicas hacen todo lo que el Bola 8 les ordena hacer, eso es del conocimiento público veracruzano”, publicó el último exgobernador priista, quien fue expulsado del partido tricolor en 2016, en cuanto la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó orden de aprehensión en su contra.
El enojo de Duarte de Ochoa en contra de la magistrada y de la fiscal es porque este domingo 26 de noviembre un juez de control con sede en el reclusorio regional de Pacho Viejo determinó imponerle otro año en prisión preventiva justificada por el presunto delito de desaparición forzada.
Casualmente, esta medida cautelar fue ampliada a solicitud de la Fiscalía General del Estado que encabeza Hernández Giadáns, la cual vincula al exgobernador con el caso de David Lara Cruz, un policía estatal que desapareció el 12 de enero de 2016, cuando se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para realizar exámenes de control de confianza, y cuyo cadáver fue hallado en la barranca de La Aurora, una ranchería del municipio de Emiliano Zapata, conurbado al de Xalapa.
Javier Duarte confió que el Poder Judicial Federal revertirá la medida preventiva que le impuso el juez local.
“La justicia que imparte últimamente el Poder Judicial del estado de Veracruz es una vacilada, los jueces locales se limitan a realizar la instrucción que reciben desde Palacio de Gobierno sin importar lo que refiera la Constitución o la Ley, ellos tienen que cumplir ya que de lo contrario los meten a la cárcel por insubordinados. Es por ello que todo siempre se resuelve a través del Poder Judicial de la Federación, el cual por lo general es imparcial, objetivo y profesional”, afirmó el exmandatario veracruzano, quien fue detenido en Guatemala el 15 de abril del 2017 y, tras un acuerdo con la FGR que le modificó el delito de crimen organizado por el de asociación delictuosa, fue sentenciado solamente a nueve años de prisión.
Duarte afirmó también que “durante mi administración el Mag. Alberto Sosa Hernández surgió del consenso de sus pares, yo no tuve injerencia en su designación como Presidente del TSJE, respeté en todo momento la autonomía de este Poder, tan es así que lo conocí el día de su nombramiento; y en el caso de Reynaldo Escobar, Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo, quienes fueron mis 3 Procuradores y Fiscal Gral del Edo, estaban dedicados en detener a delincuentes no en andar deteniendo a mis adversarios políticos (sic).”
Así que, en apariencia, Eric Cisneros estaría momentáneamente desterrado tras el presunto veto de Rocío Nahle para que se reincorporara a la Segob, pero, según Javier Duarte, el famoso “Bola 8” sigue manejando a control remoto tanto a la titular de la Fiscalía como a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
¿Alguien se lo imagina como Gobernador?