Prefacio.

Por considerar que “tanto la imputación, como el acto reclamado se basan en argumentos vagos, imprecisos, incongruentes, irrazonables, ineficientes y abiertamente inconstitucionales”, un juez federal concedió un nuevo amparo a Rogelio Franco Castán. *** La defensa de Rogelio Franco consiguió que se dejara sin efecto la vinculación a proceso por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público. *** “Se trata -dijo el juez de Distrito- de una desviación de las finalidades del derecho penal en perjuicio del quejoso, en específico la relativa a ‘procurar que el culpable no quede impune’, prevista en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución federal, ya que las manifestaciones, tanto del órgano acusador, como de la responsable, se esgrimieron con el objeto de mantener a Rogelio Franco Castán, a cualquier costo, vinculado a proceso, cuando es evidente que no se actualiza ninguno de los delitos que se le atribuyen”. *** El presidente López Obrador ha esgrimido, en múltiples ocasiones, que una de sus “virtudes” ha sido su “terquedad”, su empeño en imponerse, a pesar de las opiniones en contra. *** La mala copia que tenemos en Veracruz, hace gala de una terquedad similar, sin importarle que para ello tenga que pasar por encima de las leyes. *** “Como te ves, me vi… como me ves, te verás”, reza un viejo adagio.

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En un foro de análisis sobre derecho, el abogado Rafael Sánchez Matías fue muy claro: el gobernador debe voltear a ver el desempeño de los fiscales, antes de satanizar la actuación de los jueces.

“Le pedí al señor gobernador que volteara a ver a los fiscales y no a los jueces, porque finalmente da por hecho que los fiscales hacen su trabajo y su acusación es impecable. Y no es así (…) Justamente ese amparo (el que provocó la reacción del gobierno estatal contra la juez Angélica Sánchez) es porque el trabajo de la Fiscalía no está bien hecho”.

La inoperancia de la Fiscalía General del Estado (FGE) es cada vez más evidente. Su titular se perdió en la obsesión por acatar, sin titubeos, las instrucciones del gobernador o del secretario de Gobierno, y se olvidó de un factor fundamental: el respeto a las leyes que nos rigen.

La titular de la Fiscalía es abogada y, por ende, debería saber que la Constitución Política de nuestro país apunta en su artículo 23: “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.

En agosto del 2021, un juez federal ordenó reponer el juicio en contra de Itiel Palacios, al considerar que hubo vicios en la investigación de la FGE, en el homicidio del diputado Juan Carlos Molina. En la nueva audiencia, el juez de control determinó no vincularlo a proceso y, por lo tanto, ordenó su liberación.

El 25 de agosto de ese mismo año, Itiel Palacios se disponía a abandonar la prisión en Tuxtepec, Oaxaca, cuando fue reaprehendido por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz. Le notificaron que tenían una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por los asesinatos de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo Hernández Hernández, alias “El Brujo”.

En los días posteriores se le vinculó a proceso por esta nueva imputación y fue trasladado al penal federal de Ramos Arizpe, en Coahuila.

La madrugada del domingo 4 de junio fue liberado, como lo dispuso la juez de control Angélica Sánchez, en atención a la sentencia amparadora de un tribunal colegiado.

Una vez más, cuando estaba a punto de pisar la calle, aparecieron elementos ministeriales que le informaron que tenían una nueva orden de aprehensión.

¿Cuál fue el delito, ahora? La Fiscalía ya lo reveló:

En un breve comunicado, ese organismo “autónomo” dio a conocer que la Fiscalía Regional de Cosamaloapan obtuvo vinculación a proceso en contra de Itiel Palacios, como presunto responsable del delito de “homicidio doloso calificado en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales L.H.H. y E.P.R”.

Casualmente, las siglas LHH corresponden a Leonardo Hernández Hernández, mientras que las siglas EPR pertenecen a Eneas Pérez Ramírez. Se trata, pues, de una vinculación a proceso por el homicidio de estos dos sujetos, los mismos por los que obtuvo el amparo que motivo la orden de libertad apenas el pasado 4 de junio.

El comunicado advierte que “las acusaciones de estos dos asesinatos se suman a la del presunto homicidio de Juan Carlos Molina Palacios, quien fue diputado local del PRI”, el primer caso por el que obtuvo un amparo y la determinación de un juez de que se le pusiera en libertad.

No tengo elementos suficientes para asegurar que Itiel Palacios no cometió esos delitos que le imputan, pero tengo claro que un principio fundamental en nuestra Carta Magna es el de presunción de inocencia y, en tanto que no ha sido condenado por ninguno de esos crímenes, y la fiscalía no ha sido capaz de sustentar sus acusaciones, entiendo que Itiel Palacios ya debería estar libre.

La mañana de este martes, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, incluyó el caso de Itiel Palacios en el rubro de “jueces que favorecen a delincuentes” y se dijo sorprendido de que la juez Angélica Sánchez haya ordenado la liberación de Itiel Palacios que “en la prontitud de una hora después de haberse recibido la presente instrucción”.

El funcionario del gobierno federal no aclaró cuánto tiempo -en su opinión- requería el Director del Penal para cumplir con el mandato judicial, una vez recibida la notificación de la sentencia.

Es evidente que hay una instrucción precisa (lo que no se sabe es quién la giró) para evitar que Itiel Palacios abandone la prisión. El problema es que la orden se la dieron a servidores públicos muy limitados en materia de derecho, que no sólo han ensuciado cada proceso en su contra, sino que están cada vez más enredados.

No han entendido que el poder del que hoy gozan es efímero.

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Epílogo.

Surgió un nuevo caso en el que las omisiones de la Fiscalía General de Veracruz le están causando problemas a una víctima. *** La señora Estephany Sahori denunció que estuvo a punto de perder la vida tras contraer una bacteria en el quirófano donde le harían una cirugía estética. *** La demandante denunció los hechos desde el 11 de noviembre de 2021, pero la Fiscalía no ha judicializado su caso. El asesor jurídico de la víctima, Erick Hoyos Aponte, confirmó que la denuncia fue presentada por los delitos de lesiones y usurpación de profesión en contra del médico responsable, pero a un año y medio de haberse iniciado, la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones, a pesar de que la asesoría jurídica encontró que el comportamiento del médico denunciado (identificado como Rodolfo “N”) es reiterado y pone en riesgo a otras personas, ya que no cuenta con cédula o estudios de especialidad, pues es médico general y no cirujano plástico. *** Este jueves habrá una audiencia con el Juez de Control en Veracruz, en la que se analizará la petición de la asesoría jurídica para que la Fiscalía se pronuncie respecto a si va o no a ejercitar acción penal contra el doctor.

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