La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, reconoció que el 20 por ciento de las 174 denuncias que han presentado ante la Fiscalía General de Veracruz (FGE) durante su gestión están relacionadas con irregularidades en despachos o personas que se desempeñan como asesores entre los sujetos fiscalizables.

Entrevistada tras la entrega del informe de la cuenta pública 2022 en el Congreso de Veracruz, indicó que las denuncias están relacionadas con falsificación de documentos.

“Nosotros no podemos hacer en calidad de denunciantes señalamientos, ni calificar tampoco (…) pero todas las (denuncias) que se refieren por ejemplo a falsificación de documentos tienen que ver con quienes estuvieron trabajando como asesores, como despacho que prestan servicios (…) deben ser como el 15 o 20 por ciento donde está plenamente identificada la conducta”, indicó.

En ese sentido, también dio a conocer que han dejado de trabajar con al menos cuatro despachos que actuaron con irregularidades, pero negó que se tengan casos de personal del Orfis.

La auditora indicó que si alguien tiene pruebas de irregularidades al interior del Orfis que lo denuncien.

“Soy la primera en tomar acciones porque no vamos a permitir, lo que necesitamos es darle confianza a la ciudadanía, hacer un trabajo serio y responsable y no podríamos permitir que el órgano auditor tenga esas debilidades, por supuesto que no (…) si alguien tiene pruebas, por favor, hágame lo saber”.

Daño patrimonial de 1 mil 5046 millones de pesos

El presunto daño patrimonial detectado en las cuentas públicas de 2022 es de mil 546 millones 610 mil 792.04 pesos, informó la auditora del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, al detallar que los municipios en conjunto acumulan más de mil 300 millones de pesos observados.

Al entregar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo derivados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas en el Congreso de Veracruz, afirmó que se detectaron que 31 entes estatales presentan irregularidades por 166 millones 596 mil 635.24 pesos.

Además, 195 municipios presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial determinadas por un importe de mil 348 millones 611 mil 249.75 pesos

Indicó que 17 municipios presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones y 10 entidades paramunicipales presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 31 millones 402 mil 907.05 pesos.

Dijo que cuando ha habido “dudas” sobre el proceder de un trabajador se ha confrontado, pero insistió en que si alguien tiene pruebas que las presente.

“Ha habido casos en los que ha habido como una especie de duda acerca del trabajo de alguien y una vez confrontada la persona si vemos que pues hay indicios de que pudiera haber alguna situación irregular, bueno”, dijo.

Sobre los resultados de la cuenta pública 2022, en los que se detectó un presunto daño por mil 546 millones 610 mil 792.04 pesos, la auditora indicó que es “natural” que los Ayuntamientos tengan más observaciones dado el número de operaciones que realizan.

“Es natural que se dé esta situación dado el la cantidad de operaciones que se celebran en los municipios; cada Ayuntamiento hace una infinidad de operaciones en las que debe cuidar toda la documentación comprobatoria y todo el detalle acerca de que se cumpla con la normatividad, si eso no ocurre obviamente que son observados”, dijo.

Lo anterior luego de que detectaron que 195 municipios presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial determinadas por un importe de mil 348 millones 611 mil 249.75 pesos.

“Estamos revisando el primer año de ejercicio de la administración municipal; obviamente que el año pasado cuando teníamos que hacer una revisión a alcaldes que no tenían la documentación a la mano fue muy complicado para ellos, eso arrojó una cantidad mucho más alta de daño patrimonial, pero en esta ocasión los alcaldes estuvieron capacitados y hemos insistido muchísimo en la capacitación”.

González Cobos indicó que en las secretarías hay una que concentra lo fuerte del gasto y que está sumamente controlado, a pesar de que 31 entes estatales presentan irregularidades por 166 millones 596 mil 635.24 pesos.

“Si hay un permiso que no se cuenta con él porque se retrasó en la entrega, pues obviamente que nosotros vamos a hacer el trabajo porque estamos limitados en los tiempos”.

AVC/Perla Sandoval

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