Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que tuvieron que pagar al crimen organizado para realizar las encuestas correspondientes para el Censo Agropecuario.
Durante la reunión de la comisión de presupuesto y cuenta pública y el INEGI en la Cámara de Diputados, legisladores cuestionaron al instituto cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentaron para realizar dicho censo, el cual no se hacía desde hace 15 años.
A petición de la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, tomó la palabra Susana Pérez, quien explicó que uno de los principales obstáculos para realizar el Censo Agropecuario fue la inseguridad del país.
“Uno de los obstáculos tiene que ver con la inseguridad que encontramos en varias zonas del país, que no es nueva, que todos conocemos y que en las zonas rurales es un poco más evidente”, dijo.
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Detalló que no hay lineamientos a nivel central para para cuidar la integridad del personal que realiza el levantamiento de encuestas en ciertas zonas del país.
“Ni siquiera se pueden establecer lineamientos generales para ello a nivel central, yo de aquí desde mi escritorio no me atrevería a establecer un lineamiento general”, comentó.
Por lo tanto, quienes se encargan de implementar las diversas estrategias en las zonas más peligrosas del país son las oficinas estatales del INEGI, las cuales tienen una amplia experiencia.
Las estrategias del INEGI contra el crimen organizado
Pérez Cadena contó que las oficinas estatales del instituto pagan para que el crimen organizado permita al personal realizar las encuestas y además no contratan a cualquier gente, sino sólo aquella que sea conocida por la población del lugar y también por integrantes del crimen organizado.
“Hay muy diversas estrategias, desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona donde se está censando y que además sea conocida de esa gente, quienes podrían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia. Y con eso pues la verdad la entrada a todos los lugares es muy sencilla”, detalló.
Incluso informó que al inicio del ejercicio secuestraron a una persona encuestadora, pero las oficinas estatales del INEGI lograron solucionar el problema.
“Sí tuvimos algunos tropiezos, algunos eventos, el primer día tuvimos a una persona así como secuestrada, y duró varios días así, pero después de eso ya no tuvimos más, la verdad es que la experiencia del INEGI nos salva de mucho de eso”, agregó.
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