La Fiscalía General del Estado (FGE) que dirige Verónica Hernández Giadáns, recibirá recursos extraordinarios por dos millones de pesos de la federación con la idea de abatir el rezago en la atención de delitos contra mujeres y niñas.
El dinero será proporcionado como parte de las acciones que se deben implementar a consecuencia de las dos alertas de género que tiene Veracruz, una por feminicidio y la otra por violencia equiparada al no garantizar la interrupción legal del embarazo.
De acuerdo a lo que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el dinero se tendrá que destinar al objetivo principal de abatir el rezago de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra las mujeres, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas. Además se incluirá la contratación de 13 personas más.
Para ello se tendrán que entregar carpetas de investigación por las/los Fiscales Especializados, de carpetas de investigación iniciadas por los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas; y recepción por parte del Personal contratado con la finalidad de abatir el rezago.
Se tendrá que verificar que el Personal contratado realice diligencias en las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.
Ellos deberán entregar proyectos de determinación de las carpetas de investigación a la/el Fiscal de acuerdo al sentido que corresponda, presentados por el personal contratado; y recibir informe mensual del Personal contratado respecto del número de carpetas entregadas, diligenciadas y determinadas.
El acuerdo determina que el dinero debe ser gastado antes del 31 de diciembre y se entregará a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que será el ente responsable de transferirlo a la Fiscalía General.
AVC/Isabel Ortega