Por Dra. Zaida Alicia Lladó Castillo

“Cuando un jueves de abril de 1977, a las cinco de la tarde, catorce mujeres entre los 40 y 60 años, madres de desaparecidos, desafían la prohibición del derecho de reunión promulgada por la todopoderosa Junta Militar y manifiestan, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, su dolor y su rechazo a ser despedidas sin respuesta del Tribunal de Ministerio, los generales pierden su primera batalla”
-Jean Pierre-Bousquet, periodista

El 30 de agosto próximo, se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y por supuesto que el tema toma relevancia en función de la realidad que hoy vivimos en el mundo: violencia, delincuencia y abuso de poder por parte de las Fuerzas del Orden, expresada en persecuciones, detenciones, levantones, extorsiones, represiones, desapariciones y crímenes.

Y es que el problema de las desapariciones forzadas y otros delitos que se vinculan a estas ha ido en aumento en el mundo y por desgracia también en nuestro país. Es un fenómeno que, por ser ya constante tiende a “normalizarse”, viéndose como cotidiano y haciéndonos insensibles de su gravedad. Y eso es terrible, porque ya no nos sorprende, que todos los días aparezca una nueva noticia de una tragedia en donde los desaparecidos son niños, jóvenes, mujeres, etc. Y los más lamentable, vemos muchas conferencias de las autoridades, describiendo hechos como si fueran reporteros en lugar de funcionarios, demostrando muy poca efectividad en cuanto a recuperar a los desaparecidos y darles tranquilidad a sus familias. De ahí que se asuma, que intencionalmente, la respuesta sea evasiva, lenta o nula.

Existen antecedentes de desapariciones forzadas en muchas etapas dolorosas de la humanidad; en el pasado fue utilizada como estrategia o técnica represiva, particularmente en los conflictos bélicos entre naciones, consistiendo en desaparecer personas y dejar a sus familias y allegados en la incertidumbre sobre su destino, producto de la acción de estados opresores y autoritarios. En la Alemania Nazi, en la Segunda Guerra Mundial (1937-1945), adquirió el nombre de “Nacht und Nebel (Noche de Niebla), derivado de la orden militar que el General Wilhelm Keitel daba para destruir las redes de resistencia de los países europeos en guerra. Dicha estrategia perversa llevaba dos objetivos: 1) crear incertidumbre (terror) e 2) imponer la autoridad a través de la persecución y la violencia llevando a detener y/o desaparecer a quienes se resistían u oponían a las órdenes de un poder central.

En Latinoamérica, fueron emblemáticos los casos de desapariciones, particularmente en Argentina en los años 70. Y decían sus pobladores, que, cuando alguien era llevado en un “Ford Falcon Verde” los familiares y vecinos entendían pronto que había poca esperanza de volver a ver a la persona desaparecida. A esta estrategia se le denominaba “Operación Condor”, y no era más que la coordinación clandestina de los levantones y desapariciones en donde el poder policiaco-militar, actuaba con total impunidad contra cualquier persona señalada como su “enemigo”. Las desapariciones forzadas no solo funcionaban entonces, para crear incertidumbre o detener opositores al régimen, sino lo peor era, que servían también para camuflar a los verdaderos responsables de los delitos.

Los casos proliferaron rápidamente en el mundo, siendo evidente que eran propiciados por los gobiernos nacionales que utilizaban a sus cuerpos de seguridad o militares ( o a sus fuerzas clandestinas) para acallar, perseguir, amedrentar o desaparecer a las personas que no convenian a sus intereses, y como resultado de ello, fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió por primera ocasión, la Declaración sobre la Protección de Todas las personas contra las Desapariciones Forzadas el 18 de diciembre de 1992. 14 años después la propia Asamblea General adoptó el 20 de Diciembre de 2006, la Convención Internacional para la Protección de las personas contra las desapariciones forzadas. Para 2012, 91 estados miembros ya la habían ratificado, entre ellos México, siendo el segundo país que lo hizo en 2008.

Para 2010, la propia Asamblea General, debido al aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias y siendo en tema seriamente preocupante a nivel mundial, se abocó a definir los lineamientos y a convocar a los países miembros para reforzar las medidas legales y de protección de los derechos humanos para hacer frente a las causas sociales, políticas y del ejercicio de gobierno que las provocaban y declaró, el 30 de agosto, como Dia Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas.

En México, el 17 de noviembre de 2017, se publicó la Ley General en materia de Desapariciones Forzadas de Personas, Desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el objetivo de establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y, sobre todo, para esclarecer los hechos, y con ello prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia, así como los delitos vinculados a esta.[1]

A partir de esa Ley, nació el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con el objetivo de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley. Igualmente se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, quien tiene el objetivo de: impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.[2]

Pero como siempre se ha dicho, de nada sirve lo que el papel signa o la norma establece, si no existe la voluntad de cumplirla y hacer justicia a través de ella. Y es que, la realidad que hoy vivimos dista mucho de lo que la legislación pretende resolver.

Los números son claros. En 2021, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, declaró que desde 2006 a 2021 existían 85,053 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas y los casos se concentraban en un 76%, en las entidades de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México. Por otra parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) en el período de 2018 a 2021 registró 19,204, lo que representó un 30% más que lo anotado en el periodo 2013-2015, que era de 13,379 personas. En este periodo destaca el año 2019, como el peor año de que se hubiera obtenido registro en materia de desapariciones llegando a la cifra de 8,345 reportes.[3] Igualmente de acuerdo con el RNPDNO, el año 2022 cerró con más de 37 mil casos de desapariciones y en el primer semestre de 2023, se acumulan ya 42,029. Y así podríamos continuar mencionando cifras sobre un tema, que nos debe parecer indignante.

Por otra parte, el tema de las desapariciones forzadas está vinculado a otra agravante la cual debe responder el Estado, que es el de las fosas clandestinas. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) define una fosa clandestina como: “el sitio donde una o más personas fueron enterradas de forma anónima y/o ilegal”, y detalla además que es: “cualquier lugar en el que se inhuma ilegalmente uno o más cadáveres y/o restos humanos con el objetivo de ocultarlos, deliberada o indiscriminadamente, evitando que las autoridades puedan sancionar e investigar las razones de la inhumación”.

Basta solo mencionar algunos datos. Entre 2019-2023, se contabilizaron 2,710 fosas, por todo el país, y los Estados de Veracruz, Sinaloa y Colima están a la cabeza en desapariciones. Y en el caso de los cuerpos exhumados, la lista la encabezan Jalisco, Sinaloa, Colima y Sonora. (CNB, 2020). Por otra parte, el índice de localizaciones, en lugar de mejorar, han ido a la baja. Entre 2012-2018, se localizó el 71% de personas desaparecidas, actualmente solo se ha podido recuperar el 56%.

Ello solo demuestra que los Sistemas de Impartición de Justicia y de Seguridad pública, tanto a nivel nacional como en los gobiernos locales, o no están funcionando correctamente o están minimizando la gravedad de un tema como este. Y esa respuesta, ha llevado a que la sociedad se organice. De ahí que diversos colectivos de familiares de desaparecidos han procedido a actuar y realizar la búsqueda de sus seres queridos por cuenta propia. Familias que corren sus propios riesgos porque, ya hoy las agresiones son hacia las madres y familias buscadoras, mismas que demandan igualmente protección, así como, garantías en la atención de su salud, porque la labor que realizan es muy desgastante en los físico y emocional.

Luego entonces, las desapariciones forzadas es un problema, al que hay que tratar urgentemente por todos los flancos. Porque detrás de cada desaparecido, está una familia sufriendo y consumiéndose en la incertidumbre y en la impotencia. Y lo que es peor, hay una sociedad viviendo en un clima de temor y desconfianza.

El Estado tiene mucho que hacer al respecto. Debe generar un esfuerzo mayor en la lucha contra la violencia, la delincuencia y el abuso del poder de las fuerzas públicas, como igualmente revisar y reforzar los marcos legales, privilegiando la protección a los derechos humanos y haciendo frente a las causas sociales, políticas y del ejercicio del poder que derivaban en persecuciones arbitrarias, detenciones injustas, desapariciones y crímenes. En suma, coadyuvar en la recuperación de la confianza entre gobierno y ciudadanos, devolviéndole a la sociedad la tranquilidad perdida.

Por ello, el próximo 30 de agosto más que conmemorar una fecha especial, debe ser una fecha de duelo nacional y de respeto al dolor de las familias que han vivido esas experiencias. Mexicanos y mexicanas, con las que debemos solidarizarnos siempre. Hogares que aún mantienen la esperanza de ver, algún día, regresar y abrazar a un hijo o hija, un esposo, un padre, un amigo, etc., y con ello la confianza, la seguridad, el respeto, la paz…en suma, rescatar nuevamente el sentido de vivir.

Gracias y hasta la próxima.