Prefacio.
A partir de que el presidente López Obrador cuestionó la pertinencia de tener un instituto dedicado a promover la transparencia en el gobierno (el INAI), en Veracruz de inmediato se imitó el gesto y desde la Legislatura local se sugirió la desaparición del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). *** No hubo muchas voces que apoyaran tal dislate, y sí -en cambio- se levantaron diversos actores políticos en defensa de ese organismo. *** Está claro que ninguno de estos organismos debe desaparecer, ni se le deben restar atribuciones (por el contrario, su papel debe ser aún más decisivo) pero, incluso, en el caso de Veracruz, se trata de uno de los organismos más solicitados por la población. *** Veracruz tiene el cuarto mayor padrón de sujetos obligados del país; lo conforman por 394 entes de la administración pública estatal, de los poderes Legislativo y Judicial, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos y asociaciones políticas; así como sindicatos y fideicomisos. *** Dicho padrón ha ido creciendo, pues apenas en el 2021 era 380 sujetos obligados. *** De la más reciente comparecencia de los comisionados del IVAI, se sabe que tuvieron un incremento del 59.87% de solicitudes de información, respecto de las que se recibieron en 2021. De todas ellas, se le ha dado respuesta al 75.42% de las solicitudes. *** No está de más insistir: no traten de cambiar lo que está funcionando bien.
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La fuga del gobernador, la mañana de este lunes, de las instalaciones del World Trade Center, en Boca del Río (a pesar de que les había prometido a los reporteros una conferencia de prensa) tiene una explicación muy simple: el discurso del mandatario veracruzano está basado, exclusivamente, en la “línea” que cada mañana les tira el presidente López Obrador desde su conferencia mañanera.
Ante la ausencia del presidente por enfermedad, al gobernador de Veracruz no le salieron las palabras, no conocía las respuestas y, por lo tanto, prefirió que lo acusaran de “descortés”, por decir lo menos.
Se quedaron muchas preguntas en las libretas de los reporteros. Muchas de ellas, relativas a los más recientes feminicidios, que confirman a Veracruz entre las entidades con mayor incidencia de esos crímenes, a pesar de que cuenta ya con dos alertas de género, emitidas por el gobierno federal, y a pesar de que el propio gobernador, desde el inicio de su gestión, prometió brindar especial apoyo y protección a las mujeres.
Pero aquellas promesas fueron producto de la euforia del triunfo, y de la estrategia -seguramente dictada desde la capital del país- de echarle la culpa de todos los males del estado, a los anteriores gobiernos.
Alguien que dice respetar a las mujeres y que promete defenderlas, no puede desdeñar una investigación en la que se confirma que elementos de la Policía Ministerial (órgano dependiente de la “autónoma” Fiscalía General del estado) torturó y abusó sexualmente de una mujer, a la que señalan como responsable de un homicidio cometido en junio del 2020.
El gobernador Cuitláhuac García recibió el informe detallado de la investigación que realizo, sobre ese caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y lo desechó. Por el contrario, festejó -casi como logro suyo- que un juez del fuero común le impusiera a esa mujer (July Raquel) una sentencia de ¡60 años de cárcel!
Esta vez ya no fue la Comisión que preside Rosario Piedra Ibarra, hoy fue un Juez de Distrito (esos que tanto odia el gobernador) quien instruyó a la Juez de Control del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (CEJUM) a que analice con perspectiva de género, un posible acto de tortura en contra de July Raquel.
Al resolver el amparo 242/2022, el Juez Primero de Distrito, Fermín Santiago Santiago, dictó -además- la invalidez de un auto de “no-ejercicio de la acción penal” que liberaba de cargos a 9 agentes de la Policía Ministerial, señalados por delitos sexuales contra la detenida.
July Raquel fue detenida el 6 de noviembre del 2020 en la Ciudad de México, y el juez de Control Francisco Reyes Contreras la declaró culpable de un homicidio ocurrido el 29 de junio de 2020 en un plantel educativo del municipio de Emiliano Zapata.
Tras su detención, July Raquel acusó a 9 elementos de la Policía Ministerial de haberla violado durante su traslado desde la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas resolvió el 24 de febrero de 2022 el “no ejercicio de la acción penal” contra los ministeriales.
Esa medida, por cierto, fue autorizada por la propia fiscal general, Verónica Hernández.
El Juez de Distrito, Fermín Santiago, determinó en su sentencia que la Juez de Control del CEJUM desdeñó el argumento de la defensa de July Raquel sobre una posible tortura ejecutada por los policías ministeriales, pues se declaró incompetente para analizar ese tipo penal, dado que su facultad se limitaba a conocer los delitos de violencia familiar, pederastia y violación.
Por ello, el juez Fermín Santiago afirmó que la juzgadora no resolvió el caso desde una perspectiva de género, dado que no agotó todas las líneas de investigación posibles para identificar y sancionar al autor del delito denunciado por July Raquel, además de que en la investigación debió considerarse la cultura de la víctima y el contexto donde se produjo la violencia.
El juez federal ordenó dejar sin efecto la resolución de la juez de Control del mes de febrero de 2022, en la que ratificó el no ejercicio de la acción penal en contra de los ministeriales y ahora deberá realizar otra audiencia “en la que, con asistencia de las partes, deje de considerar que carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la tortura alegada y, con plenitud de jurisdicción, analice el planteamiento de la asesora jurídica desde una perspectiva de género y resuelva sobre la solicitud de reabrir la investigación por la posible actualización del delito de violación”.
La defensa de July Raquel alegó que la violación fue una manifestación de tortura por parte de los agentes de la Policía Ministerial, aunque dentro del caso, la Fiscalía desdeñó las acusaciones de violación al exhibir dictámenes de médicos del penal de Pacho Viejo en los que se acredita que no existe evidencia de dicho abuso sexual contra la detenida.
El juez Fermín Santiago señaló que la naturaleza propia de la violación como medio de tortura implica producir en la víctima sufrimiento y humillación.
La sentencia de amparo surtió efectos el pasado 31 de marzo, pero hasta la fecha no hay evidencia de que se haya dado cumplimiento.
Había razones de mucho peso, pues, para que el gobernador se ausentara de la conferencia de prensa a la que él mismo convocó.
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Epílogo.
Y a propósito de la “protección” a las mujeres, ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ni la Contraloría General del Estado (CGE) pueden dar aún algún avance de la supuesta investigación que deberían estar realizando ambas dependencias, sobre las denuncias de acoso sexual. *** Y para los que presumen de que la inseguridad ha ido a la baja, baste mencionar que la tarde de este lunes, en Córdoba, varios sujetos asesinaron a balazos a José Alfredo Balderas Contreras, de 50 años, director de la Escuela Secundaria General número 3 de aquella ciudad. *** Faltaban pocos minutos para las 3 de la tarde, cuando varios sujetos armados ingresaron al domicilio particular del maestro y abogado, a quien le dispararon en repetidas ocasiones para después escapar a bordo de una camioneta en color azul. *** El pasado domingo, en la cabecera municipal de Yanga, el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, presentó su libro “La Negritud en Veracruz, de Coyolillo al Sotavento”, evento que estuvo enmarcado por un encuentro cultural. Dicen que esta es su manera de hacer campaña.
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