Desde diciembre de 2022, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), contrató a 12 empresas para la impresión de más de 69 millones 340 mil unidades para el próximo año escolar a nivel primaria. Con esto, incumplió la Ley General de Educación, ya que no han sido aprobados ni publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los planes y programas de estudio del ciclo 2023-2024, y las autoridades tampoco consultaron a padres de familia, maestros ni asociaciones especializadas en temas educativos sobre sus contenidos.

De acuerdo con la Ley General de Educación, para que queden aprobados los contenidos de los libros de texto gratuitos, así como sus modificaciones, los planes y programas de estudio del siguiente ciclo escolar deben ser publicados en el DOF y en el órgano informativo de cada entidad federativa “y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios”.

Además, según se establece en el artículo 23, para la elaboración de los libros “la secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los estados, la Ciudad de México y diversos actores sociales involucrados en la educación”, mismos que podrán solicitar modificaciones si así lo consideran necesario.

Sin embargo, esta vez la SEP emitió el fallo para los libros de primaria sin respetar el procedimiento, y en el caso de los de secundaria, además de no existir planes y programas de estudio, aún se desconoce quién va a elaborarlos y a imprimirlos. En años anteriores, se licitaron los ejemplares entre editoriales privadas que ahora no han sido convocadas para presentar sus materiales, a cuatro meses de que inicie el siguiente ciclo escolar.

En entrevistas, la Unión Nacional de Padres de Familia y la asociación Educación con Rumbo —que en años previos participaron en las consultas para aprobar los libros de texto gratuitos— señalaron que en los últimos meses han buscado reunirse con la SEP para ser informadas sobre el procedimiento, pero hasta ahora las autoridades solo les han contestado que su petición está en trámite.

Animal Político preguntó a la SEP cuál es el estado de los materiales para el próximo ciclo escolar y sobre la consulta que reclaman las organizaciones, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Libros en imprenta sin planes de estudio

Aunque oficialmente no se han dado a conocer los planes y programas para el ciclo 2023-2024, el 28 de diciembre la Conaliteg emitió el fallo de la licitación LA-011L6J001-E228-2022 para la impresión de los libros de primaria, que son elaborados por la propia SEP.

Las empresas contratadas por más de 760 millones 400 mil pesos para imprimir los libros de primaria son Activos Gráficos, S de RL de CV; Compañía Editorial Ultra, SA de CV; Consorcio Gráfico Ajusco, SAPI de CV, en participación conjunta con Imprenta Ajusco, SA de CV, así como Corporación en Servicios Integrales de Asesoría Profesional, SA de CV.

También se otorgó contratos a Grupo Gráfico Editorial, SA de CV; Imprecorme, SA de CV; Impregrafica Digital, SA de CV; Infragon Web, SA de CV; Lyon AG, SA de CV; Print LSC Communications, S de RL de CV; Reproducciones Fotomecánicas, SA de CV, y Servicios Profesionales y de Impresión, SA de CV, en participación con la empresa Inmobiliaria y Arrendadora GLD, SA de CV.

Israel Sánchez, de la Unión Nacional de Padres de Familia, comentó al respecto: “Ni siquiera tenemos idea de qué es lo que va a venir en ellos. Hemos estado tratando de solicitar la información, tuvimos un acercamiento con la anterior secretaria que se fue de campaña (Delfina Gómez), pero nos dejó sin responder los cuestionamientos que hicimos sobre los libros de texto y los contenidos de los planes y programas, hasta ahora los han mantenido reservados, ni siquiera los maestros lo tienen claro”.

“Afortunadamente, la ley establece que en estos casos debe de existir la participación de padres de familia e instituciones que avalen la calidad de los contenidos, y como no ha ocurrido, ya estamos en conversación con otras organizaciones para —de ser necesario— hacer uso de instrumentos jurídicos” para frenar la implementación de estos materiales, indicó.

Patricia Ganem, de Educación con Rumbo, señaló que han dado a conocer a la SEP cuál es la opinión de los maestros con quienes ha trabajado la asociación, “pero no hay apertura para participar, lo que nos limita; no hay hasta ahorita ningún elemento todavía que nos permita generar otra intervención —como recurrir a amparos u otros instrumentos legales—, porque los libros no han sido entregados”.

“Sociedad civil, organizaciones y académicos seguiremos insistiendo en que la educación es un pilar importantísimo que se constituye como otro de los elementos para generar un tejido social adecuado, por lo que no puede seguir siendo un botín político a partir de temas sensibles como la capacitación de maestros, la elaboración de materiales y la creación de modelos educativos”, agregó.

Hermetismo sobre los materiales de secundaria

Hasta el ciclo escolar pasado, los materiales para secundaria eran adquiridos por la Conaliteg mediante un concurso en el que participaban editoriales privadas. Según el sitio web de la propia comisión, los profesores de cada una de las 17 materias evaluaban los materiales presentados por las empresas a través de una plataforma de la SEP, en la que podían elegir cuál consideraban mejor para impartir clases.

“Cada año alrededor de 400 títulos son puestos a disposición de los maestros para que escojan aquel que consideran más adecuado. Se reparten alrededor de 33 millones de libros que son adquiridos en parte por la Conaliteg y en parte por los estados. La inversión de la Conaliteg representa 75% del total de esta compra. La SEP lanza una convocatoria a los editores para invitarlos a participar. Se forman consejos estatales que escogen los títulos que les gustaría tener en sus acervos y se conforma el pedido que la Conaliteg adquiere”, describe la página de internet.

Animal Político confirmó con fuentes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) que esta ocasión la SEP no ha convocado a las empresas a presentar libros para nivel secundaria, y que la elaboración de estos materiales continúa en vilo, dado que no se han publicado los planes y programas de estudio para el siguiente ciclo escolar.

La secretaría no se ha pronunciado oficialmente sobre los libros de secundaria. Sin embargo, el 22 de febrero pasado, el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, criticó a la industria privada en un seminario del Conacyt, al referir que “quien resulta beneficiada económicamente con la baja producción editorial de la planta impresora de la Conaliteg en los talleres de Querétaro es, sin duda, la industria editorial mexicana”. El funcionario dijo que el negocio es de casi mil 500 millones de pesos al año.

“Si no se invirtiera en editoriales privadas implicaría una crisis para ellas, porque más del 60% de sus ganancias implican estas transacciones. Lo interesante es que el total de editoriales que consigna la Caniem son de 206; sin embargo, los que hacen transacción con el Estado solo son 28, no es la totalidad que participa en las adquisiciones”, afirmó Arriaga.

Días después, el 6 de marzo, la Caniem envió una carta a la SEP que hizo pública a través del boletín número 1021. En ella, la cámara rechazó la información del director de Materiales Educativos, señalando que el monto que se distribuye entre las editoriales es de mil 600 millones de pesos, con los que se benefician más de 5.5 millones de alumnos de educación pública en todo el país, y expresó su interés en mantener su colaboración con la secretaría.

La Caniem aseguró que su compromiso “antes que en las consideraciones económicas legítimas de cada empresa, está en la premisa del valor de los libros de texto como herramienta fundamental para maestros y niños en el proceso de aprendizaje. Las editoriales mantenemos nuestro compromiso con la educación integral, como lo dispone el artículo 3o de la Constitución, ‘para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar’, y que ‘atienda al progreso científico, luche contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios’”.

Después de este intercambio, lo último que se declaró oficialmente sobre los libros de texto es que, sin importar su proceso de producción, estarán listos a tiempo para el siguiente ciclo escolar. El 13 de marzo, en entrevista con el diario El Economista, la directora general de la Conaliteg, Victoria Guillén, dijo que desconoce si la SEP ha decidido excluir a la industria privada del proceso de colaboración sobre los títulos de secundaria, pero garantizó que estarán en las escuelas a tiempo.

“La Conaliteg únicamente produce y distribuye los libros. Nosotros únicamente recibimos (indicaciones sobre) lo que tenemos que producir y distribuir. Todo lo demás es responsabilidad de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica”, informó.

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Animal Político

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