Madres de familia que se les ha negado la convivencia y crianza de sus hijos e hijas, debido a que los padres los sustrajeron del hogar, solicitaron al congreso local que se modifique el Código Penal de Veracruz con el objetivo de que la violencia vicaria sea considerada por la ley como un delito.
Las madres de familia Gabriela Chimeo, Grace Luna y Paulina Sosa originarias de Xalapa, Perote y Minatitlan respectivamente informaron que por años han luchado para que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Veracruz les permitan tener la convivencia y crianza de sus hijos e hijas, sin embargo en los tres casos, los padres de los menores son favorecidos por los y las fiscales.
Las mujeres respaldaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto con el objetivo de que el marco jurídico de Veracruz reconozca el tipo penal denominado “violencia vicaria” y establezca las medidas preventivas y de atención al respecto, además de las sanciones y medidas que se pueden imponer, impulsada por la dioutado local Ruth Callejas Roldan.
La madre de familia Grace Luna denunció al agresor Carlos Arturo Mendoza Pedraza; estuvo privado de la libertad en una cárcel por el delito de violencia familiar, sin embargo salió libre en septiembre del 2022 y regresó a amenazarla y quitarle uno de sus dos hijos.
Grace Luna expresó: “Yo me siento amenazada y está en riesgo mi vida y la de mis hijos porque la persona estuvo en prision por violencia familiar, salió en septiembre del año pasado, desafortunadamente las autoridades en Veracruz son omisas, lentas, corruptas”.
A pesar de la violencia ejercida en su contra y que el señalado estuvo en prisión, la Fiscalía no pudo acreditar el delito y el juez lo dejó en libertad.
“me quitó a uno de mis hijos, tenemos gemelos. Afortunadamente la Juez de Jalacingo me lo restituyó. Cualquier cosa que me pase a mi y a mis hijos hago responsable a Carlos Arturo Mendoza Pedraza; pedimos que se ley la violencia vicaria”.
Señaló que Carlos Arturo fue favorecido por el ayuntamiento y Dif municipal de Perote en la anterior administración del exalcalde Juan Francisco Hervert Prado para salir libre de la prisión y quitarle a su hijo.
En su oportunidad la madre de familia Paulina Sosa informó que tiene 10 meses sin poder ver a sus hijas, debido a que el exesposo el exmilitar Carlos Roberto Gómez Ruiz se llevo a las tres niñas con edades de 10, 12 y 14 años.
Indicó que presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los presuntos delitos de sustracción de menores y violencia familiar sin embargo la fiscal dé nombre “Melva” decidió favorecer al agresor y no dar continuidad la Carpeta de Investigación.
“El día que llegué a denunciar ella utilizó la frase: Qué le haces mi reina si tú estás denunciada. Yo no he sido notificada, si me he enterado es porque voy seguido a la Fiscalía. Después me entero que ella lleva mi denuncia y me dijo que mi caso se lo iba a dar a la Fiscal número 1, sin embargo me doy cuenta que ella sigue llevando mi Carpeta y no hay investigación, no hay contestación y no he podido ver a mis hijas”.
Recordó que hace 7 años prácticamente huyó de la casa ubicada en la Ciudad de México dónde habitaban con el ex esposo, por la violencia que ejercía contra ella y sus tres hijas.
Posterior el exmilitar exigió el divorcio y ella accedió, sin embargo el acudió a Minatitlan municipio donde radica con sus hijas y se las llevó.
Señaló que sus hijas sufren violencia ejercida por el padre al prohibirles ver a su madre, por lo que pidió a los y las legisladoras que en Veracruz se apruebe la ley de violencia vicaria.
Gabriela Chimeo originaria de Xalapa informó que desde hace 13 años, el exesposo le quitó a su hija, pese a la violencia familiar que ejerce.
Refirió que por temor a sufrir más agresiones no se acerca a la casa del señalado, lo que le impide ver a su hija.
Refirió que el exesposo se llama Cristian Lara Roldan y es empleado de la secretaría de Seguridad Publica (SSP) en Xalapa, por lo que hace uso de sus influencias en la FGE, para que la fiscal no lo obligue a que ella tenga convivencia con la niña.
Lara Roldan sustrajo a la menor a la edad de 2 años, y actualmente tiene 15 años, esto es que por 13 años no ha visto a su madre.
Explicó que los familiares de Lara Roldan le informaron que sienten miedo de que los agreda, así que tampoco quieren ayudarla para que ella pueda ver a la menor de edad.
La víctima lamentó que en la FGE, la Fiscal le informó que no puede proceder contra el presunto violentador.
“Él trabaja en Seguridad Publica, él se agarra de allí porque dice que trabaja en gobierno y nadie le va a hacer nada, que la ley no le va a hacer nada. Pido a Fiscalía que haga su trabajo ya que el proceso iba bien pero en el momento que él se presentó la fiscal me dijo vamos a cerrar tu Carpeta, la vamos a archivar, no tienes nada que hacer aquí, busca en otro lugar”.
Hay que mencionar que en enero del 2023, la diputada local del partido Movimiento Ciudadano
refirió que, de acuerdo con el artículo 5, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia contra las mujeres se define como: “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado, como en el público”.
Al presentar la iniciativa de ley, Callejas Roldan citó a la psicóloga clínica especializada en victimología, Sonia Vaccaro, quien acuñó el término “violencia vicaria” para definir “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros. El maltratador sabe que dañar, asesinar a las hijas o los hijos, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo”.
Por tanto, señaló Ruth Callejas, “la violencia vicaria es violencia de género. En ella se sustituye a la persona en la acción directa física o psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer. El objetivo es la mujer”.
AVC